Como era previsible, Carlos Telleldín fue absuelto en relación con el atentado contra la AMIA. Los fundamentos del fallo dictado de manera unánime por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero del Tribunal Oral Federal 3 se conocerán recién el 26 de marzo, pero parece evidente que primó la falta de evidencias contundentes contra Telleldín, un armador de autos con partes robadas, al que no se pudo probar que supiera que la camioneta Trafic que vendió el 10 de julio de 1994 iba a ser utilizada ocho días después para el siniestro atentado contra la mutual judía. Por lo que se ha visto en todos estos años, los grupos fundamentalistas no recurren a personas ajenas a sus células, o sea no confían en quienes no estén alineados con su fanatismo. Por lo tanto, parece imposible que hayan tenido como cómplice conciente a Telleldín.

En sus últimas palabras antes del veredicto, Telleldín dijo: “Le vendí la camioneta a una persona normal, que vino por el aviso del diario y me pagó. Lo hice decenas de veces con otros vehículos y nunca una camioneta o coche que yo haya vendido se utilizó para ningún delito. Yo admito que equivoqué el camino al dedicarme a la actividad que me dediqué de vender vehículos con partes sustraídas, pero decir que yo debía representarme que la camioneta se iba a usar para un atentado es una locura”.

Las frases de El Enano, como le decían a Telleldín, resumieron la situación. La cuestión de fondo es que el Estado argentino fracasó en la investigación del atentado. No pudo determinar quién perpetró el ataque, de dónde salieron los explosivos, dónde se cargaron en la Trafic, quien preparó la bomba, quién la condujo hasta la AMIA, cómo ese individuo entró al país ni quién lo ayudó. O sea, no se pudo esclarecer nada del grupo terrorista. 

En la causa judicial se acusa a Irán y en esencia al entonces agregado cultural de la embajada de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani, pero con pruebas muy circunstanciales. Que habló con teléfonos de la Triple Frontera, que usó el celular cerca de la AMIA, que ocho meses antes del atentado preguntó, vestido con la túnica islámica, por el precio de una Trafic en una agencia de vehículos usados de la avenida Juan B. Justo. Incluso la SIDE de entonces venía siguiendo a Rabbani por las sospechas relacionadas con el atentado contra la Embajada de Israel, pese a lo cual no consiguieron evidencias serias. Para sumar a eso, tampoco se encontró ningún vínculo entre Rabbani y Telleldín.

Parece obvio que la responsabilidad por el fracaso de la investigación fue, en primer lugar, de los servicios de inteligencia y las policías del Estado argentino, bajo el mandato del gobierno de Carlos Menen. En un segundo escalón estuvieron el ex juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, responsables judiciales. También cargan con responsabilidad los dirigentes de la comunidad judía que acompañaron al gobierno de Menem sin crítica alguna y lo mismo respecto de Galeano y todo el aparato judicial.

Al no saberse nada del grupo terrorista, la lógica derivación fue que tampoco se pudo establecer ninguna relación entre Telleldín y los atacantes. Ni siquiera se precisaron vínculos de El Enano con personas cercanas al terrorismo o al odio racial. Toda la prueba se centró en que Telleldín entregó una camioneta floja de papeles y que al comprador eso no le importó. Por lo tanto, debió representarse que era para un atentado. El Enano, asistido por la defensora oficial Verónica Carzolio, respondió que no tenía chances de imaginarse que alguien podría usar una camioneta para matar 85 personas. Estuvo preocupado porque el comprador tenía una forma de hablar centroamericana, pero después de la venta lo relacionó con un posible traslado de droga, nunca con un atentado. Los argumentos seguramente fueron considerados razonables por los jueces y tal vez lo absolvieron por el beneficio de la duda. Eso se sabrá cuando lean los fundamentos, en marzo.

También será interesante ver, una vez más, lo que dicen los jueces de la camioneta en sí misma. Telleldin y su abogada argumentaron que no hay prueba de la existencia de la Trafic, pero los fiscales -en este juicio Roberto Salum y Santiago Eyerhabide- ya aportaron evidencia demoledora de que el atentado se cometió con la camioneta. Utilizaron un microscopio de barrido electrónico con el que analizaron las piezas metálicas encontradas en los cuerpos de las víctimas. Ese estudio arrojó de manera concluyente que todos esos restos estuvieron sometidos a la explosión y que eran parte de una Trafic. Aún así, en sus últimas palabras, Telleldín alegó que esa prueba podía sembrarse, algo que no tiene lógica.

Finalmente, los jueces ratificaron que el atentado fue un delito de lesa humanidad, que por lo tanto es imprescriptible. Los magistrados entonces devolvieron el expediente al juzgado de primera instancia, que después de 26 años y medio debe seguir investigando todo lo que no se sabe del atentado. Se cerró así un juicio huérfano de pruebas que ratifica lo que sostienen los familiares y amigos de las víctimas: los asesinos siguen escapando impunes, entre otras cosas porque al principio, en el momento decisivo, el gobierno de Menem no exhibió ninguna voluntad política de investigar.  

Las repercusiones del fallo

La sentencia del TOF 3 fue rechazada por las organizaciones de la comunidad judía y por las entidades que agrupan a familiares y amigos de las víctimas del atentado.

Para la AMIA y la DAIA, que participaron del juicio como querella unificada, la decisión de los jueces "consagra, de manera vergonzante, el camino de la impunidad", según expusieron en un comunicado. "La absolución de quien participó en la entrega de la Trafic que hizo volar la sede de Pasteur 633 en lo que fue el peor atentado terrorista en la historia del país es un hecho hondamente lamentable, que añade más dolor y genera un desconcierto inexplicable ante los elementos probatorios presentados", sostuvieron. En su alegato, la querella unificada de AMIA y DAIA había considerado que Telleldín fue partícipe necesario de los delitos de estrago doloso seguido de muerte, lesiones gravísimas, graves y leves calificadas, y daños; por lo que había reclamado que se lo condenara a veinte años de prisión. "En total desacuerdo con el veredicto, las instituciones comunitarias rechazan la decisión del Tribunal, y recuerdan que seguirán, indeclinablemente, en el camino forjado a lo largo de todo este tiempo, para lograr justicia y condenar a los autores intelectuales y materiales de la masacre y a quienes colaboraron para que el atentado pudiera concretarse", aseguraron AMIA y DAIA al anunciar que apelarán el fallo.

La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) repudió la sentencia: "Casi 27 años después del atentado, después de 3 juicios y 8 años de audiencias llegamos a este resultado porque no hubo ni hay una investigación para esclarecer el crimen y encontrar a todos los responsables. El fracaso de esta búsqueda es no sólo el fracaso del Poder Judicial sino también del Estado argentino todo, que pretendió y aún pretende resolver un verdadero crimen político por la vía judicial. Por eso no se esclarece: están involucrados todos los órganos del poder. Esta es la razón por la cual el gobierno nacional y los partidos de la oposición se niegan a abrir los archivos secretos e impulsar una investigación seria: se trata de un crimen imputable al Terrorismo de Estado en democracia. En este derrotero cuenta con el apoyo formidable de sus relaciones internacionales, en particular de Israel y Estados Unidos". Apemia planteó que "sólo una Comisión Investigadora puede investigar la responsabilidad que les cupo a los tres poderes del Estado argentino en la producción del ataque y su encubrimiento posterior".

Memoria Activa, por su parte, recordó que este juicio fue el segundo en que "se juzgó a acusados de participar en el ataque terrorista que se cobró la vida de nuestros familiares y amigos, y en ambas ocasiones el resultado fue el mismo: la absolución de todos los implicados. 26 años después, no hay ni un solo condenado (y ni siquiera procesado). La impunidad en el caso AMIA no sucedió espontáneamente ni es una fatalidad del destino. Se construyó de forma deliberada desde las más altas esferas del Estado (con el ex presidente Carlos Menem y su jefe de inteligencia), con la participación del juez y los fiscales encargados originalmente de investigar (Juan José Galeano, Eamon Mullen y José Barbaccia), y el apoyo de la dirigencia comunitaria judía (con Rubén Beraja a la cabeza)". Por eso, Memoria Activa "promovió el juzgamiento y la condena penal a todos ellos y denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". Sobre el juicio a Telleldín, señaló que "se basó, fundamentalmente, en lo actuado y decretado por los mismos funcionarios que encubrieron", que "en todos estos años no se incorporó ninguna prueba nueva" y que el fiscal "Alberto Nisman decidió requerir, otra vez, el juicio a Telleldin con la misma prueba con la que en el primer juicio ya se había decidido su absolución". Memoria Activa concluyó que "el daño producido por las maniobras de encubrimiento parece a esta altura irreparable, y la absolución a Telleldín, un síntoma de ello. Sin embargo, continuaremos luchando para saber quiénes organizaron y ejecutaron el ataque y para que se sancione adecuadamente a todos los artífices de esta oprobiosa impunidad que padecemos las víctimas y la sociedad en su conjunto".