"Un sector de la Justicia desconoce los derechos indígenas"

Magdalena Odarda explicó cómo Argentina acata el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ante el reclamo histórico de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat sobre los ex lotes 55 y 14. En esta entrevista con Salta/12 opinó sobre el impacto de una futura ley de interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres indígenas. El rol activo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en la pandemia, sus líneas de acción en temas ambientales como desmontes, agroquímicos, y la deuda histórica del agua en el chaco salteño, completan la agenda.

-Usted visitó la provincia de Salta en el Chaco salteño en enero pasado, ¿lo hará nuevamente en 2021?

-Sí. Posiblemente viaje a comienzo del nuevo año porque queremos entregar alrededor de cien carpetas técnicas finalizadas. Son de distintas zonas de la provincia. Personalmente, he firmado 48, la mayoría de Salta, durante la pandemia. Como muchos relevamientos territoriales demoraron, firmamos hace dos meses una prórroga con la provincia de Salta. Tenemos relevamientos cuestionados por el Estado salteño que destrabaremos en los próximos días. Probablemente viajemos todos los meses, una semana. Quiero entregar personalmente las carpetas a cada comunidad para que las tengan en su poder.

-Desde el 15 de diciembre, la Comunidad Las Pailas, de Cachi, denuncia que los propietarios registrales reingresan al territorio en conflicto. Es decir, no cumplen con las disposiciones y reclamos del INAI ante la justicia salteña.

-La legislación establece claramente en su artículo 2 que, mientras esté vigente la ley 26.160, se suspenden todos los desalojos y desposesiones de las comunidades indígenas. Por lo pronto, hasta noviembre de 2021, la ley está plenamente vigente. Pero entre lo que ley dispone y lo que realmente ocurre, hay una brecha muy importante. Esa situación nos lleva a cuestionar a algún sector de la justicia por su actuación. Desconocen los derechos de los pueblos indígenas. Nos presentamos puntualmente en este caso, como en muchos otros, con nuestro equipo de abogados de INAI, insistiendo que se cumpla con la legislación. Pedimos que tengan presente que la ley claramente establece que mientras el relevamiento esté finalizado o en proceso, no puede haber ningun tipo de desposesión de las tierras. Sabemos que siempre existen intereses inmobiliarios o económicos detras de los territorios. Por eso estamos pendientes de cada una de las causas. Pedimos que se cumpla con la Constitución Nacional y con la ley 26.160. Estamos interviniendo en todas las causas judiciales abiertas, pidiendo su aplicación y frenando muchos desalojos. También denunciamos el avance que existe de parte de algunos privados sobre territorio indígena. No es un hecho que ocurre solamente de Salta.

-Las comunidades de Las Pailas, Cachi, y Tacuil, Molinos, que últimamente sufren desalojos y violencia policial, plantean que el INAI llega después que los hechos ocurren.

-Nosotros intervenimos ni bien llega la información. Nos llega por distintas fuentes. Sucede que muchos conflictos son históricos. Hay que tener presente que, durante cuatro años, el INAI no hizo absolutamente nada. El conflicto en Las Pailas no es de ahora. Ya hay sentencias de las máximas autoridades judiciales. Por eso insistimos para que la ley se cumpla. Hacemos lo posible y lo imposible para que esta situación se conozca a nivel nacional. Queremos que estos temas aparezcan sobre la mesa y en la agenda política, en este caso, del gobierno de Salta. Queremos que entiendan que hay un INAI con protagonismo y está atento. El INAI firma presentaciones judiciales donde directamente ponemos en resguardo la Constitución y las leyes. Entendemos que la justicia debe tener una sola vara, no una doble. Debe ser una para todos los ciudadanos. Además hay compromisos internacionales a los que Argentina adhirió, como el Convenio 169 de la OIT y muchos otros. Desde que asumimos el 10 de enero, y en el medio de la pandemia, hemos frenado desalojos y órdenes de remate de tierras. Son situaciones de avasallamiento que persisten.

Instrumentos claves

-Cuando usted fue senadora nacional por Río Negro, presentó un proyecto de ley de Propiedad Comunitaria Indígena en 2015 y 2017. ¿Por qué nunca salió del ámbito de las comisiones?

-En ese momento de gobierno macrista no hubo voluntad política ni siquiera de tratar esos proyectos. Quedaron muertos en la Comisión de Población del Senado. Soy autora de la comisión especial de los pueblos originarios. Desde que me fui del cargo no se constituyó, pero sabemos que dentro de poco lo hará, y que la senadora nacional por Salta, Nora Giménez, posiblemente sea su próxima presidenta. Allí hay varios proyectos para analizar. Uno de ellos, es el de Propiedad Comunitaria Indígena. Se presentaron varios. Uno de ellos es el que redactamos con el doctor Darío Rodriguez Duch y Fernando “Pino” Solanas.

-¿Qué proyectos trataría específicamente esa comisión del Senado?

-El que resguarda los sitios sagrados indígenas. Es uno de los fundamentales. Tenemos muchos problemas, sobre todo en cementerios y sitios ceremoniales que no cuentan con el mismo ciudado que los de otros credos, religiones, o concepciones. Nuestro país es diverso, conviven muchos pueblos. Sin embargo, los pueblos indígenas no tienen una ley que los resguarde. Otro importante es el que renueva la ley 26.160. En lo posible, queremos incorporar en las sesiones extraordinarias, o bien en las ordinarias del año que viene, el proyecto Darío Duch de capacitación en los tres poderes del Estado, al estilo Ley Micaela. Sobre todo, nos interesan los jueces de las provincias y los jueces federales. Creo que el mayor enemigo o adversario que tenemos es el desconocimiento y la ignorancia en materia de derecho indígena. Se desconocen los compromisos internacionales que asumimos como país hace décadas. La posición del INAI es absolutamente activa. Defendemos a nuestro sujeto de derecho: las comunidades indígenas. No queremos hacer la plancha durante cuatro años como el gobierno anterior, cuando el INAI era un organismo burocrático.

-¿Cómo imagina usted el proceso de tratamiento en el Congreso de la ley de Propiedad Comunitaria Indígena?

-La democracia le debe esa ley a los pueblos indígenas desde la reforma del año 1994. Es necesaria porque, evidentemente, los relevamientos territoriales son una herramienta de reparación histórica que no alcanza. Necesitamos la ley de propiedad como lo establece el artículo 75 inciso 17 de la Constitución. Lo que imagino es la posibilidad que todos los proyectos de ley presentados se puedan debatir en el Congreso de la Nación. Por eso es tan importante la creación de la comisión especial de Derecho Indígena y que el Congreso de la Nación llame a consulta libre, previa e informada a todas las comunidades indígenas y sus representantes. El Estado es uno solo y la consulta, que es obligatoria, puede darse dentro del mismo recinto. La imagino lo más democrática y horizontal posible. Sobre todo institucional, porque hace falta que se le dé voz y participación a todas las comunidades indígenas dentro del Congreso. Será una experiencia muy importante.

-En Salta muchos relevamientos territoriales indígenas se superponen con propiedades que fueron adquiridas desde el año 2000 en adelante para un uso especulativo. ¿Cómo cree que afectará en una futura restitución?

-Es una situación difícil y siempre problemática, sobre todo cuando se trata de territorio. Pero nosotros estamos cumpliendo con la Constitución Nacional. Ella plantea, dentro de todos los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la propiedad y a la posesión comunitaria de la tierra. Ordena hacer los relevamientos territoriales. Lamentablemente, por llevar adelante el cumplimiento de la ley, sufrimos un hostigamiento muy fuerte de parte de algunos sectores privados. Recibimos denuncias penales contra el INAI. También, intentos de allanamientos a nuestras oficinas buscando documentación de las comunidades. Nos sorprende absolutamente que esto ocurra, más en un predio como el de la ex-ESMA: un centro emblemático de memoria y de justicia. Es muy triste, porque no se está hablando de corrupción, sino de respeto a derechos que están consagrados en nuestra Constitución Nacional. Nuestra determinación es reparar toda la deuda histórica con los pueblos indígenas. Trabajamos en distintas líneas de acción. Hemos creado el área de la mujer por la cantidad de casos de abusos sexuales, maltrato o violencia contra mujeres indígenas. Antes de la pandemia, hicimos un primer relevamiento de personas indocumentadas. En una semana, detectamos mil setecientas personas sin documentos, la mayoría de Salta. En Santa Victoria ya comenzaron los operativos, a cargo de RENAPER, ANSeS e INAI para proveer de documentación a todas esas personas excluídas de programas sociales como AUH o IFE. También creamos el área de ambiente y derecho indígena porque entendemos que hay muchas situaciones de desmonte, vulneración de la Ley de Bosques, o contaminación de ríos, que son temas donde INAI debe estar presente y tener una posición fuerte. Los desmontes afectan fuertemente a las comunidades indígenas.

Las situación en el Chaco salteño

-Después del fallo de febrero último de la CorteIDH sobre el reclamo de Lhaka Honhat en los ex lotes 55 y 14, ¿qué trabajo desarrolla el INAI?

-El gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández ha determinado la voluntad política de Argentina de cumplimiento de la sentencia de Lhaka Honhat. Por lo tanto, todos los organismos del Estado están abocados a ese cumplimiento. Trabajan junto con las comunidades de Lhaka Honhat, que son las peticionantes. En estos momentos (la semana pasada), se encuentran en Santa Victoria representantes del área jurídica del INAI, Julián Fernández, y la licenciada Natalia Nova. Trabajan dentro de la mesa interministerial. Nosotros queremos cumplir acabadamente con ese fallo que establece, en una primera etapa, la traducción de la sentencia en las cinco lenguas indígenas. El INAI firmó un convenio con Lhaka Honhat para que sean los propios integrantes de las comunidades los traductores. Prácticamente estan listas para ser cargadas en la página de la institución. Por otro lado, la Corte estableció un plazo para la detallada detección de los puntos críticos de acceso al agua y los puntos críticos de acceso a la alimentación. Trabajan puntualmente la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el INAI, INTA, Ministerio de Agricultura de Nación y el CELS, que representa a las 132 comunidades que conforman Lhaka Honhat. De manera conjunta, desarrollamos el informe que será elevado en los próximos meses a la Corte. El siguiente vencimiento será sobre derechos ambientales y de propiedad comunitaria.

-En el Chaco salteño, el principal reclamo de las comunidades y de los médicos es la falta de agua segura. El relato mediático comenta la realización de pozos. Sin embargo, no parecen alcanzar para una población numerosa, nómade y dispersa. ¿Comparte la reflexión?

-Sí. El agua es un derecho humano fundamental. En este momento, llevamos adelante un plan de cisternas en el que participa el INAI, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con fondos internacionales. También desarrollamos un proyecto de contingencia a cargo del mismo organismo para los próximos meses. Buscamos dotar de sistemas de agua potable a las comunidades. Sin embargo, estamos atentos a la solución definitiva que tiene que ver con la inversión en infraestructura clave. Es una deuda histórica, por el abandono que sufren allí los pueblos indígenas. Todo lo que se pueda hacer es poco.

Contaminación y salud pública

-¿Qué posición tiene el INAI sobre las pulverizaciones en zonas con desarrollo agrícola o ganadero en el Chaco salteño? También, sobre el uso de bidones de agroquímicos que, ya vacíos, las comunidades utilizan para cargar agua.

-Hemos creado el área de ambiente específica para comunidades indígenas, porque gestionamos muchos pedidos de informes sobre estos temas, sin respuesta. El uso de bidones que han sido utilizados con sustancias tóxicas, es un reclamo que no se puede soslayar. Por eso queremos que el INAI tenga una presencia activa en todos los temas relacionados con ambiente. Sabemos que la contaminación perjudica a todos, pero fundamentalmente a quienes viven del monte. Por eso nosotros queremos tener técnicos calificados para poder intervenir en todo delito ambiental que afecte a las comunidades. Otro ejemplo son los desmontes indiscriminados, que afectan profundamente sus derechos y cosmovisión.

-Si el proyecto con media sanción sobre interrupción voluntaria del embarazo se convierte en ley, ¿cómo cree que impactará en las mujeres indígenas?

-La cosmovisión de las comunidades sobre el tema es muy variable. Hay mucha presencia de las iglesias en las comunidades y queremos ser respetuosos. Todos conocen mi posición, porque he sido senadora de la Nación, y me ha tocado votar. Es un tema sobre el que, seguramente, las mujeres indígenas deben ya tener una posición tomada de acuerdo a sus convicciones y creencias. Desde el INAI indagaremos en cada comunidad en particular.

-¿Cómo trabaja el INAI con los casos de covid-19 en comunidades? ¿cuántos casos se registraron hasta ahora?

-En estos momentos, reforzamos elementos de prevención de covid en comunidades del Norte de la provincia Salta a pedido de los consejeros indígenas. Por primera vez, y por gestión del INAI ante el Ministerio de Salud de la Nación, se incluyó la variable indígena dentro de las estadísticas de covid. Es un informe quincenal que reporta sobre su incidencia en las comunidades indígenas. Además, el Estado necesita manejar estadísticas oficiales con números seguros. Es muy importante porque, en las estadísticas de salud, las comunidades suelen estar ausentes. Ojalá se registren otras enfermedades, como el Chagas y la tuberculosis.