Desde México

Después de su paso por el Senado de la República, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones 

La reforma, precisó el canciller Marcelo Ebrard, no está dirigida ni a la DEA ni al FBI, sino a todos los agentes extranjeros del mundo que operan en México. Pero el mensaje es claro, el gobierno mexicano quiere limitar la operación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en la que considera su frontera sur, rescatando la soberanía que entregaron los gobiernos del PRI y del PAN.

Aunque parezca mentira, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional plantea lineamientos que en otros países son lo habitual, pero en México no estaban normados hasta ahora: se adiciona el concepto de agentes extranjeros, se establece que las embajadas deben informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la presencia de los mismos en territorio nacional, se ordena a los servidores públicos informar de sus reuniones con dichos agentes extranjeros, y se estipula que dichos agentes no tendrán inmunidad, ni pueden inducir a hacer detenciones o allanar domicilios, práctica habitual en la relación de la DEA con el Ejército o la Secretaría de Marina.

La reforma a la Ley de Seguridad Nacional mandata asimismo que cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, México suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los agentes extranjeros en el territorio nacional.

La Ley de Seguridad Nacional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2005. Hasta entonces el único acuerdo expedido por el gobierno mexicano para regular las actividades de los agentes extranjeros en territorio nacional databa de 1992. En agosto de 2010, durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa (PAN) se autorizó y se instaló en un céntrico edificio de Paseo de la Reforma, la oficina Binacional de Inteligencia (OBI), que hasta entonces habría sido ocupada por personal del Departamento de Defensa, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Buró Federal de Investigación (FBI), así como de los departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro, sin necesidad de encubrir a sus agentes diplomáticos y sin tomar en cuenta las objeciones de las Fuerzas Armadas.

Ya desde antes la relación entre las agencias de inteligencia estadounidenses y las fuerzas armadas y policiales mexicanas era de colaboración pero también tensión. Un punto álgido de esa relación fue el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena, ex marine, mexicano naturalizado estadounidense, que desde la oficina de la DEA en Jalisco se infiltró en el Cartel de Guadalajara que dirigía Rafael Caro Quintero. Las sospechas de la implicación de la CIA y el caso Irán-Contra por el que las agencias de inteligencia estadounidenses se implicaron en el tráfico de cocaína para financiar a la contra nicaragüense siempre estuvieron presentes y marcaron la relación México-EEUU en este caso.

En 2012, un agente del servicio de aduanas fue asesinado por el Cartel de los Zetas, y se descubrió que estaba armado, a pesar de que la Ley de 1992 lo impedía. Por eso, en 2015 y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI), se aprobó un decreto que autorizaba que los agentes extranjeros portaran armas de manera legal, tanto los agentes de migración y aduanas estadounidenses en México, como agentes de inteligencia y escoltas, sin límite de armas pero sí de calibre (.40) con excepciones para portar fusiles de asalto.

Tras la llegada de López Obrador al gobierno de la República el 1 de diciembre de 2018, se han dado pasos para avanzar en la recuperación de la soberanía entregada por anteriores gobiernos. Recuperación de la soberanía en el ámbito de las relaciones internacionales (salida del Grupo de Lima), territorial (creación de la Guardia Nacional para el control de amplias partes del territorio abandonado por el Estado y entregadas al narco), económica (apreciación del peso frente al dólar), y energética (refinería de petróleo de Dos Bocas). La reforma a la Ley de Seguridad Nacional profundiza en esa recuperación de soberanía, poniendo a México sino en igualdad de condiciones respecto de Estados Unidos, sí al menos obligando al vecino del norte a no cometer ninguna ilegalidad en suelo mexicano, por medio de sus agencias de inteligencia (la DEA cuenta con 5 oficinas regionales en México a lo largo y ancho del país en Guadalajara, Hermosillo, Mazatlán -Sinaloa-, Mérida y Monterrey).

Todo ello se da, además, en medio de un ambiente de cordialidad propiciado por la reciente charla telefónica entre López Obrador y Joe Biden, donde hablaron sobre el combate a la pandemia, los acuerdos comerciales y, sobre todo, la delicada cuestión migratoria, elemento central de la relación bilateral durante 2021.