La Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP) denunció que sus referentes sufren presiones de la Policía para que desistan de realizar reclamos. Esta es la organización que viene exigiendo al gobierno provincial un diálogo intercultural para la definición de políticas públicas destinadas a los pueblos originarios. 

La UACOP sostuvo que ayer en horas del mediodía "un comisario de Santa Victoria Este, Diego Nievas, ingresó prepotente al territorio de las comunidades del Pilcomayo en busca del presidente de la UACOP, Abel Lutsej Mendoza, a quien increpó por ser dirigente de la Unión Autónoma de Comunidades del Pilcomayo", afirmó la organización en un comunicado bajo el título "La Policía de Salta aprieta a caciques para que no hagan política indígena". 

Según informaron referentes de las comunidades, Mendoza fue interceptado, "amenazado y presionado" en su comunidad Santa Victoria 2, hasta donde llegaron el comisario Nievas y un ayudante, quienes "entraron sin ninguna consulta a la Comunidad o al cacique" y "fueron a presionar al presidente por motivos de la marcha histórica que se realizó" hasta la ciudad de Salta para exigir el diálogo al gobernador.

Mendoza preguntó a los policías si tenían una orden judicial para ingresar sin permiso a la Comunidad, y Nievas "respondió que solo recibe órdenes de arriba y que ellos tenían derecho de entrar" en el lugar donde quisieran "porque son la ley".

El incidente fue difundido inmediamente por la UACOP y motivó que ayer mismo la delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de María Martínez Morales Miy, presentara una denuncia formal en contra del accionar policial. 

La UACOP refirió que el policía "dijo que debía averiguar los antecedentes políticos de Mendoza luego de que en las últimas semanas de noviembre asistiera a la Mesa de Diálogo Intercultural en Casa de Gobierno". 

Y responsabilizó por este hecho al gabinete de gobierno de Gustavo Sáenz. Denunció que, "Fiel al estilo represor que caracteriza a la oligarquía gobernante", el gabinete "ha dispuesto una persecución deliberada sobre caciques y dirigentes originarios en (el departamento) Rivadavia, haciendo caso omiso de todos los derechos que permitan a la ciudadanía argentina, la libre participación política en procura de defender sus intereses conculcados como son la soberanía alimentaria, el acceso al agua potable, a la asistencia médica, la vivienda digna, la educación multicultural, la libre expresión, el trabajo justamente remunerado, la protección del Estado ante la inseguridad". 

En cambio, en lugar de promover acciones para avanzar en este sentido, el "estado provincial, al mando de Sáenz, pone en marcha dispositivos de 'inteligencia' sobre cualquier persona del pueblo trabajador que realice algún tipo de acción política individual y colectiva", acusó la organización que reúne a comunidades del extremo noreste de la provincia, en el Chaco salteño.

Lutsej Mendoza dijo que el comisario lo conminó a informarle todos sus movimientos, sus decisiones como presidente de la UACOP y sus traslados, lo que para la organización implica una pérdida de derechos y garantías fijados en la Constitución Nacional y provincial y en tratados internacionales y disposiciones sobre derechos humanos, "que le caben como a cualquiera otra persona que habita en suelo argentino".

E insistió: "La Policía de Gustavo Sáenz vuelve a la carga con el esquema represivo de los 70 para incomodar a la población en pleno uso de sus derechos ciudadanos. Razón por la que se hace responsable de cualquier maltrato, amenaza, armado de causa judicial" a "las autoridades provinciales que obren en contra de las comunidades originarias y sus caciques".