Luego de la información que salpicó a al menos a diez funcionarios de alto rango del gobierno provincial y tres del municipio capitalino, la Universidad Católica de Salta (UCASAL) emitió un comunicado explicando por qué tomó la decisión de solicitar esa ayuda económica en abril último sin comunicar a su personal, entre los que se encuentran algunos de los apuntados, ya que dan clases ahí.

Durante el fin de semana se dio a conocer que el ministro de Educación, Matías Cánepa, otros nueve secretarios y subsecretarios del gobierno, el diputado Omar Exeni y tres secretarios de la Municipalidad de Salta, figuraban como beneficiarios de las Asistencias de Emergencia al Trabajo (ATP).

En ese momento, Cánepa y dos de los funcionarios del municipio, apuntaron a la Universidad Católica como la responsable de haber solicitado ese beneficio sin haberles consultado.

Ayer por la mañana, esa casa de altos estudios compartió un comunicado detallando que “ante la caída drástica de los ingresos y la disminución del pago de las cuotas al inicio de la pandemia, y en medio de la crisis económico financiera que se generó a raíz” de esta situación, había tomado la decisión de postularse en abril a esa asistencia que puso a disposición el Gobierno Nacional.

La Católica recordó que “tal como indica el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº332/20”, ese beneficio podía ser solicitado sólo por los empleadores “y no por los empleados”, para el pago exclusivo de salarios, y que la decisión de su otorgamiento, monto, cantidad de personas alcanzadas y empleados a quiénes se les brinda la prestación “es decisión exclusiva del Estado”.

El comunicado también indica que la ATP fue solicitada en abril y tras su aprobación por parte de la AFIP se destinó para el pago de una parte de los sueldos correspondientes a ese mismo mes. Y aclara que la UCASAL recibió por única vez ese beneficio, “así como lo hicieron la mayoría de las universidades privadas del país”.

El documento destaca que la Universidad “tiene entre su cuerpo de docentes a profesionales prestigiosos de nuestra sociedad, muchos de los cuales ocupan cargos y roles en alguno de los tres poderes del Estado y en los tres niveles”, y reitera que no fueron ellos quienes lo solicitaron, sino que fue esa casa para pagar parte de sus haberes.

Figuraba en el recibo

“Los funcionarios se enteraron porque el ATP figuró en sus recibos de sueldo”, explicó Darío Arias, vicerrector Administrativo de la Católica, “por eso estimamos que no era necesario hacer una comunicación personalizada”, añadió, al tiempo que aclaró que fue el fisco el que decidió a quién y cómo le pagaban, incluso cuando había “multi empleador que solicitaba, ellos decidían a cuál de los dos se lo asignaban y en qué porcentajes”.

Arias aseguró que nunca consideraron que fuera ilegal pedir la ayuda del Estado, por lo que tampoco imaginaron que teniendo entre sus docentes a tantos funcionarios públicos “se podía generar esta ola de rumores y exposición pública”.

El directivo universitario reiteró que esa ayuda no era a favor de los empleados, sino de los empleadores, “la Universidad fue la que lo solicitó”, dijo, y deslindó responsabilidades en la AFIP, organismo que debía controlar a quien otorgar la asistencia en cada caso.

Arias contó que los siguientes ATP se fueron modificando y “haciéndose cada vez más específicos y con mayores requerimientos e información”, por lo que la Universidad tomó la decisión de no solicitarlo nuevamente, “dejamos de ser elegibles”.

Y señaló si hasta aquí se conocieron algunos nombres del Ejecutivo, por otro lado hay “muchísimos magistrados que también dan clases” y que cobraron la ATP, “porque la única excepción que tienen fuera de la Justicia es la docencia”.

Puntualmente, se conoció que los funcionarios provinciales que recibieron la ATP son: el ministro de Educación, Matías Cánepa; el secretario de Modernización, Martín Miguel de Güemes; el secretario de Trabajo, Alfedo Batule; el secretario de Seguridad, Andrés Benjamín Cruz; el subsecretario de Prensa, Victor Lamberto; el delegado de la Casa de Salta, Martín Plaza; el presidente del Directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado; el subsecretario del Parque Automotor, Ricardo Velarde; el subsecretario de Planificación Estratégica, Marcelo Barberi; la directora General de Empleo Público y Desarrollo, Stefanella Russo Maenza. A los que se sumó el diputado provincial Omar Exeni y hasta el mismísimo arzobispo salteño, Mario Cargnello.

Mientras que entre los municipales se encuentran el secretario de Legal, Técnica y Procuración General del municipio de Salta, Daniel Nallar, junto a la secretaria de Prensa, Valeria Capisano, y María Eugenia Angulo, secretaria de Desarrollo Urbano. 

Tanto García Salado como Capisano explicaron que recibieron el aporte nacional porque la empresa estatal Aguas del Norte decidió postularse también en abril y resultó seleccionada, por lo que el Estado nacional pagó parte de los haberes de abril a los más de 980 trabajadores de esa empresa.

Mientras que Lamberto afirmó que se debía tratar de un equívoco del grupo TELEFE, donde trabaja desde hace 20 años pero al que le solicitó licencia sin goce de haberes cuando ocupó el cargo de secretario de Prensa del gobierno provincial.

Por último, el diputado Omar Exeni se defendió argumentando que solicitó la ATP para la empresa familiar de la que es socio gerente y por la que también cobra un sueldo, además de su dieta como legislador.

Desde la ANSeS indicaron que esos datos los chequeaba AFIP, y en el primer ATP entregado aún no estaba tan ajustada la metodología. En ese momento cobraron hasta los gerentes de grandes empresas como Techint, algo que fue subsanado en las siguientes entregas.