Al comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), circularon algunas ideas que mostraban cierta esperanza con respecto al rol policial como acción de cuidado. Se planteaba que una situación de excepcionalidad tal, sería una buena oportunidad para cambiar el sentido común securitario e imaginar una policía por fuera del paradigma punitivo.
Hoy, a nueve meses de aquel marzo, proponemos discutir esas ideas esperanzadas. Lamentablemente, la vigilancia y el control que realiza la policía no pueden ser ponderadas como tareas de cuidado, al menos no para los sectores más desprotegidos de la población. La pregunta obligada sería, entonces, a quién y qué cosa cuida la policía. Porque no es la sociedad el objeto de cuidado, sino el orden social, es decir, un orden sostenido en la división de clases, las desigualdades, las violencias sociales. Porque el objeto privilegiado del cuidado no es la vida, menos aún la vida de las poblaciones humildes, sino la propiedad privada.
Por ello, además de los mecanismos que pretenden legitimar y naturalizar el orden, los aparatos represivos del Estado no dejan de ser nunca imprescindibles para contener las reacciones que lo desafían, aquellas reacciones y comportamientos que escapan a los mecanismos más soft de inscripción y captura de los cuerpos. Suponer que la policía puede inclinarse hacia tareas de cuidado, es practicar una metafísica sobre lo social, una sociedad que ya no alberga asperezas, contradicciones, conflictos, en otras palabras, desigualdades profundísimas.
Si las desigualdades son un elemento intrínseco de las actuales relaciones sociales, la pandemia no las ha suspendido permitiendo las tareas de cuidado de la policía, las ha reactualizado y reforzado. De esta manera, el pensamiento si es crítico no puede nunca fragmentar los fenómenos y pretender pensar un hecho (las policía y sus prácticas) al margen de las condiciones sociales en las que se inscribe, se reproduce y les da sentido. Baste para ello observar el accionar policial en el período más estricto del ASPO, durante los meses de abril y mayo de 2020.
Como sabemos, el accionar policial violento es una práctica constante hacia los sectores más relegados de la población, principalmente hacia los jóvenes varones y pobres. La crueldad policial y sus múltiples vejaciones, torturas, y formas de hostigamiento son heredadas de la última dictadura cívico eclesiástico militar y constituyen violaciones a los Derechos Humanos. Aún hoy, en plena democracia, son prácticas habituales, a menudo soterradas, difíciles de aceptar y por lo mismo alojadas en el “sótano de la democracia”. Los datos que aporta el Espacio de Derechos Humanos de la Organización CAUSA, el Equipo Asesor del Diputado provincial por Santa Fe Carlos del Frade, y otros documentos públicos, como el Informe del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, sobre los meses de abril y mayo ilustran estas prácticas.
El Informe del Ministerio de Seguridad, entre marzo y mayo, ha registrado 201 casos denunciados de irregularidades y mal desempeño de las fuerzas policiales (malos tratos y detención arbitraria, sustracción de dinero o elementos varios, apremios ilegales, amenazas, torturas, entre otros) en los operativos por covid-19, sucedidos casi en su totalidad en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Asimismo, uno de los abogados del Espacio antes mencionado, patrocina una denuncia por torturas perpetradas por la policía el 29 de mayo en ocasión de un operativo en cuarentena. En aquella circunstancia, un grupo de jóvenes que se encontraba jugando al fútbol en un barrio de zona norte, fue interceptado por la policía tras disparar balas de goma. Los jóvenes realizaron luego una denuncia por maltratos, golpizas, apremios en la vía pública y en la seccional policial.
Uno de ellos fue víctima de actos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, provocándole serias lesiones, principalmente en zona de la cabeza y nariz (fractura de nariz y hematoma en el ojo derecho), sumado a fuertes golpes en la espalda y la cintura. El joven relata que lo pasearon de un móvil a otro por distintas comisarías, lo desnudaron y lo sometieron al “puentecito” (práctica mediante la cual una persona atraviesa semiagachada un “puente” configurado con los cuerpos y los brazos de dos hileras de personas ubicadas de forma enfrentada o frente a una pared, propinándole golpes al sujeto que lo transita). Durante el recorrido debajo del “puentecito”, le hicieron abrir tres puertas con la cabeza. Este caso, lamentablemente, no es una excepción en el largo derrotero del accionar policial.
En esta serie puede mencionarse también el Habeas Corpus presentado por la Defensoría del Servicio Público Provincial de la Defensa a favor de personas sin hogar. Al inicio del ASPO, la policía detuvo a 18 personas que se encontraban en situación de calle y se negó a dejarles en libertad alegando incumplimiento del aislamiento obligatorio. Estas detenciones, ilegales frente a la ausencia de delito, señalan el carácter necesariamente discrecional que rige el desempeño de las fuerzas policiales. Subrayan la función conservadora que se reserva a esta institución, la cual en pos de garantizar el orden debe disciplinar todo aquello que amenace con subvertirlo, aunque más no sea la presencia del cuerpo barrado, desnudo, precario. Estas 14 personas no tenían donde guarecerse porque no tienen donde vivir. Vale aclarar, también, que ni el Estado provincial ni el nacional, por esos días, habían articulado alternativas para evitar esta situación; el Estado municipal, por su parte, encontraba desbordada su capacidad de albergues transitorios.
La mayor parte de los casos que hemos desarrollado sucede en los barrios relegados de la ciudad (1) y, en consonancia con esto, puede decirse que, si hay una característica que se constituye en común denominador es que las víctimas casi exclusivamente viven allí y son pobres, jóvenes y varones. Rara vez las fuerzas policiales atacan a jóvenes de las clases medias o altas.
Rosario puede ser caracterizada de muchas maneras pero es, fundamentalmente, una ciudad desigual (2). Si, por un lado, es el corazón productivo del capitalismo agro-industrial-exportador y de sus puertos se exporta la mayor parte de las divisas que ingresan al país, por el otro, las más de 100 mil personas que habitan villas y asentamientos irregulares sin acceso a cloacas, agua potable ni gas, demuestran escandalosamente que el esplendor de la city es provecho de pocos. Entonces, ¿es posible pensar la violencia policial sin contemplar las variables estructurales que configuran la desigual distribución de la riqueza? No. La violación a los Derechos Humanos que perpetúa la fuerza policial tiene como condición de posibilidad los escandalosos índices de pobreza a los que están sometidos nuestros jóvenes y sus familias. Por ello, resulta imperioso abordar la cuestión desde otras aristas de las ciencias sociales, especialmente aquellas dedicadas a cuestiones de micro y macro economía.
Hasta el momento, el debate en torno a la violencia policial ha quedado atrapado en las líneas de investigación de la criminología crítica o de la sociología criminológica crítica la cual ha hecho, y continúa haciendo, admirables esfuerzos por poner el tema en el centro de las preocupaciones académicas y políticas. Creemos, no obstante, que para hablar de violencia policial es necesario hablar de distribución de la riqueza, del coeficiente de Gini, del capitalismo neoliberal y, por cierto, de la fabricación desigual del orden social, en el cual la policía tiene “el” rol central (Neocleus, 2010). En otras palabras, en el marco de las presentes relaciones sociales, la policía jamás cumplirá roles de cuidado porque ha sido diseñada para gobernar el orden social, distribuir la crueldad entre les más desposeídes y velar por la moral racista, clasista y conservadora que sostiene el statu quo entre dominades y dominadores.
1-Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) en Rosario existen 112 barrios populares, entre 333 y 340 barrios populares en toda la Provincia de Santa Fe. Se considera Barrio Popular “a los barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)” Página web del Gobierno Nacional. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/barriospopulares. En Rosario estiman que en esos barrios populares viven de modo precarizado 130.000 rosarinos/as aproximadamente. En Medio digital Conclusión, 17 de abril, 2019. Disponible en: https://www.conclusion.com.ar/politica/economia/el-86-de-los-rosarinos-de-barrios-populares-se-encuentran-fuera-del-empleo-formal/04/2019/
2- En el Gran Rosario, 41,8% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, esto equivale a 551.802 personas pobres, de las cuales 176.166 son indigentes (13,3%). Datos relevados del Informe “Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos”, Primer semestre 2020. Publicación del Ministerio de Hacienda de la Nación y del Instituto Nacional de Estadística y Censos República Argentina. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-46
La desigualdad económica como condición de posibilidad de la violencia policial
