Entre los efectos de la pandemia, el atraso en los contratos de alquiler se hizo demasiado ostensible. Un sondeo de la Defensoría del Inquilino arrojó que 4 de cada 10 locatarios se ha endeudado. La cifra es elocuente en un universo de 120.000 personas que alquilan su vivienda en Rosario. Por estas circunstancias, esa ONG empezó a movilizar por una prórroga del decreto nacional n°766, que prohíbe los desalojos y congela los precios.

“Son muchísimos los inquilinos que están endeudados y no pueden pagar el alquiler, y están a la espera de la prórroga del decreto”, afirmó Sebastián Artola, titular de la Defensoría y referente de la agrupación Rosario para la Victoria, uno de los espacios que habitan el peronismo local. 

Desde el inicio de la pandemia, múltiples actividades económicas entraron en franco declive, y otras directamente se eclipsaron en el aislamiento obligatorio, la cuarentena general. Por eso el gobierno nacional estiró las contemplaciones a la economía que impuso en marzo, con el inicio de la peste, y decretó allá por setiembre que hasta el 31 de enero de 2021 se prohíben los desalojos y se abre la posibilidad de una prórroga automática de los contratos en caso de que el inquilino así lo desee. Asimismo, la norma obligó suspender los aumentos pactados y congeló los cánones establecidos por contrato.

“Casi el cuarenta por ciento de los inquilinos está endeudado. En Rosario son alrededor de 120.000 inquilinos con dificultades para sostener el pago del alquiler. En los últimos meses los principales reclamos y consultas que venimos teniendo están relacionados con consecuencias de los exorbitantes aumentos y la imposibilidad de afrontar el pago de esos números”, agregó Artola en base al registro que la Defensoría del Inquilino percibe en el contacto diario de consumidores.

El planteo de la entidad que representa los derechos de los locatarios rosarinos emitió un comunicado para generar el tema en la agenda pública y bregar por "una política de desendeudamiento, con créditos a tasa cero del Banco Nación, que sirvan para que los inquilinos puedan cancelar el pago de sus alquileres atrasados", se explayó Artola.

En este sentido, analizó la inequidad y vulnerabilidad que campea en el mercado de alquileres, entre locadores y locatarios. “Hay una actitud muy irresponsable del mercado inmobiliario, al promover aumentos de manera indiscriminada en los precios de los alquileres, por eso es necesaria una política política pública integral de acceso a la vivienda y, en particular, a la vivienda en alquiler”, señaló la ONG. Su director, en tanto, consideró como "imprescindible regular el mercado inmobiliario y pesificarlo para dar una solución estructural al acceso a la vivienda”.