A la denuncia mediática que terminó en manos de la Justicia Federal cuando se hizo público que unos 50 legisladores, la mayoría concejales de pequeños municipios, un intendente y algunos funcionarios cobraron, o al menos habían intentado hacerlo, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que el gobierno nacional dispuso en el marco del Aislamiento Obligatorio por la pandemia de coronavirus, ahora se supo que al menos unos diez funcionarios del gobierno provincial, tres municipales, el arzobispo Mario Cargnello y el diputado Omar Exeni, accedieron al programa de Asistencia al Trabajo y la producción (ATP).

Ese programa, lanzado en el mismo momento que el IFE, tenía un doble objetivo, acompañar a las empresas que estuvieran en una situación crítica debido a la cuarentena a pagar al menos la mitad de los salarios de sus trabajadores, y de esa manera evitar quiebras y desocupación. A esas medidas, las acompañó el decreto de necesidad y urgencia 891/2020 que prohíbe los despidos, y que recientemente fue prorrogada hasta enero de 2021.

Los funcionarios provinciales son el ministro de Educación, Matías Cánepa; el secretario de Modernización, Martín Miguel de Güemes; el secretario de Trabajo, Alfedo Batule; el secretario de Seguridad, Andrés Benjamín Cruz; el subsecretario de Prensa, Victor Lamberto; el delegado de la Casa de Salta, Martín Plaza; el presidente del Directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado; el subsecretario del Parque Automotor, Ricardo Velarde; el subsecretario de Planificación Estratégica, Marcelo Barberi; la directora General de Empleo Público y Desarrollo, Stefanella Russo Maenza. A los que se sumó el diputado provincial Omar Exeni.

Por la noche del domingo se sumaron el secretario de Legal, Técnica y Procuración General del municipio de Salta, Daniel Nallar, junto a la secretaria de Prensa, Valeria Capisano, y María Eugenia Angulo, secretaria de Desarrollo Urbano. Pero se supo que hasta el mismísimo arzobispo salteño, Mario Cargnello, fue beneficiado por la ayuda estatal.

Estos nombres surgieron a la luz en notas publicadas por FM Noticias y el sitio web Agenda Salta.

Si bien ninguno de los consultados por Salta/12 negó haber cobrado el beneficio, muchos desligaron responsabilidades y apuntaron a la Universidad Católica de Salta, lugar donde ejercen de docentes, como quien solicitó esa ayuda para pagar los sueldos de sus trabajadores en abril, debido a la caída de la matrícula y la morosidad que se produjo en esos meses sin clases presenciales.

Entre ellos figuran Cánepa, Güemes y Plaza por la provincia, así como Nallar y Angulo por el municipio de Salta, y monseñor Cargnello. El ministro de Educación, contestó que “jamás” pidió un ATP, “y de hecho no podría hacerlo porque se trata de un subsidio que solicitan los empleadores”. Y añadió que ante la noticia consultó a las autoridades de la UCASAL, donde ejerce la docencia “hace mas de 15 años”.

Según el funcionario, desde esa casa de altos estudios le informaron que “la institución se adhirió durante un mes a ese programa para empleadores y por eso todo el personal al que abona sueldos figura en el registro del Anses”. Aclaró que no cobró ninguna otra remuneración de la Universidad “que no sea mi salario habitual como docente”, y que tampoco recibió ninguna comunicación ni pedido de autorización acerca de este trámite.

En base a este antecedente es muy probable que además de los ya mencionados, también hayan cobrado más funcionarios del Ejecutivo, legisladores y miembros del Poder Judicial, que ejercen la docencia en la UCASAL.

Desde la Universidad no realizaron declaraciones y solo informaron que sus autoridades están evaluando emitir un comunicado en las próximas horas.

Por su parte, el subsecretario de Prensa y ex precandidato a intendente, Victor “Vitín” Lamberto, aseguró que tampoco estaba al tanto y que la situación se generó a partir de su vínculo con el grupo TELEFE, donde trabaja hace 20 años y se encuentra de licencia “sin goce de sueldo”. El periodista dijo a Salta/12 que hoy se reunirá con las autoridades de Canal 11 para pedirles explicaciones.

El presidente del Directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado, designado por Gustavo Sáenz, explicó que cobró la ATP “como los más de 980 trabajadores”, ya que en abril los auditores de ese organismo decidieron inscribir la empresa estatal en el beneficio nacional.

García Salado argumentó a su favor que todos los directores de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (COSAYSA) no cobran los sueldos por esta función y que no se los paga la administración central de la provincia, sino la propia empresa. Añadió que en su caso tiene un contrato de prestación de servicio con la empresa “como cualquier trabajador”. Contó que como consecuencia de la pandemia y ante las medidas nacionales y provinciales en los primeros meses prohibiendo el corte de servicios públicos esenciales, se generó un diferimiento de pagos por parte de los usuarios que llegó al 33%, sumada a una mora “que históricamente es del 18,5%”.

Ante esa situación, “la auditoría decidió enviar los índices de la empresa para que las autoridades nacionales evalúen si estaba en condiciones de recibir los ATP y la respuesta fue favorable”, por lo que Aguas del Norte envió la lista de todos los trabajadores que cobran un sueldo, entre quienes se encontraba García Salado.

El funcionario aclaró que esa ayuda, que rondó el 50% del sueldo de los empleados, “fue un alivio para nosotros”, pero que solo lo recibieron en abril y por única vez, “ya que después las actividades se fueron liberando y comenzamos a recaudar nuevamente”.

Por último, expresó que no se arrepiente por lo que pasó, ya que fue una decisión de los administradores, y que si él hubiese estado cobrando como presidente por parte del Ejecutivo provincial no le correspondería el ATP, “pero en esta situación era completamente lícito para alivianar los gastos de esta Sociedad del Estado que no recibe ni un peso de subsidios de la provincia, solo se sostiene con lo que le cobra a los usuarios”, y recordó que solo el pago de los trabajadores significa el 46% de lo que recauda la firma de capitales provinciales.

La misma situación adujo la actual secretaria de Prensa de la Municipalidad de Salta, Valeria Capisano, quien hasta el mes pasado estuvo al frente de la oficina de Prensa de Aguas del Norte, por lo que cobró también, como los demás empleados, la mitad de su sueldo de abril, a través de un ATP.

“Es todo legal”

El diputado saencista Omar Exeni, sin sonrojarse, aseguró que todo lo que hizo está dentro de la legalidad y que los ATP eran una ayuda del gobierno nacional a las empresas “que tengan recibo de sueldo” sin importar el rango dentro de la firma, sean socios, gerentes o empleados.

En su caso, como socio gerente de la empresa familiar que conduce, explicó que también recibe sueldo, por lo que para él resultaba lógico poder acceder al beneficio sin importar el lugar que ocupa en la Legislatura y el sueldo que allí cobra.

El diputado, uno de los que junto a Ignacio Jarsún reclaman la pena de muerte y la compra de pistolas Táser, es dueño de la Fiambrería Exeni, y la semana pasada fue denunciado por uno de sus empleados, a quien despidió por no querer entregarle el dinero que recibía de las ATP.

Según el trabajador, Exeni les exigía que le entreguen los fondos percibidos de Nación como parte de pago de sus salarios, y como él se negó, lo terminó echando, “inventando” otras causas y sin respetar el decreto que prohíbe los despidos en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Hasta el momento el gobernador Gustavo Sáenz, no emitió opinión al respecto de esta situación. Cuando fue el caso de las IFE se expresó por sus redes sociales y dijo sentir “vergüenza”, pidió la más severa de las penas y repudió esa “actitud miserable”.