La vicepresidenta Gabriela Michetti fue sobreseída en la causa en la que se investigaba el origen de los 245 mil pesos y los 50 mil dólares que le fueron robados de su casa el 22 de noviembre de 2015, mientras festejaba la victoria de Cambiemos en la segunda vuelta, aunque el hecho se conoció recién ocho meses después.

Michetti estaba imputada luego de que dijera públicamente que una parte de los más de 200 mil pesos sustraídos de su hogar pertenecían a la fundación SUMA, otra parte era para hacer reformas en su hogar y que los 50 mil dólares eran de un préstamo que le había hecho su pareja, Juan Tonelli, para pagar una maestría de su hijo en el exterior. El dinero estaba repartido en lugares muy precisos de la casa (el cajón de la mesa de luz, una bolsa de papel madera a un costado de la cama, y en el interior de dos placares distintos).

Cabe recordar que Michetti comparte la dirección de la fundación SUMA con el jefe del bloque del Senado, Federico Pinedo; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; y el titular del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, entre otros. La tesorera era María Elizabeth Conte Grand, esposa de Luis Majul.

Según reveló Página/12, los testigos convocados por Michetti declararon que no les dieron recibos por sus aportes de hasta 15 mil pesos. Y que, en muchos casos, las donaciones representaban un porcentaje alto de sus sueldos. Fueron amigos, amigas, familiares y colaboradores de ella, que relataron que les dieron dinero en efectivo a los encargados de “hacer una vaquita” que, según sus declaraciones, eran la hermana de Michetti, Silvina, su jefe de despacho, Santiago Riobó, y el senador Pinedo. 

El robo fue divulgado por el diario cooperativo Tiempo Argentino, y la Policía Metropolitana, a cargo de la investigación, argumentó que no había difundido el hecho porque había sospechas sobre el círculo íntimo de Michetti. El principal acusado del hurto es David Juan Pablo Cruzado, por entonces custodio de la vicepresidenta, asignado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

La denuncia que originó la causa fue presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien pidió que se investigaran las supuestas donaciones, de quiénes provenían, cómo se concretaron y si cumplían con la normativa vigente que rige para las fundaciones. También había pedido la indagatoria de Michetti, para que sea interrogada como sospechosa de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y omisión maliciosa.

Martínez Herrero planteaba que si los 200 mil pesos eran donaciones, el dinero debía estar bancarizado. Y además aportó el dato de que SUMA no tenía empleados ni balances al día.

Luego, los diputados del FpV Juan Cabandié y Rodolfo Tahilade ampliaron la denuncia y apuntaron a SUMA como el paradigma bajo el cual funcionan otras fundaciones ligadas a Cambiemos, como pantallas para recaudar fondos para la política. Incluyeron en la lista a Creer y Crecer, presidida por el intendente de Lanús Néstor Grindetti; Formar, de Guillermo Dietrich; y Fundar Seguridad, de Eugenio Burzaco.