Imputaron al intendente de Rosario de la Frontera

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero decidieron avanzar en una investigación de oficio y ayer decidieron imputar al intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración y cohecho.

Según informó la Unidad Fiscal, la investigación se produjo tras la publicación de una noticia criminis el 26 de febrero; aunque sin brindar mayores detalles, esa nota habría hecho referencia a la supuesta falsificación de facturas por la que se lo acusa.

Ayer por la mañana, el intendente de la ciudad termal se presentó en la Ciudad Judicial de Salta a la audiencia de imputación a la que había sido citado. Los fiscales Simesen y Rivero, luego del encuentro con Solís, dieron detalles de los hechos por los que se lo imputa.

Entre estos hechos se cuenta la contratación de una empresa hormigonera de la zona que en ese momento se encontraba con un juicio ejecutivo y por lo tanto no podría haber realizado trabajos para el Estado. Además, esa misma firma, propiedad de Mirta Verónica Corimayo, habría emitido dos facturas duplicadas al Ejecutivo municipal por la suma de $373.000.

También se lo acusó de haber efectuado 12 contrataciones directas de obra pública con una fundación a la que emitió cheques por el pago de obras. A esa misma acusación se sumó un audio, supuestamente aportado por el diputado Gustavo Orozco, adversario político del intendente, en donde Solís habla con el presidente de la fundación Sagrado Corazón indicándole que por cada metro cuadrado que se ejecutara se pagarían $163, de los cuales, si el contratista facturaba todo, debía entregar la suma de $93 por metro cuadrado y solo le quedarían $20 como condición para suscribir las contrataciones. Para los fiscales, ese dato permitiría verificar el dolo del imputado.

Por último, para la Unidad Fiscal de investigación, el jefe comunal volvió a incurrir en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público al contratar obra pública con una persona que no estaba inscripta en el Registro de Contratistas de la Provincia, por la suma de $10.819.777,50.

En este sentido, informaron los fiscales, "el jefe comunal celebró contratos con una persona física que, del 23 de mayo de 2017 al 10 de mayo de 2018, presentó 99 cheques rechazados por un monto de $22.608.759.03, según el informe del Banco Central de la República Argentina, sin verificar la situación financiera del contratado".

Otra de los motivos por lo que se lo investiga es por la emisión de sucesivos cheques por valores inferiores a los $50.000 del municipio a favor de esos contratistas, algo que incumpliría las normas de prevención de lavado de dinero emitidas por el Banco Central de la República Argentina.

Luego de prestar declaración, el intendente anunció que realizará una ampliación por escrito en las próximas 48 horas.

“Que vengan a ver las obras”

Gustavo Solís insistió en que no tiene nada que esconder, que todas las obras se realizaron, y apuntó a una persecución política hacia él por pertenecer a un espacio  opuesto al del gobernador y gestionar un municipio con autonomía económica.

“Debe molestar mi posicionamiento, que administre un municipio que es autónomo, que, lejos de caer en una actitud soberbia, está mejor que el resto, fiscalmente es solvente, no tenemos deudas, pagamos el aguinaldo el 16 y pagamos los sueldos antes de que finalice el mes, ante esa situación de tranquilidad, intentan políticamente atentar contra la institucionalidad utilizando estos organismos independientes”, sostuvo.

Aclaró que cree en el accionar de la Justicia y que sabía que era lo mejor para poder esclarecer los hechos y “limpiar” su nombre, por lo que aseguró que en su declaración apuntó contra la Auditoría General de la Provincia “por ser un instrumento utilizado para perseguirme e intentar adoctrinarme”, y pidió celeridad en la investigación.

Solís se refiere al informe presentado por el auditor Mariano San Millán, en el que se marcan las presuntas irregularidades por las que actualmente está siendo acusado.

También explicó que prometió aportar más detalles técnicos en las próximas 48 horas “porque recién ahora pude tomar conocimiento de lo que me acusan”, ya que aseveró que hasta aquí la Auditoría no lo había notificado de nada y se enteró de lo que lo acusan a través de los medios de comunicación.

Por esa misma forma de actuar, detalló que San Millán no cumplió con los preceptos de la Ley de Auditoría “ni de la resolución 61/2001”, al considerar que no fue independiente del objeto que está auditando, fue poco objetivo y no guardó secreto profesional al divulgar información pública, “prejuzgó a esta gestión sin siquiera tener el informe final en la mano, porque todavía no lo terminaron”, sostuvo Solís.

Con respecto a los audios que se difundieron y que la Fiscalía tomó como prueba, aclaró que “en primer lugar”, se trata de una obra que el municipio realizó con el gobierno nacional, y que la condición era que la ejecutaran mujeres a través de alguna organización de la sociedad civil, “entonces nosotros dimos con esta fundación que entre sus objetivos justamente planteaba el fomentar el empleo y la capacitación a mujeres”.

Pero negó rotundamente haber pedido algún tipo de devolución de dinero, sino que le aclaraba que los $163 que recibía “no eran solo por la colocación de adoquines”, sino que correspondían al total del trabajo, que incluía “apertura de calles, materiales y mano de obra”, y que en ese momento estaba aclarando lo que quedaría “como utilidad” para la ONG por prestar sus servicios.

“Todo eso sacado de contexto entiendo que pueda parecer improlijo, pero en ningún momento hablaba de dinero que vaya a parar a mis bolsillos”, expresó y agregó que “todas las obras están hechas y fueron aprobadas por la Sindicatura General de la Provincia”. Allí destacó que ese trabajo, que fue realizado con recursos de Nación “no es fuero de Auditoría de la Provincia”, y la obra fue aprobada también por el Concejo Deliberante, así como los balances posteriores. Y sobre los audios, denunció que no deberían ser tomados como prueba fehaciente por tratarse de espionaje.

También negó que exista un delito en la emisión de cheques al sostener “que es natural que uno pueda pagar una factura a través de varios cheques, la obra está hecha y pagada, la Auditoría hasta perforó las calles para verificarlo, que vengan a verlas, acá se pavimentaron más de 100 cuadras”.

Por último, con respecto a la contratación con la empresa hormigonera, subrayó que en ningún lado la Carta Orgánica municipal indica que tengan la obligación de contratar a quienes estén inscriptas en el registro de proveedores del Estado provincial, y añadió que se trata de una firma que ya estaba radicada en Rosario de la Frontera y es la única que hace hormigón elaborado en la zona, ya que las empresas de Tucumán o Salta “no me llevaban esa cantidad que necesitaba y menos por el mismo precio”.

Reiteró que tanto esa firma como el municipio cumplieron y que la obra está “y es de calidad”, y aseguró que en el momento que les llegó la notificación por parte de la Justicia indicando que la hormigonera estaba embargada, se comenzaron a hacer todas las retenciones “tal y como se ordenó”. “En el medio del gobierno de Macri ¿cuántas empresas tuvieron problemas financieros?, nosotros cumplimos con nuestra parte y ellos con la suya”, culminó.