En el marco de la causa penal que inició el Banco Nación contra el grupo Vicentin para evitar el vaciamiento de la empresa, el juez Julián Ercolini ordenó el embargo preventivo de varios inmuebles de Algodonera Avellaneda, una de las compañías que integra el grupo de la cerealera santafesina. De acuerdo a un informe elaborado por el directorio de banco, en apenas seis meses la cuarta exportadora cerealera del país perdió el 93 por ciento de su patrimonio neto, que pasó de 616 millones de dólares a 41 millones: mientras tanto, el gobierno de Mauricio Macri habilitó un prestámo para Vicentin de 300 millones de dólares.
La decisión adoptada por el magistrado no suspende el giro comercial de la empresa, por lo cual Vicentin podrá seguir con sus operaciones habituales, pero estará impedido de vender los 13 vehículos de la algodonera, entre los que figuran tractores, camiones y camionetas, así como otras maquinarias agrícolas.
"Habré de establecer el embargo preventivo de los bienes de Algodonera Avellaneda SA que han sido individualizados, de manera tal que no se afecte el giro comercial de la empresa pero se aseguren bienes suficientes para no tornar ilusorias las posibles consecuencias patrimoniales de la presente investigación”, expuso Ercolini en el fallo.
Al norte de la provincia de Santa Fe, la Algodonera Avellaneda es una de las empresas que pertenece a la cerealera. Allí trabajan 430 empleados, quienes en agosto realizaron medidas de protestas ya que los directivos no habían abonado los sueldos. La respuesta fue una sola: efectivos policiales hostigaron a los trabajadores mientras repartían volantes para informar a la población de su situación.
En un comunicado de prensa, el Banco Nación expone que "el reclamo judicial apunta desde el comienzo de la gestión a cargo del presidente de la entidad, Eduardo Hecker, para recuperar los más de U$S 300 millones de deuda que mantiene el grupo Vincetín con el banco por créditos otorgados durante el bienio 2018/19".
El desagüe en Vicentin
La causa, que transcurre en manos del juez Ercolini y que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita, el ex director del Banco Nación, Javier González Fraga, y otros exfuncionarios son investigados por "posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina".
Tal como informó Página/12 semanas atrás, un informe pedido por la directiva de la banca pública revela que en apenas seis meses, entre el cierre del último informe trimestral que se conoce de Vicentin (31 de julio) y el momento en que presentó formalmente el pedido de convocatoria de acreedores, la cuarta exportadora cerealera del país perdió el 93 por ciento de su patrimonio neto, que pasó de 616 millones de dólares a 41 millones. A su vez, las deudas comerciales y financieras (principalmente con el Banco Nación) "crecieron desmedidamente, siendo su destino un fenómeno sumamente llamativo ya que no fueron correspondidos con (un aumento de los) activos del mismo tipo", expone la investigación.
