La red de Comunicadores de la Argentina (COMUNA) denunció que veintiún trabajadores de planta permanente de Radio Nacional de todo el país, que tenían la categoría de directores, algunos de ellos con más de veinte años de antigüedad, fueron despedidos por las autoridades de la emisora, reclamó su reincorporación inmediata, y advirtió que "en ningún caso se trata de despidos con causa fundada".

Gran parte de los despedidos habían ingresado a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE), que posee 49 emisoras en todo el país, por concurso, cuya falta había sido uno de los argumentos con los cuales la alianza gobernante de Cambiemos justificó los primeros despidos de la nueva gestión, en 2015. 

COMUNA denunció, además, "la hipocresía del gobierno de Mauricio Macri y de sus funcionarios del área de los medios públicos, encabezados por Hernán Lombardi y, en Radio Nacional, por Ana Gerschenson, quienes dicen "defender la libertad de expresión, un derecho del que estamos siendo privados todas y todos los argentinos con cada una de las medidas tomadas en los medios de comunicación pública para ocultar la realidad agobiante que vive el país: despidos, depreciación del salario, inflación, represión, hostigamiento permanente a los jóvenes por parte de las fuerzas policiales, saqueo de las arcas del Estado a través de la bicicleta financiera y acuerdo con los fondos buitre, destrucción de la industria nacional, acuerdos con beneficio directo a la casta presidencial y sus amigos, manipulación alevosa de la justicia y persecución política a los adversarios, cuya máxima expresión es la detención ilegal de la dirigente Milagro Sala".

El ex director de Radio Nacional Neuquén, Matías Ciampini, a quien su sucesora, Dalila Pinacho (ex vocera del empresario Joe Lewis), impidió ingresar a su oficina esta mañana, denunció “una clara persecución ideológica” y un “evidente vaciamiento de contenidos”. En diálogo con Víctor Hugo Morales, en la AM750, Ciampini sostuvo que “el país que invoca Lombardi no existe”. “Cuando hoy llegué a la Radio, Pinacho me quiso entregar una copia del telegrama que me habían enviado, cosa que rechacé, y tuve que dejar una nota en Mesa de Entradas donde constaba que me habían impedido el ingreso a la emisora”, relató.

Por la tarde, todos los despedidos emitieron un comunicado en el cual recordaron que la mayoría de ellos habían sido “designados/as directores/as tras participar de concursos públicos de oposición y antecedentes”. “Esta es una verdadera lista negra diseñada para castigar a quienes adscriben a ideas o valores diferentes a las de la alianza gobernante, y para disciplinar al resto de los trabajadores y trabajadoras. Esas listas fueron confeccionadas desde la conciencia del peor revanchismo, al estilo de épocas oscuras que parecen regresar”, agregaron Pablo Ferrero (La Pampa);  Elena Corvalán (Salta); Jorge Ramirez (Rosario); Ernesto Espeche (Mendoza); Maria Eugenia Cisneros (Córdoba); Ariel Loreto (Ushuaia), Omar Turconi (Bahia Blanca); Ramiro Rearte (Tucumán), Federico Sanchez (Zapala); Lorenzo Hernandez (Río Turbio); Itumelia Torres (Iguazú); Carlos Mendez Bogado (Las Lomitas); Verónica Sesin (Santiago del Estero); Sebastian Abraham (San Salvador de Jujuy); Martin Illanez (La Rioja); Wences Rubio (San Luis); Carlos Echeverría (Bariloche); Matías Ciampini (Neuquén); Pablo Zamorano (Ing Jacobacci); Ghittoni Horacio (Paso de los Libres), y Claudia Rus.

 “Estas prácticas se llevan a cabo mientras el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, habla de pluralidad de voces y respeto por el derecho a la libre expresión en los medios públicos. Como se ve, sus palabras se dan de bruces con la realidad. Desde el Estado y las corporaciones que hoy lo instrumentan, han inaugurado la era de las máscaras: lo que llaman pluralidad es censura; lo que enuncian como ‘de todos’ es solo para unos pocos; lo único que comunican son amenazas, prohibiciones y telegramas de despidos”, advirtieron los trabajadores.

Además alertaron que los despidos “vienen a sumarse a una serie de acciones llevadas adelante por las actuales autoridades que han provocado un desmantelamiento de las radios púbicas de todo el país, no solo en la infraestructura (que tanto costó recuperar después de años de olvido), sino también en los contenidos. (…)  El vaciamiento de los medios públicos toma la forma de un plan sistemático. Achicaron las horas de producción propia, perforaron el piso de calidad artística de los contenidos, restringieron la participación de los oyentes y en muchos casos reubicaron a los trabajadores en tareas aleatorias que no guardan relación con su formación profesional”. “El despido de personal, en ese contexto, es un punto de llegada de una política fríamente organizada más que un hecho caprichoso o desafortunado”, concluyeron.