Luego del escándalo que generó el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que establece que solo podrán reclamar vacantes para la escuela pública los que no puedan pagar la educación privada, el abogado querellante de la causa que originó la sentencia, Eduardo Barreyro, dijo a Página/12 que se preparan para recurrir a la Corte Suprema de Justicia “porque tenemos todos los elementos para hacerlo”. La resolución judicial viola la Constitución de la Ciudad y va en línea con la postura del gobierno porteño: según el abogado, el TSJ tomó argumentos “textuales” del Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña y el accionar de los jueces estuvo totalmente alineado al Poder Ejecutivo. “Fueron tan obsecuentes que es terrible”, afirmó. Desde distintas organizaciones y espacios políticos impulsarán un pedido de juicio político contra Marcela De Langhe, Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Lozano, los jueces que votaron a favor de la sentencia que atenta contra la igualdad de derechos en la infancia. 

El fallo, que consta de 43 fojas, sienta un antecedente alarmante no solo para la educación inicial, sino para todos los niveles de la educación pública e incluso, potencialmente, para otras áreas. La abogada Cecilia Fernández, del grupo de Litigio Estratégico, se preguntó: “¿Y en salud qué va a pasar? ¿Los hospitales también serán solo para los pobres? Están mandando señales para otras cosas. En uno de los párrafos del fallo, la jueza De Langhe hace una enunciación de normativas y termina concluyendo que la educación superior es para quienes tengan el mérito de acceder a una vacante. En nuestro país eso no existe”, remarcó. 

El juez Lozano –que redactó algunos fragmentos de su argumentación en inglés– escribió en el fallo que las demandas por vacantes no deben ser individualizadas, sino que deberían estar agrupadas en una demanda colectiva de la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Esta organización, como respuesta, publicó un comunicado en el que detalló la contradicción de la postura del TSJ y del Gobierno de la Ciudad al negar el acceso universal a las vacantes. “Hace casi diez años, en el marco de un acuerdo vigente con ACIJ, el GCBA reconoció la importante problemática de falta de vacantes y se comprometió, como marca la Constitución de la Ciudad, a garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días y hasta los cinco años, a través de un plan de obras sostenido y financiado en el tiempo. Sin embargo, esta situación solamente ha empeorado”, aclararon, en relación a la creciente falta de vacantes, que pasó de 3500 en 2011 a 9120 en 2019, según los datos de la organización.

La ACIJ, en este sentido, aclaró que el TSJ “desvirtúa el sistema constitucional de protección de derechos en cabeza del Poder Judicial” y que “la decisión judicial que considera que el GCBA no se encuentra obligado a garantizar vacantes previo a sala de tres años, es absolutamente regresiva respecto de los compromisos que ya había asumido el Poder Ejecutivo Local”.

“Es el fallo más bestial que vi en mi vida”, aseguró Barreyro, quien además de representar a la familia querellante en el caso en cuestión es abogado de cientos de familias que se encuentran en la misma situación. “Podría dar una clase de derecho constitucional explicando todo lo que no hay que hacer con esta resolución del Tribunal, porque vulnera los derechos de la niñez, de la igualdad y de la educación, entre otros. El problema es que confunden la educación con asistencialismo”, dijo y recordó que “el fallo de segunda instancia, a diferencia del que emitió el TSJ, está muy bien fundamentado. Son 23 los jueces de esta instancia que dicen lo contrario al Tribunal, jueces que entraron por concurso. Si el TSJ piensa que los jueces de primera instancia y segunda lo van a seguir, están equivocados”, opinó.

Para Cecilia Fernández, al igual que para Barreyro, los argumentos del Tribunal van en línea con los del gobierno de la Ciudad. El máximo organismo de justicia porteño y el ejecutivo postulan que “la educación no es obligatoria a partir de los 45 días, sino a partir de los cuatro años. Pero, si bien hasta cumplir los cuatro años los padres pueden decidir no mandar al niño a la escuela, el Estado tiene la obligación de garantizar la vacante si así lo desea la familia”. Esto es, justamente, lo que establece el artículo 24 de la Constitución porteña, que dice: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.

En caso de que la querella apele al fallo, la Corte Suprema de Justicia deberá definir si toma o no el expediente. “Nosotros apelaremos este o el que sigue porque tenemos muchos casos por el mismo tema en el tribunal. Hay que ver si la Corte lo quiere tratar”, aseguró el abogado querellante en la causa. La perspectiva de Fernández, en tanto, es que “con la Corte nunca se sabe porque no tiene plazos establecidos para resolver. Puede ser que decida no tratarlo, o bien que lo tome y lo resuelva. En ese caso, también es incierto el resultado, porque para nosotros es increíble el fallo del TSJ, pero la Corte puede ir en el mismo sentido”. 

En el fallo, los jueces se amparan en la responsabilidad de la Legislatura porteña sobre el asunto. El exconsejero de Niños, Niñas y Adolescentes en la Legislatura José Machain hizo hincapié –en diálogo con este diario– en que los jueces que votaron a favor del fallo argumentaron que “los legisladores no le han provisto al Ejecutivo las partidas presupuestarias para la ampliación de los derechos de los niños para acceder a vacantes, lo cual es de un cinismo tremendo, porque esos magistrados no pueden desconocer que la Legislatura porteña, desde que el PRO es gobierno, tiene mayoría automática”. “Son ellos mismos los que, no solo no dan las partidas necesarias para ampliar, sino que sistemáticamente han achicado el presupuesto educativo hasta llegar a que en 2021 sea el más bajo de los últimos diez años”, añadió.

Por esta complicidad entre el TSJ con el PRO, Machain impulsa, junto a otros sectores, un juicio político contra estos jueces. “La mayoría del TSJ está incumpliendo el rol para el que fueron asignados, que es hacer velar la plena vigencia, en todos sus aspectos, de la Constitución de la Ciudad”. En ese sentido, agregó que “tenemos que marcar un precedente para que este tipo de situaciones no pasen inadvertidas. Si la Corte Suprema no hace lugar, que quede claro que hay un enorme rechazo y que hicimos todo para evitar estas situaciones”. “El juicio político lo podemos pedir como ciudadanos junto a organizaciones como Familias para la Escuela Pública, organizaciones sociales, legisladores y distintos sectores de la comunidad educativa”, indicó y advirtió que, “esto recién está empezando”.