El surgimiento y expansión del SARS-CoV-2 ocasionó una pandemia. Esta situación y las medidas dispuestas para atenuar su propagación en pos de cuidar la salud y vida de los/as argentinos/as supusieron acotar actividades sociales y económicas a las esenciales, con el consecuente impacto en los ingresos y el empleo.

Hubo una respuesta gubernamental a la altura de ese inédito escenario. Vale detenerse en sus características para tener una perspectiva histórica, y así dimensionar la importancia de las medidas implementadas en estos meses.

En este sentido, cabe mencionar que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que alcanzó a casi 9 millones de personas, mientras que el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados/as que se implementó como respuesta a la crisis del 2001 cubrió a 2,3 millones de personas.

Hay un antecedente al Programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que alcanzó a 2,8 millones de trabajadores y casi 310 mil empresas, que es el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) que brindó asistencia a 140 mil trabajadores/as y a 14.500 empresas.

Un detalle que no es menor: el IFE y el ATP fueron dispuestos apenas iniciada la pandemia y con un gobierno trabajando, casi en su totalidad de manera remota, producto de la situación que también lo afectaba y buscaba atender.

Otra etapa

Se abre una etapa ahora donde coexisten instrumentos de sostenimiento (continuidad del ATP y puesta en marcha del REPRO II) con otros de recuperación del empleo (inversión en obra pública para el 2021, incentivos al consumo), pero lo cierto es que la recuperación requiere, además de medidas puntuales, de un conjunto de condiciones socioeconómicas e institucionales para perdurar en el tiempo.

Hay indicios, los primeros, de un tenue crecimiento de la actividad económica, así lo reflejan el Indicador Mensual de Actividad Económica del Centro de Estudios de Producción del Ministerio de Producción y el Estimador Mensual de Actividad Económica del Indec. Ambos asumen un signo positivo a partir de mayo, aunque sin dejar de estar por debajo del mismo mes del año anterior.

Más allá de esta coyuntura, se sabe que el crecimiento del Producto guarda una relación de signo positivo, la mayoría de las veces, con el comportamiento del empleo. Ya en los sesenta se intentó dar cuenta de este fenómeno a través de la evidencia empírica. Arthur Okun, economista estadounidense, fue quien observó este fenómeno por primera vez y buscó regularidades, patrones; por lo que al estudio de esta temática se la denominó Ley de Okun.

Hay que revisitar a Okun, volver a leerlo para conocer más sobre la tasa de elasticidad Producto-Empleo, observar cómo esta tasa varía en distintos momentos y estudiar los factores que explican el mayor o menor impacto en el crecimiento del empleo. Existen múltiples factores que explican estos “diferenciales”. Por caso, productividad, inversión, comportamiento sectorial de la económica y demanda agregada. Hay un lugar aquí para la innovación en el enfoque y el hacer de las intervenciones en materia de política pública de empleo.

Modelo

Explorar estas posibilidades abre una nueva perspectiva para pensar el desarrollo. En otras palabras, hay maneras del crecimiento económico más favorables a la creación de empleo. Desde ese lugar entendemos el concepto de desarrollo, básicamente como espacio de potencia para mirar y transformar nuestro país, recuperando lo mejor de la tradición iniciada por Raúl Prebisch hasta llegar a Amartya Sen.

Desde esta perspectiva y entendimiento, las políticas de recuperación del empleo suponen, en principio, de una institucionalidad, que excede a la del propio Estado, seguidamente, de medidas generales que apunten a un modelo de desarrollo y, a partir de las dos anteriores, una serie de instrumentos particulares destinados a mejorar la cantidad y la calidad del empleo.

La institucionalidad debe recuperar las mejores experiencias del diálogo social preexistentes en nuestro país, que incluyen al tripartismo pregonado por la Organización Internacional del Trabajo, pero lo exceden, integrando en nuestro caso a organizaciones y movimientos sociales y demás actores de la sociedad civil. Estas nuevas representaciones no son otra cosa que el reflejo de los cambios observados en el mercado de trabajo. Quizá valga revisar, en este sentido, la experiencia de la Mesa de Dialogo Argentino de 2002.

Por lo tanto, resulta imprescindible en el actual contexto, pero también en la perspectiva de mediano plazo, disponer de este espacio de diálogo y constituir el Consejo Económico y Social. En éste podrán discutirse y proponerse las políticas que promuevan el crecimiento económico y la recuperación del empleo.

Medidas

Hay, en un segundo orden, un conjunto de medidas amplias donde se ordenan y adquieren sentido las distintas intervenciones estatales en post de, por ejemplo, de lograr un objetivo de empleo.

Establecer objetivos respecto del empleo, promoviendo su cantidad y cuidando su calidad, supone delinear una vía hacia el desarrollo del país y, vale aclararlo, éste se construye desde el Ministerio de Trabajo, pero también del de Economía, Producción, Obras Publicas. Se hace desde el conjunto de las intervenciones públicas que enfocan su accionar en el impacto que tienen en materia de empleo.

Las afirmaciones que venimos sosteniendo implican que existen distintos modelos de crecimiento con diferentes impactos en el empleo. Por lo tanto, adoptar un modelo de crecimiento económico con inclusión laboral implica, al menos, tres órdenes de intervención: 

1. Las referidas a promover la inversión pública ( infraestructura) y privada (incentivos económicos y legales).

2. Las destinadas a fortalecer la producción nacional y exportaciones con valor agregado, que incluye desde instrumentos arancelarios hasta el tipo de cambio.

3. Las destinadas a incentivar el consumo de las personas y los hogares (subsidios a la financiación de créditos personales). 

Evaluar el impacto en el empleo de cada medida de política pública permite construir y alimentar de manera continua un mapa de oportunidades para el empleo.

Políticas particulares

Luego de establecido el anterior marco institucional y socioeconómico, tiene lugar y sentido aplicar políticas particulares para la recuperación del empleo destinadas a determinados grupos de colectivos de trabajadores/as, aquellos/as con mayores dificultades de participar en el mercado de trabajo, empezando por los últimos para llegar a todos, en palabras del presidente Alberto Fernández.

Hoy el mercado de trabajo es un espacio donde existen y se producen desigualdades. Francis Dubet, sociólogo francés, habla del proceso de individualización de las desigualdades, ya no basta la clase para explicar qué tan distintos somos; se multiplican las categorías, jóvenes, migrantes, mujeres, diversidades sexuales, pueblos originarios, mayores de 45 años. 

Esos/as individuos desiguales requieren de distintos tipos de apoyo en su proceso de inserción laboral, abordar esta heterogeneidad para transformarla supone recuperar las capacidades del Estado en materia de políticas laborales y de empleo.

Las políticas particulares públicas de empleo deben enfocarse en estas poblaciones y observar, al mismo tiempo, la dinámica de los sectores de actividades económicas y su expresión en los territorios del país. En esta instancia el rol del Gobierno implica promover el encuentro entre los/as trabajadores/as y esas oportunidades a través de la construcción de trayectos formativos-ocupacionales. 

En esa instancia las Oficinas de Empleo Municipales y los espacios multiactorales locales tendrán un rol protagónico en el territorio, esta institucionalidad debe conjugar acciones de formación profesional y dispositivos de promoción del empleo, observando trabajadores/as y requerimientos de las empresas.

Desde este enfoque, y con estos entramados de articulación y distintos niveles de intervención, podría afrontarse una salida de la pandemia centrada en el empleo y la producción nacional y que permita comenzar a transitar el camino del desarrollo.

* Subsecretario de Promoción del Empleo.