Víctor Hugo "Chuli" Rodríguez era jefe de la segunda sección del Destacamento de Inteligencia 121 en Rosario, en mayo de 1983, cuando un grupo de tareas secuestró a Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi en el bar Magnun, los torturó y los mató, para dejar sus cuerpos en un camino en Lima, cerca de San Nicolás. Si bien en 2013 la Cámara Federal de Rosario consideró que debía ser procesado, y dictarse su prisión preventiva, el juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo encontró mil y una formas para intentar desvincularlo de la causa y, en 2016, lo autorizó a viajar al exterior. En la mañana del martes, la Cámara de Apelaciones de Rosario convocó a una audiencia para tratar la revocación de ese permiso. Los fiscales Adolfo Villatte y Juan Murray, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, manifestaron ante los jueces la necesidad de ejecutar la prisión preventiva del militar retirado. “Solicito a esta Cámara se emita orden al juez a cargo del juzgado federal nro. 2 en lo criminal de instrucción y correccional de San Nicolás que proceda a la inmediata detención del imputado”, pidió Villatte en la audiencia de ayer.

Rodríguez fue conocido públicamente durante años por organizar el cruce de los Andes a lomo de mula, amparado en un Instituto Cultural Sanmartiniano. Desde HIJOS Rosario se sumaron al pedido de prisión efectiva. “Bajo la movida del Cruce de los Andes, este represor pretende esconder sus crímenes de lesa humanidad, que son todo lo contrario al ideario sanmartiniano, que proyectó un ejército nacional, popular, latinoamericano y antiimperialista”, dice el comunicado de HIJOS.

Rodríguez se encuentra procesado con prisión preventiva no ejecutada, con requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella particular y por el ministerio fiscal, pero Villafuerte Ruzo considera que dicha resolución no se encuentra firme por estar su situación a estudio de la Cámara Federal de Casación Penal. Una sala de esta cámara, integrada por Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Alejandro Slokar (que siempre vota en disidencia), concedió recursos de queja que permiten a Rodríguez seguir dilatando su situación. En 2019, el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, pidió la elevación a juicio de la causa contra Rodríguez, pero el juez nicoleño nunca resolvió ese pedido.

La fiscalía y las querellas plantean que el auto de procesamiento y prisión preventiva que le dictara a Rodríguez la propia Cámara Federal en 2013 “tiene plena y total vigencia” por lo que esperan que el represor sea detenido.

La presentación de Murray y Villatte hizo hincapié en la trama de las resoluciones dictadas por Villafuerte Ruzo, siempre reconsideradas en la Cámara Federal que impulsa el avance en la investigación y en los recursos aceptados por la Cámara de Casación. Mahiques y Catucci supeditaron los planteos de Rodríguez al destino de la sentencia de la causa Cambiaso-Pereyra Rossi, dictada en Rosario el 4 de mayo de 2016, que todavía no está firme. En aquella ocasión fueron condenados a prisión perpetua el ex comisario Luis Patti y el ex policía bonaerense Amadeo Spataro, como así también quien era jefe del Destacamento de Inteligencia 121, Pascual Guerrieri y su segundo, Luis Américo Muñoz, como coautores mediatos de esos delitos. Los demás acusados fueron absueltos.

En un pasaje de la audiencia de ayer, los fiscales consideraron que la Cámara de Casación, “al transpolar directamente y sin mayor análisis la absolución de los que eran sospechados de ser autores materiales a la situación de Rodríguez, incurrió en falta de fundamentación suficiente y arbitrariedad”. Y arguyeron: “Ello es así por cuanto no tuvo en consideración que, por el rol que ocupaba, el nombrado pudo haber tenido un grado de participación en la cadena de mandos no asimilable a la de aquellos que fueron absueltos y, en cambio, similar a la de los condenados Guerrieri y Muñoz, lo que hace caer la argumentación falaz utilizada”.

Durante la audiencia de ayer, Murray y Villatte detallaron todos los recursos y resoluciones que hubo hasta ahora en la causa. “Jueces de cámara: no resulta fácil para nosotros comprender el entramado de esta ingeniería recursiva. Imagínense tener que explicárselos como representantes de los intereses generales de la sociedad, y por tanto de las víctimas y familiares de Osvaldo Agustin Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi”, dijeron ante la Cámara integrada por Aníbal Pineda, Mateo Busaniche y José María Escobar Cello, aunque en la sala de audiencias estaba sólo Pineda, por las restricciones impuestas por el protocolo covid-19.

“Tener que explicarles por qué Víctor Hugo Rodríguez se encuentra en libertad y por qué no se ha sido sometido aún a juicio oral y público a causa de este raid de dilaciones”, continuaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Los representantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos fueron contundentes: “El grado de probabilidad afirmativa respecto de la participación en los hechos” de Rodríguez en la causa “ha sido analizada en ese sentido por al menos doce jueces de esta Cámara Federal de Apelaciones de Rosario con diversas composiciones. Seis de ellos han dispuesto su encarcelamiento preventivo. Seis jueces de Casación Penal han rechazado por inadmisibles los recursos directos mediante queja interpuestos por la defensa de Rodríguez contra dos resoluciones que lo vinculaban al proceso. Solo un juez de grado inferior, Villafuerte Ruzo, lo ha desvinculado en tres oportunidades –con diversa intensidad en las resoluciones- de los hechos de la causa, y dos jueces de casación federal, Mahiques y Catucci, con disidencia de Slokar, sin declarar admisibles las quejas, supeditaron esa decisión a lo que suceda en otras actuaciones, vinculadas, pero no esenciales para decidir la suerte del encartado”.

Es decir que Rodríguez sigue en libertad -y con autorización para viajar- pese a decisiones judiciales que plantean su vinculación con los crímenes de Cambiaso y Pereyra Rossi. Una vez más, ayer, los fiscales apelaron ante la Cámara para que decida. Y fueron por más: no sólo para que Rodríguez sea limitado en su posibilidad de viajar, sino también para que le dicten la prisión preventiva postergada desde hace siete años. Con todos los elementos sobre la mesa, los jueces resolverán en los próximos días.