El jueves pasado, con la sanción de la Ley de Presupuesto Provincial 2021, la Cámara de Senadores dio por concluido el año legislativo, y si bien la pandemia impidió por momentos los encuentros presenciales, prosiguieron sesionando a distancia primero, y de modo mixto después. Solo se mantuvo paralizado un par de semanas en el peor pico de coronavirus en Salta y con varios contagiados entre sus trabajadores y representantes.

Fueron 31 sesiones ordinarias, una especial y una extraordinaria, justamente la que dio inicio a un año muy convulsionado, ya que en plena crisis por la muerte de niños de Pueblos Originarios en el norte provincial, el gobernador llamó a sesionar en febrero no para tratar la Emergencia Socio Sanitaria, sino para ampliar el número de integrantes de la Corte de Justicia, que se estiró de 7 a 9 miembros.

Más adelante llegaría el turno de la pandemia y una lista innumerable de leyes, resoluciones, pedidos de informe y declaraciones en el ámbito sanitario. Posteriormente la temática viraría hacia lo económico por la crisis que generó el aislamiento.

También hubo un pedido de reestructuración de la deuda provincial por casi USD400 millones  y dos solicitudes de endeudamiento con el Estado Nacional por más de $3.500 millones.

En el medio se aprobó la intervención de Aguaray, que significó el final de Enrique Prado como intendente tras el escándalo por el robo millonario de 35 kilómetros de caños del gasoducto NEA. 

Al cerrar el año, se discutió también acaloradamente la reforma de la Ley de Regalías Mineras, que le quita el 50% que recibían los municipios productores y entrega a las arcas provinciales el 70%, repartiendo el resto a todas las localidades salteñas y a un Fondo de Promoción Minera. 

Y por último, el presupuesto 2021 presentado por el gobernador, el primero de su gestión.

Fueron en total 99 leyes que pasaron por el Senado, de las cuales 36 se enviaron a la Cámara baja, 12 volvieron en revisión a Diputados, 47 se sancionaron, tres de ellas insistirán en su sanción en otro momento y una fue vetada por el ejecutivo. 

Se presentaron 748 declaraciones de las cuales 689 fueron aprobadas y 59 aún están en comisión. También se pidieron 135 informes al Ejecutivo y Organismos Nacionales y hubo 126 resoluciones. 

Escaso presupuesto para violencia

Manuel Pailler, que tras un paso por Diputados cumplió su primero año en el Senado, consideró que a pesar de haber sido un período atípico “fue muy intenso y con muchísimo trabajo”. Es el único médico en el cuerpo y preside la comisión que cobró centralidad en este año atravesado por la Covid-19. Justamente Salud fue la comisión que más dictámenes y normativas expidió.

También fue miembro integrante del Consejo Federal Legislativo de Salud integrado por todos los presidentes de las comisiones de Salud del país de las cuales participaba el ministro de Salud, Ginés González García, y del Parlamento del NOA.

El legislador fue uno de los más críticos a la propuesta del Ejecutivo de ampliar en número de jueces de la Corte, por considerar que no era necesario ni oportuno en un momento de crisis económica y sanitaria. “Aumentar el número de jueces de Corte no le trae ningún beneficio a la justicia pero sí desfinancia las arcas provinciales”, sostuvo.

A su vez, Pailler reiteró como en aquel momento en el recinto, sus reparos ante la postulación de los jueces Horario Aguilar y Alejandra Gauffín.

Justificó la intervención de Aguaray “porque era un delito flagrante” del ex intendente, y también acompañó tanto el permiso para renegociar la deuda provincial como los dos empréstitos que asumió Salta con el gobierno nacional. “Eran deudas que no corresponden a esta gestión como el Fondo de Corrupción Histórica, le teníamos que dar las herramientas legales”, dijo haciendo referencia al Fondo de Reparación Histórica.

Con respecto a los dos préstamos por más de $3.500 millones con Nación, consideró que eran necesarias, “estaban dando una ayuda a todas las provincias prácticamente a tasa cero y la necesitamos”, y destacó el préstamo para ampliar el Hospital San Bernardo como un gran avance para el sistema sanitario, “como médico no puedo no aprobar esa medida”.

Y si bien acompañó el presupuesto presentado por el ejecutivo para el año que viene, fustigó el poco dinero destinado a las políticas de género y de erradicación de la violencia, “Salta tiene una de las tasas más altas de femicidio y en la pandemia han crecido las denuncias más del 200%, y eso no se vio reflejado y acompañado con mayores partidas y proyectos para combatirlo”.

Otro de los puntos flacos de la ley de presupuesto para el representante de San Martín, fue el destinado al desarrollo productivo y los Parques Industriales “que son los motores del desarrollo”. Por último, pidió encarecidamente al ejecutivo que se “realice la ejecución presupuestario, sino es un dibujo, como fueron los presupuestos de la gestión anterior”.

“Estuvimos a la altura de las circunstancias”

El vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco, realizó un raconto de la crítica situación que encontró el gobierno en el norte provincial ni bien asumido, y aseguró que hacia allí se dispararon todos los cañones del Ejecutivo y que el cuerpo legislativo acompañó en ese sentido. Y sin salir de esa Emergencia, llegó el coronavirus a Salta, “mientras atendíamos la emergencia alimentaria y sanitaria en los tres departamentos del norte apareció la pandemia, algo que no estaba en los pronósticos de nadie”.

Para Marocco, sin un manual de cómo hacer las cosas, se tomó la determinación de avanzar y entregar herramientas al Ejecutivo desde lo sanitario y la seguridad para garantizar la gobernabilidad, “fue todo muy doloroso por las pérdidas, pero nos puso a prueba”.

Sostuvo que la mano del conductor provincial gestionó préstamos “que consiguieron de alguna manera paliar la situación económica que estábamos atravesando”, y expresó que la legislatura estuvo acorde a lo que demandaba el momento autorizando esos empréstitos.

Defendió la ampliación de la Corte de Justicia en términos del colapso judicial, entendiendo que dos jueces podían darle mayor celeridad a las causas, y reconoció que produjo “lo que muchas veces generan las decisiones políticas, que son reacciones entendibles”. Pero a su modo de ver, la justicia “está dando una mejor respuesta” desde su reforma.

Sobre el DNU 255/20 dictado en plena pandemia para otorgar superpoderes a la policía, explicó que “había un vacío”, pero que luego se procedió a reformar el sistema contravencional para dejarlo en manos de la Justicia.

El vicegobernador adujo que la Ley de Regalías Mineras necesitaba reformas y es una posibilidad de desarrollar la provincia “muy importante”, pero agregó que así como se modificó “se puede volver a reformar, porque todas las leyes son perfectibles”.

Y del presupuesto provincial dijo que es el plan de gobierno del Ejecutivo y que sirve para “expresarle a la sociedad cuál va a ser la prioridad”, a la vez que consideró que fue una propuesta equilibrada y ambiciosa a la vez frente a la situación económica reinante, que apuntan fundamentalmente a la Educación y a la Salud.

“Un presupuesto ambicioso”

Para Javier Mónico también fue su primer año en el Senado, y evaluó que la crisis sanitaria primero y la económica después, obligaron a todos, incluida la legislatura, a reacomodar los planes que tenían para el 2020. Pero como sus pares, sostuvo que hubo mucho trabajo y que siente que cumplió su función como uno de los tres poderes del Estado.

El representante por Rosario de la Frontera resaltó lo realizado por el presidente de la Cámara, Antonio Marocco, y uno de los más antiguos legisladores como Mashur Lapad en cuanto a transmitir tranquilidad y no agregar más caos desde el espacio que ocupan.

Subrayó la Emergencia al Turismo en el marco de la crisis económica devenida por el aislamiento como una de las principales medidas de apoyo al sector, aunque lamentó que luego el presupuesto no reflejara ese apoyo destinado a uno de los sectores más castigados durante este año. “Para las actividades productivas en general se establecen $300 millones y para el turismo solamente $30 millones”, dijo resignado.

Desde lo personal recordó que presentó un proyecto de mecenazgo educativo como el que este año se sancionó para la Cultura, para que el sector privado también acompañe a las instituciones públicas, y en la última sesión uno para impulsar los biocombustibles. Ambos aún esperan su tratamiento en comisiones.

Más allá de las críticas puntuales, indicó que el presupuesto provincial le parece en principio ambicioso y al igual que su par de San Martín, deseó que cumpla y no se quede solo en los papeles, “porque dotaría de una infraestructura importante a la provincia en materia de salud, educación” y obras públicas apuntadas al desarrollo.

Por último criticó la reforma de la Ley de Regalías Mineras que modificó los índices destinados a los municipios, “esa distribución no la acompañé, yo voté en contra de ese artículo, porque lo demás me parecía entendible”.

Pero apuntó al control que deberán realizar sobre los fondos, ya que la ley detalla que recaerán en Rentas “estos recursos, que van a ser importantes, tenemos que garantizar que sean bien invertidos en infraestructura que permita progreso para la región de la cual se extraen los minerales y en inversión en alternativas productivas”, ya que su preocupación es qué pasará con esos pueblos el día que las empresas mineras dejen de producir.

“Es una actividad que degrada el ambiente, que utiliza sus recursos naturales y les consume el agua, entonces no me parece mal que los municipios de la región obtengan mejores ingresos que los demás”, culminó.