La Justicia sigue obrando con lentitud de injusticia en el caso de la Masacre de Trelew. Después de haber recibido un recurso por la causa, la Corte Suprema se tomó seis años para devolver la causa a Casación, al advertir que estaba mal concedido. De este modo extendió una demora que puede llevar a que esta causa quede sin pronunciamiento firme de la Corte, luego de más de ocho años desde el dictado de la sentencia por parte del tribunal oral.

El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia había resuelto condenar a prisión perpetua a Carlos Amadeo Marandino, Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge Del Real. Estos dos últimos represores murieron mientras la Corte se tomaba los años de estudio para el caso. A los tres se los había considerado autores responsables del homicidio con alevosía de dieciséis personas y tres tentativas del mismo delito, cometido el 22 de agosto de 1972, en lo que fue "la Masacre de Trelew". 

Las defensas interpusieron entonces recursos de casación, y el 19 de marzo de 2014, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Liliana Catucci y Alejandro Slokar-, resolvió rechazarlos por unanimidad, confirmando las condenas a prisión perpetua y también el encuadre de los crímenes como de lesa humanidad. Además, los camaristas revocaron las absoluciones que había dictado el tribunal oral de Jorge Bautista y Norberto Paccagnini.

El 30 de septiembre de 2014, las juezas Catucci y Ana Figueroa –que reemplazó a Borinsky como nueva subrogante de la Sala III aquel año- concedieron los recursos extraordinarios deducidos por las defensas de los represores. Pero exclusivamente “en lo concerniente a la cuestión federal alegada vinculada con la caracterización de los hechos juzgados como constitutivos de crímenes de lesa humanidad”. El Juez Slokar votó entonces por desestimar todos los recursos de las defensas.

Cuando se remitieron las actuaciones a la Corte Suprema, la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó dictaminó en abril de 2016 el rechazo de los recursos extraordinarios concedidos.

A seis años de que la causa se radicara ante la Corte Suprema, el fallo suscripto por la ministra Elena Highton de Nolasco y los ministros Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, resolvió anular la decisión de la Cámara de Casación que, por mayoría, había concedido el recurso de extraordinario federal del único imputado que en la actualidad continúa vivo: Carlos Amadeo Marandino. Lo hizo sin siquiera pronunciarse sobre el fondo del asunto que debía decidir (esto es: si los hechos cometidos en el año 1972 constituían o no crímenes de lesa humanidad). Así lo devolvió a esa Cámara... más de seis años después. La cuestión formal dilata aún más el pronunciamiento definitivo y la suerte final de estas actuaciones. 

Mientras la Corte incubó la evasiva, fallecieron la mayoría de los imputados de esta causa: Sosa y Del Real, en julio de 2016; Bautista y Paccagnini, en julio de 2018 y noviembre de 2019, respectivamente.

Ésta es una de las causas emblemáticas que esperan que la Corte se pronuncie para definir si considera lo sucedido en la base Almirante Zar como un crimen de lesa humanidad cometido con anterioridad al golpe de Estado de 1976. Organismos y la Secretaría de Derechos Humanos hicieron notar esta demora cuando fueron convocados por Rosenkrantz a la fallida reunión de la Comisión Interpoderes que se celebró hace dos meses. 

La masacre

En agosto de 1972, los represores dispararon contra 16 militantes políticos que estaban detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar, en Chubut:  Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.

Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar sobrevivieron a la masacre, pero luego fueron desaparecidos durante la última dictadura, igual que numerosos familiares de los fusilados en Trelew y chubutenses de la Comisión de de Solidaridad con los presos políticos de la Unidad 6 de Rawson.

En agosto pasado, a 48 años de la Masacre de Trelew, organismos de derechos humanos reclamaron que avance el proceso de extradición de Roberto Guillermo Bravo, acusado de ser uno de los represores que efectuó los disparos. El exteniente de la Marina que huyó a Estados Unidos poco después de los fusilamientos y allí, con los años, se convirtió en un millonario empresario.