Tres miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) serán sometidos a juicio como acusados de no impedir que cinco detenidos agredan brutalmente a otro en la cárcel de Villa Devoto, donde la víctima sufrió un empalamiento y otras torturas por revelar datos sobre la venta de droga en el penal.
El caso, ocurrido el 16 de octubre de 2016, ya tiene fecha para el debate oral, que se realizará en septiembre del año próximo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, y es uno de los pocos casos en que integrantes del SPF llegan a ser enjuiciados por este tipo de delitos.
La víctima fue José Osvaldo Benítez, quien en esa fecha, aproximadamente a las 23.30, tras finalizar una llamada telefónica con su pareja, fue abordado por tres internos, que lo atacaron a patadas y puñetazos, según pudo comprobar la fiscalía. El trío, con apoyo de parte del pabellón, intentó quemarle el rostro llevándolo contra una hornalla, pero Benítez logró interponer su mano que se le quemó mientras gritaba desesperadamente de dolor.
Luego lo llevaron al sector de camas, donde le bajaron los pantalones y lo empalaron. Posteriormente, lo trasladaron al baño mediante golpes de puño y uno de ellos tapó el inodoro con ropa mientras los otros lo sostenían de los brazos y le introducían la cabeza en el agua en reiteradas oportunidades.
Producto del empalamiento, Benítez comenzó a perder mucha sangre, retorciéndose del dolor, momento en que uno del trío le pidió a otro interno que le diera un pedazo de colchón para frenar la herida, según se pudo reconstruir en base al relato de la víctima.
Mientras Benítez era agredido, pese a los gritos de auxilio y desesperación, "el personal del Servicio Penitenciario a cargo del pabellón hizo caso omiso", indicó en la elevación a juicio de la causa la fiscal Mónica Cuñarro.
Afirmó también la fiscal que "en uno de sus pedidos de auxilio, uno de los funcionarios se acercó a la reja y Benítez le imploró que lo sacaran del pabellón, que necesitaba un médico, recibiendo como respuesta que debía esperar el recuento", por lo que recién a las 7 de la mañana fue llevado al centro de salud de la cárcel y luego derivado al Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield, donde fue intervenido en forma urgente.
De acuerdo con las conclusiones de los médicos forenses, las lesiones que presentaba Benítez en el esfínter anal y en el recto tenían aptitud para poner en riesgo su vida.
Según se pudo reconstruir en el expediente, el ataque se produjo luego de que otros detenidos se enteraron que Benítez había manifestado que uno de ellos vendía estupefacientes a otros internos dentro del complejo y que después de las 12 se establecía una "zona liberada" por parte del personal de Servicio Penitenciario y que era en ese momento cuando los internos se acercaban a la reja del pabellón para realizar la compra.
Los penitenciarios que deberán sentarse en el banquillo son Nelson Vargas (29) (Jefe de Turno), Marcelo Lezcano (43) (Inspector de turno) y Miguel Rolón (33) (Celador del 1° piso, Subayudante), quienes "tuvieron conocimiento de los hechos aberrantes a los que estaba siendo sometido Benítez y, pese a ello decidieron no evitarlos y, una vez ocurridos omitir prestarle auxilio, dejándolo en la celda por casi 8 horas hasta el cambio de turno", se destacó en la elevación a juicio. Los tres están acusados de "omisión de evitar la comisión de torturas", delito que se pena con entre tres a diez años de prisión.
"Los agentes del Servicio Penitenciario Federal aquí imputados se encontraban en funciones en esa fecha y horario, y eran responsables inmediatos de la seguridad dentro del pabellón", se dio por probado en la etapa de instrucción, en la que en base a libros secuestrados se probó que Rolón era el celador del primer piso, Lezcano era el inspector de turno y Vargas era el jefe de turno.
En tanto, también serán sometidos a proceso Alejandro Daniel Nogues (47); Fernando Matías Pacheco (35), y Jonathan Ricardo Rolón (25), quienes actualmente están detenidos por otras causas.
Los tres están acusados del delito de tortura en concurso ideal con el de lesiones graves en calidad de coautores.
Una fuente judicial explicó a Télam que luego de cuatro años esta causa se pudo reactivar y así poder enviar a los imputados miembros del SPF a juicio oral.