El que se va sin que lo echen ¿vuelve cuando lo llaman? El doctor Francisco Aguilar dejó esta incógnita clavada en medio del Comité Operativo de Emergencia, que dirigirá hasta el jueves, cuando abandone el organismo para retornar a sus tareas en el hospital San Bernardo.
“Cualquier cosa me chiflan”, habría dicho el médico cuando terminó de anunciarle al gobernador Gustavo Sáenz su decisión. No quedó claro si ese chiflido cuando haya un rebrote de coronavirus se hará mediante un llamado de teléfono, o con un reflector gigante en el techo del Grand Bourg que proyectará en el cielo un estetoscopio gigante, cual bati señal.
Quedará como balance de estos 100 días de Aguilar en el COE, el diseño de una serie de acciones básicas y efectivas, pero además haberle dado certezas a un organismo que se caracterizaba por dictar medidas que debían explicarse, corregirse o anularse un par de horas después de haberse anunciado.
De esta manera les ahorró balbuceos, bravuconadas, desafíos, ruegos, amenazas y demás recursos estilísticos y verbales en los que caían Matías Posadas y Ricardo Villada, habituales voceros del Comité.
Sin embargo, además de querer recuperar su habitual rutina laboral, es probable que Aguilar haya visto el horizonte inmediato de la salud en Salta que suma dos niños muertos por desnutrición, un brote de salmonella y otro en ciernes de dengue. El doble comando con el ministro Esteban funcionó muy bien para el coronavirus, pero podría llegar a generar inconvenientes si se extiende al resto de los males que rondan la provincia.
De hecho ya circulaba el rumor de una dimisión del ministro, atribuida a un cansancio, y un eventual reemplazo por Aguilar, pero el alejamiento de este último y su explícita voluntad de no querer inmiscuirse en otras áreas, tiró por tierra esa versión.
En donde sí hubo cambios fue en el área de seguridad con pase a retiro de la plana mayor de la Policía, con la jefa Norma Morales incluida, que se va a su casa con los hitos de haber sido la primera mujer en ocupar ese cargo, y de tener una de las gestiones más cortas de los últimos tiempos sin que haya recambio de gobernador en el medio.
Cuestionada por organismos de Derechos Humanos e investigada por la Justicia, la Policía ostenta este año un historial de violencia institucional, exacerbada tras el decreto 255, que dotó de poderes extraordinarios a los efectivos, lamentablemente utilizados de manera non sancta.
Por el momento sorprende que el combo de renuncias no se complete con el ala política de la Seguridad. La figura del ministro Juan Manuel Pulleiro más que inspirar confianza es una invitación a la timba, con apuestas sobre cuando le piden la renuncia.
En el resto de los ministerios, por el momento no se vislumbran otras modificaciones en el corto plazo. Todo lo contrario a lo que pasó en la municipalidad de Salta, en donde no solo se cambiaron nombres, sino también estructura.
De un plumazo volaron las coordinaciones y un coordinador, Bernardo Racedo Aragón, que arrancó como el hombre fuerte del municipio, y terminó con menos influencia que un Papa emérito o un presidente honorario.
El presupuesto no es cosa de mujeres
En el 2021, Salta volverá a tener presupuesto. Con ingresos ajustados, casi exclusivamente enviados por Nación, y sin margen para la imaginación, se repite la fórmula de distribuir la mayor cantidad de recursos a las áreas con más personal: Educación, Salud y Seguridad.
Hasta el 2018, el tratamiento del presupuesto representaba toda una ronda de reuniones entre los legisladores y funcionarios de primera y segunda línea, ya sea para sacarse dudas, sugerir cambios o hacer catarsis. Pero era un ritual que se repetía año a año.
En cambio en este 2020, los diputados se quejaron de que prácticamente mandaron el proyecto con un rapimoto y se desentendieron los ministros del asunto. Solo el titular de Economía, Roberto Dib Ashur, como voz cantante y el de Producción, Martín De los Ríos, en los coros, dieron por Zoom algunas precisiones.
Uno de los puntos más cuestionados llegó de parte de una diputada del oficialismo, Silvia Varg, que describió indignada los nulos recursos que se destinan a políticas y programas con perspectiva de género, que no llegan ni a 15 millones en total.
En una provincia en emergencia por la violencia de género y con más de 10.400 denuncias vinculadas a ese tema en lo que va del año “ponen de manifiesto su gravedad”, señaló Varg, que graficó sus afirmaciones al señalar que al Programa de Intervención con Agresores le otorgan 250 mil pesos: “el equivalente al valor de tres computadoras”. Y también señaló “el ínfimo presupuesto” al Programa de Atención a la Víctima que recibirá 116.667 pesos.
Por último, Varg señaló que en base a lo analizado el gobierno “delegó la competencia en el tema a las asociaciones de la sociedad civil que trabajan en eso, pero sin brindarles los recursos necesarios”.
Pero el presupuesto sí es cosa de minas
Por el contrario, por primera vez en un presupuesto, las regalías que ingresarán por la explotación minera aportarán un interesante flujo de dinero, que además promete multiplicarse sideralmente en los próximos 5 años. Básicamente el gobierno se encontró con una gallina de los huevos de oro y ahora el desafío es que no la metan en una olla para hacerla puchero.
Los municipios de La Puna pasaron de un “miti y miti” en el reparto de las regalías, a un enredado 11,25% del 20% total. Esa extirpación porcentual queda disimulada gracias a que es tanto el volumen de plata a repartir, que por ejemplo San Antonio de los Cobres, igualmente pasará del millón y medio de pesos de este año a 22 millones el que viene, tal como respondió de mala manera a las quejas de su par de Los Andes, la senadora Silvina Abiles, a la que solo le faltó agregar un: “y más vale que traigan vuelto”.
La preocupación de los lugareños es que si bien saben que están en el prólogo de un periodo de bonanza e ingresos inéditos para la región, son consciente en base a experiencias similares de provincias vecinas, que la extracción de minerales no es eterna, sino que más bien es corta en su duración, y que cuando se termina queda un tendal de ciudades fantasmas amenazadas por un serio riesgo de contaminación ambiental.
De allí que planteen alternativas para que la zona pueda trascender la producción minera. Igualmente el gobierno también considera que los municipios no están maduros para manejar esos montos de dinero, entonces además de quedarse con un 70 por ciento de los fondos y pregonar federalismo coparticipando solo el 20 por ciento del total (que obviamente no sale de esos 70 que le tocan al Ejecutivo), les impone a los intendentes condiciones de como usar esos ingresos, prohibiéndoles destinarlos para gastos corrientes y personal.
Cuenta la leyenda (por no decir fuentes del Grand Bourg), que el proyecto de ley original también imponía al Estado Provincial la utilización altruista de las regalías, específicamente para educación, salud y medio ambiente, pero en el medio algo pasó y quedaron totalmente liberados esos fondos al criterio del gobernador de turno.
Aprovechamos esta columna para pedir la aparición con vida de la secretaría de Minería de la provincia, hoy convertida en un apéndice de REMSa. S.A. (Recursos Energéticos y Mineros de Salta, S.A.), empresa que se define como “una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, responsable de administrar los recursos energéticos y mineros de la Provincia de Salta, dentro del marco de su objeto social”, lo que traducido en criollo sería: “la cosa del Estado que se encarga de abrochar el negocio de las minas”.
Cuenta la leyenda (otras fuentes del Grand Bourg) que actualmente la secretaría de Minería, encargada de fiscalizar, relevar y analizar la sustentabilidad de los proyectos mineros en su parte técnica, depende de REMSa hasta para la nafta de las camionetas, y que les dan la plata casi de onda y porque no les queda otra.
La voz cantante de la minería se la dejaron al presidente de REMSa, el ex concejal del PRO, Alberto Castillo, y al coordinador político Pablo Outes, quienes les advirtieron a los senadores que quieren impedir lo que sucedió a fines del siglo pasado en el norte provincial con los hidrocarburos, “para ello se requiere de un Estado que controle, recaude y reasigne esos recursos para que sean invertidos en obras por parte de los municipios”. Otra vez les faltó agregar: “y más vale que traigan vuelto”.
Además el tándem de voceros se despachó con el anuncio de un gasoducto a la Puna, de 370 kilómetros de extensión, con un caño de 20 pulgadas y un costo estimado en 400 millones de dólares, que los está gestionando Sáenz.
Dib Ashur se debe haber atragantado con la noticia, justo en el momento en que se ponía su ropa más vieja para tratar de convencer a los acreedores externos que somos pobres y que por eso no nos tienen que cobrar el vencimiento que hay que pagar en enero. La verdad, ¿que les costaba pavonearse con esa obra recién en febrero, después de que el ministro de economía acomode ese tema?...
Ahora, si el acueducto La Caldera – Salta, que tiene 25 kilómetros y costó 700 millones de pesos, se terminará en el 2021 tras más de dos años de construcción, este gasoducto que es 15 veces más largo y 40 veces más caro, podría estar inaugurándose para cuando pase el cometa Halley en el 2062. Después dicen que los cometas traen mala suerte.
