El epicentro de la disputa por la causa de espionaje macrista que tramita en Lomas de Zamora se desplazó a la Cámara de Casación Federal, donde dos salas están en pugna para dirimir dónde continuará la investigación que está en manos del juez Juan Pablo Augé, quien debe resolver los 38 pedidos de procesamientos que hicieron los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide hace diez días y que involucran a los más altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La principal apuesta de los funcionarios macristas investigados como parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje pasa por sacar la causa de Lomas de Zamora y llevarla a Comodoro Py. Allí se fueron acumulando distintos pedidos tanto del exdirector general de la AFI Gustavo Arribas y del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

Los de Arribas ingresaron primero a la Cámara de Casación Federal y para analizarlos fue sorteada la Sala I de ese tribunal, que preside Ana Figueroa y que integran Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Esa sala también había sido sorteada para entender en la causa principal. Una semana después de que ingresara el planteo de Arribas, llegó uno de Nieto y salió sorteada la Sala IV, que conforman Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. El panorama se complicó porque Arribas recusó a Figueroa porque ella había relatado en una entrevista con la AM 750 las presiones que sufrió por parte de la administración Cambiemos y señalado especialmente a Juan Bautista Mahiques, entonces funcionario del Ministerio de Justicia que dirigía Germán Garavano y hoy fiscal general de la Ciudad. Los dichos de Figueroa dieron lugar al surgimiento de una causa que investiga a la mesa judicial macrista, a la cual -- según los mails que se encontraron en la AFI -- se habría sentado el propio Arribas.

La presentación de Arribas terminó demorando las deliberaciones en la Sala I -- que desestimó la recusación de Figueroa -- y mientras tanto la Sala IV empezó a entender en la causa, revocando por mayoría una resolución que ordenaba que la investigación por el espionaje en la cárcel de Ezeiza continuara en Lomas. Figueroa le reclamó a sus colegas de la otra sala que se inhibieran de intervenir, Borinsky le dio intervención al fiscal Raúl Plee y, después de eso, le respondieron a la jueza que debían continuar ellos con la causa porque era el tribunal que tenía el caso en estado más avanzado. Hornos votó a favor de remitir las actuaciones a la Sala I. Si los casadores se guiaran por el criterio de que la causa debe continuar en el tribunal donde está más avanzada cuando analicen la competencia en sí, pocas dudas habría de que el caso le corresponde al juzgado federal de Lomas, como ya han sostenido el propio Augé y la Cámara Federal de La Plata.

El tironeo continuó la semana pasada cuando Figueroa le presentó una nota a la presidenta de la Casación, Ángela Ledesma, relatando los pormenores de cómo se sortearon las salas y pidiéndole que ella intervenga o que lo haga el pleno de la Cámara para dirimir el conflicto porque remarcó que, de seguir así, podrían hasta sortearse otras salas si siguen llegando incidentes derivados de la investigación de Lomas. Además, la camarista señaló que sus colegas de la Sala IV se estaban apartando de los criterios arraigados para decidir qué Sala interviene en una causa, que indica que siempre se prioriza a la que primero salió sorteada y no a la que primero se pronunció.

“Se trata de que esta Cámara asegure a las partes la máxima protección a su derecho de ser juzgado y oído por un juez competente, independiente e imparcial (...) y de revestir a todos aquellos expedientes que ingresen por sorteo a este tribunal sea principal, incidente, conexo, acumulado o vinculado de la más absoluta transparencia respecto a su integración”, escribió Figueroa.

Si algo faltaba para encender las llamas en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py, el miércoles 23, un día después de la carta de Figueroa, llegó una resolución de Leopoldo Bruglia trabando una contienda de competencia con el juzgado de Augé, que rechazó desprenderse de la investigación por el espionaje en las cárceles. Bruglia le pidió a la Sala IV que dirima ese conflicto.

Augé en tanto analiza los 38 pedidos de procesamientos que formularon el 18 de diciembre pasado Incardona y Eyherabide, que pidieron procesar no sólo a Arribas, Silvia Majdalani, Alan Ruiz y al exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra por la inteligencia ilegal desplegada entre 2017 y 2019, sino también a 17 de los Súper Mario Bros, a cuatro integrantes de Operaciones Técnicas de Contrainteligencia -- que cablearon la alcaidía provincial de Melchor Romero -- y a tres integrantes de la poderosa Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos por las escuchas de los presos en la cárcel. A dos de los abogados, a Juan Sebastián De Stefano y a Bernardo Miguens, reclamaron, además, procesarlos también por la cobertura legal que dieron al espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. En el requerimiento de los fiscales también figura la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, de contacto fluido con los Súper Mario Bros, y nueve funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) -- incluido su exdirector Emiliano Blanco.

Nieto no fue incorporado en los pedidos de procesamiento por los fiscales, que dijeron que no tenían elementos que lo conectaran con el espionaje, y, por ende, pidieron que Augé le dicte la falta de mérito al igual que a la abogada de Contrainteligencia Jimena Honor, que dio información detallada de cómo actuaba la dirección de Jurídicos de De Stefano. Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort se presentaron la semana pasada para pedirle al juez de Lomas que sí procese al secretario privado de Macri. Es probable que Augé resuelva qué hacer con los pedidos de procesamientos recién después de la feria de enero.