La Unidad Fiscal, conformada por los fiscales penales María Celeste García Pisacic y Leandro Flores, imputó ayer al ex intendente Leonardo Fabián García por los delitos de fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre otras irregularidades, no pudo explicar el destino dado a más de un millón de pesos que recibió para obras de red de agua potable. 

El ex jefe comunal de El Quebrachal, pueblo del departamento Anta, en el sur provincial, está acusado por una serie de irregularidades con el uso de fondos públicos. Se presentó ayer a la audiencia de imputación y se abstuvo de declarar. Los fiscales no descartaron una eventual ampliación de la imputación.

Los fiscales afirmaron que García incumplió de forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión de una administración pública municipal. Como intendente, añadieron los fiscales, García dispuso discrecionalmente de los recursos municipales, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal. 

En relación al delito de fraude a la administración pública, la Unidad Fiscal aseguró que el ahora imputado "desarrolló tareas tendientes a privar a la administración pública de diversos bienes de su propiedad, al disponer de ellos en beneficio propio y de terceros".

Según informó el Ministerio Público Fiscal, del análisis contable surgieron diversas irregularidades, como la utilización de dinero público para solventar la campaña en época electoral. En 2019 García se postuló para otra gestión en la municipalidad, pero fue derrotado. "Se desviaron fondos del presupuesto del municipio para fines personales, para beneficio propio y para llevar a cabo actos políticos destinados a la campaña electoral", afirmó el MPF.

Por otro lado, se comprobó que García celebró un contrato de manera directa con una librería, cuyo propietario era un empleado público que prestaba servicios en la propia municipalidad. Según se informó, en el expediente figura una orden de pago fechada el 15 de noviembre de 2019, a nombre de ese beneficiario y con imputación del gasto en la partida presupuestaria “Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza”, por un importe de $111.458 y con cheque como medio de pago. Pero el importe de los comprobantes adjuntos sumó $95.265, lo que implica que se abonó una suma mayor a la de la documentación de respaldo, dado que faltaron comprobantes por $16.193. 

Cuando los investigadores consultaron en la página de la AFIP, no pudieron obtener la validación, ya que todos los comprobantes arrojaron el mismo error.  Y tampoco encontraron que se hubiera realizado un procedimiento de contratación para la adquisición de los insumos de oficina, cuando por el importe acumulado de las facturas se debería haber realizado una adjudicación simple y no una contratación directa o abreviada.

Por otra parte, el análisis de otra orden de pago surgió como beneficiario un “proveedor genérico”, con una imputación del gasto que se efectuó en la partida presupuestaria “Ayuda Social a Personas”. Para los fiscales, hay irregularidades en este procedimiento, como la "falta de identificación del proveedor, la ausencia de remito o acta de recepción del bien adquirido e inconsistencias entre la fecha de la factura y la fecha de la orden de pago".

En otro caso, se pagaron honorarios a una persona, a través de la imputación del gasto en la partida presupuestaria “Servicios Jurídicos”. El pago fue en efectivo y se facturó dos veces el mismo periodo de marzo de 2019.

Además, la Unidad Fiscal sostuvo que al analizar las facturas presentadas, advirtieron como un modus operandi la intención de justificar los gastos realizados, "toda vez que las facturas, en los casos explicados, o no son válidas, o no son correlativas y fueron completadas todas con una misma fecha". 

La pesada herencia 

También detectaron pagos diferidos que comprometieron el erario municipal, cuya administración correspondía a la gestión siguiente. Por esto se imputó a García por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los investigadores advirtieron que "todos los cheques detallados en las órdenes de pago analizadas, son cheques de cobro diferido, con fecha de pago a partir del 10 de enero de 2020, lo que implicó que la erogación efectiva de fondos afectó el presupuesto financiero 2020".

Los fiscales también señalaron que el medio de pago utilizado contrarió lo normado por la Ley Antievasión, que establece que los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a $1000 o su equivalente en moneda extranjera deberán realizarse mediante depósitos en cuentas de entidades financieras, giros o transferencias bancarias, cheques o cheques cancelatorios, tarjeta de crédito, compra o débito, factura de crédito y otros procedimientos que expresamente autorice el Ejecutivo Nacional. 

En cambio, en el caso de la gestión de García, los investigadores detectaron que no se llevó a cabo el procedimiento de contrataciones, para una compra de $572.150 que se debería haber efectuado por medio de una licitación pública nacional.

Por último, el 1 de febrero de 2019, el entonces intendente recibió fondos provinciales para una obra de agua potable en el pueblito de Gaona (en jurisdicción de El Quebrachal), con un anticipo de $ 316.043,58. Y el 15 de mayo de ese mismo año recibió fondos para una obra de red de agua potable para el barrio Evita de El Quebrachal, con un presupuesto de $735.222,12. El ingreso de esos fondos a las arcas municipales se comprobó por los extractos bancarios, sin embargo, las obras previstas no fueron ejecutadas y el ex intendente tampoco pudo justificar el destino que le dió a este dinero. García fue intimado tres veces para que comenzara con estas obras. 

Los fiscales afirmaron que García, "en su carácter de funcionario público y al tener en consecuencia la administración y custodia de los caudales públicos, no dio al dinero depositado el destino asignado para la realización de las obras públicas para el municipio que gestionaba".