Una agrupación judicial opositora solicitó al FMI y otros organismos financieros internacionales que suspendan los créditos y negociaciones con el Gobierno. El pedido no se debió a una demostración de nacionalismo de un grupo de abogados que se opone a que la economía nacional sea endeudada y que prefiere romper relaciones con el Fondo antes que ceder a sus condicionamientos. 

Por el contrario, la agrupación lo solicitó para que los organismos condicionen las negociaciones y los créditos a que no se avance en ninguna reforma judicial. Una demostración del colonialismo que impera en sectores de la Justicia, acudiendo a los organismos internacionales de crédito como herramienta de extorsión para mantener sus posiciones internas.

Esta alianza entre sectores del establishment local (en este caso, su brazo judicial) con poderes externos para mantener sus privilegios, no es novedad. Así se conformaron las clases dominantes locales desde la conquistan española hasta la subordinación económica con Inglaterra y, más tarde, con los Estados Unidos. 

El uso del sobreendeudamiento externo como herramienta para consolidar la dependencia financiera tampoco es original. Como documentó Raúl Scalabrini Ortiz en Política Británica en el Río de la Plata, la independencia política fue reconocida por Inglaterra sólo después de que se aceptara el crédito de la Baring Brothers que  subordinaba al país como colonia económica de dicha potencia.

Desde esa perspectiva, la política de endeudamiento de Mauricio Macri no debe ser tomada como un simple error de cálculo. Los bancos extranjeros se confiaron en que Vaca Muerta, tarde o temprano, respaldaba sus créditos. Pero, más tarde que temprano, llegado cierto volumen de crédito, cortaron el financiamiento e impulsaron la corrida que terminó con la llegada del FMI. 

Por su parte, los funcionarios macristas tomaban créditos sabiendo que no los podían pagar, para generar en forma deliberada la dependencia financiera. Esto es, una economía sobreendeudada que depende de créditos y reestructuraciones permanentes con el riesgo de un estallido cambiario. 

Ese tipo de economía genera el empoderamiento de los acreedores y sus representantes locales, que pasan a condicionar las políticas para tornarlas aceptables al paladar de las calificadoras, consultoras, bancos, organismos internacionales de crédito, embajadas que pesan en sus decisiones. 

Así, si Cambiemos seguía en el Gobierno, la presión de los acreedores era el argumento para justificar programas económicos antipopulares que no tenían otra forma de legitimar ante el electorado. Si, como finalmente sucedió, perdían las elecciones, era el elemento de presión para condicionar las políticas del gobierno popular y sostener sus privilegios.

El pedido de “Será Justicia” busca extender la dependencia financiera más allá del ámbito de las políticas económicas que suele interesar a los acreedores y sus representantes. Con argumentos republicanos e institucionalistas, lo expanden al mantenimiento del status quo en el aparato judicial que, a nivel regional en los últimos años, demostró ser la retaguardia de las oligarquías ante el avance popular.

@AndresAsiain