El debate por la legalización del aborto tendrá su punto final el próximo martes en el Senado. A tan sólo 48 horas de la sesión, los verdes se muestran optimistas y aunque se esfuerzan por esconder los números no dudan en repetir que “los votos para aprobar el proyecto están”.
El oficialismo se ocupó esta semana de terminar con las especulaciones respecto de la posibilidad de que el texto pudiera recibir modificaciones durante su tratamiento en el recinto. En ese marco, no parece haber margen para las sorpresas y sólo resta esperar la hora de la votación para confirmar la tendencia que muestra un resultado ajustado a favor de los verdes.
Si bien, tanto de Casa Rosada como desde el grupo de senadoras verdes del Frente de Todos decidieron mantener el hermetismo sobre el relevamiento de votos, lo cierto es que puertas adentro de los despachos se habla de una ventaja que será como mínimo de dos votos a favor de la iniciativa enviado por el Poder Ejecutivo.
Hasta el lunes pasado los relevamientos mostraban una paridad absoluta, con 34 votos por bando y dos indecisos. Pero, la internación de Carlos Menem y la reunión del senador salteño Sergio Leavy con Alberto Fernández, modificaron el escenario. Así las cosas, el proyecto contaría con 34 votos a favor y 32 en contra. Sin embargo, con dos senadores que aún no definieron su posición y con el rionegrino Alberto Weretilneck inclinándose por la abstención, en los pasillos de la Cámara alta ninguno de los cómputos previos es tomado como definitivo. La cautela, en este caso, tiene que ver con no subestimar a un sector de Juntos por el Cambio que milita para hacer fracasar el proyecto. Por eso, desde el oficialismo no sólo trabajan sobre la definición de los indecisos, sino también para que no haya fugas.
En la recta final hacia el recinto, las senadoras verdes destacan el trabajo realizado por la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra; y el propio Presidente para empujar la sanción de la norma. En ese contexto, señalan que más allá de lo reñida que parece la votación en la previa, la voluntad política del Ejecutivo será la que termine inclinando la balanza. Por eso, a la ahora de analizar las posibilidades, las senadoras aseguran que el periplo parlamentario del proyecto de la legalización del aborto es muy similar al que tuvo que sortear el matrimonio igualitario, donde la determinación del Ejecutivo fue central para lograr la aprobación del texto. En en la misma línea, las legisladoras marcan las diferencias con el debate de 2018, cuando el Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri jugó fuerte para que la norma no avance.
La discusión, como durante todo el año desde que se declaró la pandemia por coronavirus, volverá a ser a través de videoconferencia y sólo se permitirá a poco más de una docena de legisladores en el recinto: cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y seis por las demás bancadas.
El resto de los legisladores deberán pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex que viene utilizándose desde mayo y que funcionó sin mayores inconvenientes durante los meses de la pandemia de coronavirus.
El proyecto que se tratará el próximo martes desde las 16, fue girado al Senado luego de haber sido aprobado en Diputados el 11 de diciembre, por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018. Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente. Dos años más tarde, el panorama que se deja ver en la Cámara alta es distinto.
En las misma sesión, como sucedió en la Cámara de Diputados, el oficialismo pondrá a consideración el denominado Plan de los 1.000 Días, para la atención y el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera Infancia. A diferencia de la legalización de aborto, se espera que el texto sea aprobado por unanimidad por la Cámara alta ya que, durante su discusión en comisiones, obtuvo el apoyo de todos los bloques parlamentarios.
El proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. Al mismo tiempo, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
