Es habitual que se escuche que “el déficit de las cuentas del Estado es el verdadero karma de la economía argentina”. Se apela a sentencias que asocian el comportamiento del gasto público “como si” fuese una empresa. 

Por tanto, conservar el equilibrio presupuestario "no gastar más de lo que ingresa" sería aplicable a cualquier agente, empresa, consumidor e inclusive al Estado. Enunciados como "quiebra del Estado" y "bancarrota del Sector Público" resuenan cuando el gasto supera su ingreso. 

Con ello se pretende trasladar concepciones individuales al ámbito de lo estatal. Quedaría dilucidar si la presencia del Estado beneficia o perjudica al conjunto social.

Regulación

Asumimos que hay una confusión cuando se asemejan los “objetivos” de consumidores y empresas con los del Estado. 

Desde lo individual/privado el consumidor persigue como meta: satisfacer necesidades primarias y materiales. Por su parte, la empresa privada tiene como objetivo primario la ganancia. Ambas partes de la ecuación social (consumidores y empresas) los motiva finalidades diferentes. No existe un "equilibro" entre unos y otros, más bien prima una profunda contradicción. En este marco es donde asoma la figura del Estado.

El Estado sería una especie de "mediador" entre contrapuestos. El Estado está llamado a regular al sistema económico. Por ello no se comprende aquella asimilación que equipara al "superávit fiscal" con el concepto de ganancia. El Estado no tiene semejanza con el mundo de los negocios de forma directa, es decir, el Estado no es una empresa privada.

Equilibrio presupuestario

El "óptimo presupuestario" es mantener una relación equilibrada entre ingresos y egresos. Desde el punto de vista contable esa consigna es irrefutable. Desde lo económico no es así. 

Si, por ejemplo, una empresa se endeuda para incrementar su productividad, en el corto plazo genera un desequilibrio. Ese saldo negativo sería cuestionable desde la postura del "equilibrismo cuantitivista". Sin embargo, desde lo económico lo “negativo” sería atendible puesto que ello crearía beneficios futuros.

Respecto al Estado, también una relación equilibrada entre ingresos y egresos sería recomendable. Recordemos que el Estado es un "regulador", en consecuencia todas sus acciones en materia de política económica deberían estar dirigidas a subsanar la brecha entre los objetivos de los consumidores y empresas. 

Pero hay que entender una cuestión: cuando el Estado “gasta” en compra de bienes y servicio tiene impacto directo en el sector privado. 

Si el Estado decide aumentar su gasto (inversión y consumo público) para la construcción infraestructura, educación o salud se produce una apropiación social (pública y privada). Podríamos decir entonces que el aumento del gasto público trae aparejado mayores beneficios relativos en términos generales. 

Así llegamos a la “desmitificación” del gasto público que se lo asocia a lo negativo, oscuro. Asimismo, desde el punto de vista del "equilibrismo presupuestario" el incremento de la actividad económica aumentaría incluso los ingresos públicos por recaudación impositiva y quizá, cubriría el déficit inicial.

¿David o Goliat?

Otras de las cuestiones que circulan por ámbitos académicos es la dimensión e ineficiencia del Estado. Allí anida la recomendación de su “eliminación”. Lo asociado al gasto público es una personificación del mal. Sin embargo, miremos detenidamente la participación del Estado en otros países. 

El gasto público argentino en 2018 representó el 23 por ciento del PIB. Según el Banco Mundial la proporción en Alemania fue del 28 por ciento, Australia 26, Austria 43, Francia 47, Noruega 38, Reino Unido 37 y Suecia 31. A nivel regional el gasto de Brasil en el mismo año es del 36, Uruguay 35, Estados Unidos 22, México 20 por ciento. Los porcentajes indican que el gasto público de Argentina no es colosal ni desmedido.

Según el Ministerio de Economía de los millones del gasto presupuestado para el 2020, un 75 por ciento es destinado a transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes, es decir erogaciones dirigidas a jubilaciones y/o retiros, pensiones, ayuda social, transferencias a empresas privadas, becas, actividades científicas. 

Luego se posiciona los servicios de deuda y disminución de otros pasivos con el 13 por ciento y a continuación los gastos en personal que rondan 7 por ciento. 

La lista continúa, pero es notorio el peso de las transferencias al sector privado y los gastos de personal. En consecuencia, achicar el gasto público: ¿no significaría un perjuicio al sector privado en términos de consumo, inversión y ganancia? ¿Para qué querría tener el Estado un superávit reduciendo el gasto si los perjudicados son los consumidores y empresas privadas?

Entonces quienes difunden el superávit fiscal como meta, ¿por qué y para qué lo hace? Sin ingresos no hay posibilidad de repago de deuda. Por tal, el superávit representa un "seguro" para los acreedores. El tema es cómo se logra esos aumentos de ingresos, bien por vía expansiva (aumentando la actividad económica y la recaudación) o contractiva (reduciendo el gasto fiscal). Pero la reducción del gasto fiscal no asegura un incremento del ingreso, sino más bien lo disminuirá. ¿Y entonces?

El Estado no es ángel ni demonio. El Estado "es" y si "es" es porque es necesario para equilibrar una base social/económica desequilibrada. 

¿Quién individualmente puede prescindir del Estado, quién no ha utilizado servicio o bien público? En definitiva, ¿quién alguna vez directa o indirectamente no ha acudido al Estado?

* Profesor de Economía y Miembro del Observatorio de Comercio Internacional del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján.