Cuando se van a cumplir seis años de la denuncia de Alberto Nisman sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán, el juicio oral previsto no va para atrás ni para adelante. Los magistrados habían decidido tomarle declaración anticipada a los dos testigos clave, el extitular de Interpol Ronald Noble y el ex responsable legal de Interpol, Joël Sollier. Ambos son decisivos porque vienen diciendo desde siempre que la denuncia de Nisman era falsa y que nunca el canciller Héctor Timerman y la expresidenta Cristina Fernández intentaron beneficiar a los sospechosos del atentado contra la AMIA. Sin embargo, los testimonios no se concretaron y ahora, formalmente, los jueces, con fecha 16 de diciembre, le pidieron a Interpol que permita la declaración. 

Por el contrario, en otra causa, denunciadores vinculados al PRO y a dirigentes de la comunidad judía acusaron a Noble de encubrir al gobierno kirchnerista. Lo buscan por un lado y lo acusan por el otro. El juez a cargo ordenó designarle un defensor oficial al exfuncionario de Interpol, pero el defensor oficial en turno se negó a asumir esa defensa porque nadie le consultó a Noble. La comedia de enredos -en verdad, un tragedia- extiende al infinito uno de los expedientes que más exhibe cómo se usó y se usa la justicia para la persecución política.

Antes del suicidio de Nisman -otro expediente que Comodoro Py no puede resolver y en el que no encontró ni una sola prueba de homicidio en seis años-, el fiscal fallecido se despachó con la denuncia del Memorándum sosteniendo que fue un tratado destinado a favorecer a los sospechosos iraníes. El punto central de la imputación era que, al firmar el acuerdo, a comienzos de 2013, el gobierno argentino había gestionado el levantamiento de las órdenes de captura con alertas rojas de Interpol emitidas contra los funcionarios de Irán sospechados de tener relación con el atentado. Cuando Nisman presentó la denuncia -en enero de 2015- ya habían transcurrido dos años de la firma del Memorándum y las órdenes de captura nunca se levantaron. De hecho, siguen vigentes hasta hoy. En todo momento, Noble sostuvo desde Dubai, donde vive, que la denuncia de Nisman era falsa.

De la mano de Claudio Bonadio, junto a dos denunciadores tradicionales vinculados al PRO y de dos familiares de las víctimas del atentado, ambos relacionados con la dirigencia de la DAIA, el aparato de Comodoro Py siguió avanzando con el insólito expediente. La causa se elevó a juicio hace ya dos años sin que se avanzara ni un paso y ya con la DAIA como querellante oficial. Todos los protagonistas saben que el testimonio de Noble y Sollier arrasaría con la acusación, porque ellos fueron los responsables del manejo de las órdenes de captura y ya dijeron que nunca se gestionó levantarlas y nunca se levantaron.

Para contrarrestar el testimonio de los ex hombres de Interpol, los denunciadores del PRO y los familiares cercanos a la DAIA, denunciaron a Noble por encubrimiento. Sostuvieron que alentó el Memorándum, algo que era parte de sus funciones, ya que tanto Argentina como Irán son miembros de Interpol y el estatuto indica que el secretario general debe resolver los conflictos desatados entre los miembros. O sea, que buscar un acuerdo no sólo no era delito, sino que era su obligación. Pero acusándolo, pretendieron sacar a Noble de la cancha. 

En ese expediente que, por supuesto, tramitó Bonadio, tras el fallecimiento del magistrado, su sucesor Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Noble, pero los querellantes apelaron. Entonces el juez ordenó que se designara un defensor que represente al exsecretario general de Interpol. El sorteado, Juan Manuel Hermida, rechazó defenderlo porque sostuvo que Noble no fue consultado ni eligió a alguien de su confianza.

En paralelo, el Tribunal Oral número 8, que debería hacer el juicio por la denuncia de Nisman, recién la semana pasada gestionó oficialmente la declaración de Noble y Sollier. Para eso le mandaron un escrito, via Cancillería a Interpol. Todo hace pensar que la central mundial de policías no va a permitir ese testimonio porque, por un lado quieren que declare y por el otro lado lo acusan de un delito, y Noble tiene inmunidades que el Congreso votó -como todos los países- al adherirse a Interpol. 

A todo esto, el defensor de Carlos Zannini, Mariano Fragueiro Frias, puso el énfasis justo en eso. Dado que los exfuncionarios de Interpol tienen inmunidad, como en el caso del personal diplomático, quien debe instruir la causa es la Corte Suprema de Justicia. O sea que todo el proceso es nulo y que si se le pretende poner un defensor a alguien con inmunidad significa que está imputado y eso sólo es facultad de la Corte.

El trasfondo de todo esto, que Fragueiro calificó en un escrito como fellinesco -carnavalesco, alucinante, una parodia- es que el expediente del Memorándum se basa únicamente en la persecución política, no hay delito alguno, como señaló en su momento el juez Daniel Rafecas. Entre otras cosas porque el tratado con Irán ni siquiera entró en vigencia. Tanto Washington como Cambiemos apuestan a empantanar todo porque pretenden seguir utilizando el expediente del Memorándum, y el de la muerte de Nisman, internacionalmente contra Irán y en la Argentina contra quien no se alinea contra el neoliberalismo.

Si declaran Noble y Sollier, naufraga la acusación. Si se hace el juicio, es difícil que se pueda condenar a alguien. El objetivo de Comodoro Py es entonces trabar y demorar. Aunque es un juego que no puede durar eternamente.