El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a presentarse ante la Corte Suprema para pedir una cautelar y un fallo de fondo que le permita seguir cobrando el aumento de coparticipación que en su momento le había otorgado Mauricio Macri. El mandatario ya se había presentado cuando Alberto Fernández corrigió el porcentaje por decreto y la nueva presentación responde a la promulgación de hecho de la ley sancionada en el Congreso que retrotrae la coparticipación al porcentaje previo al aumento de Macri y fija por ley los fondos que recibirá el Gobierno porteño por la transferencia de la Policía. También da un período de 60 días para negociar las cifras. Larreta, antes que negociar, fue a la Corte a ver si consigue que revierta una ley del Congreso. 

La presentación se hizo con un escrito que en el Gobierno porteño mantienen bajo siete llaves, para que no se conozcan sus detalles. En el comunicado que acompañó la presentación, señalaron que la ley votada por el Congreso es "un nuevo atropello a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires", por lo que "el Gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia".

"La Ley, al consolidar la reducción del coeficiente de coparticipación y establecer la transferencia de un monto de solo 24.500 millones de pesos a cuenta para el financiamiento de la seguridad interior no federal en la Ciudad de Buenos Aires, agrava aún más la situación y obliga a la Ciudad a adoptar medidas para paliar parcialmente y en forma transitoria el desfinanciamiento producido por estas medidas", insistieron. De hecho, hubo una modificación del Presupuesto 2021 antes de ser votado, por el cual Larreta aumentó el impuesto de Ingresos Brutos para el sector financiero. Lo hizo luego de renunciar al pacto que firmó con Macri en 2017 y que lo obligaba a ir bajando ese impuesto.

"La suma que se dispone transferir como pago a cuenta para financiar la seguridad sólo cubriría el 27,9 por ciento de la partida total en el Presupuesto y apenas el 40 por ciento del gasto en personal proyectado", aseguran desde el Gobierno porteño. "La aplicación de la ley implica para el año 2021 una pérdida de  65.083.500.000 pesos", indicaron. Se sabe que para el Gobierno nacional son 65 mil millones que Macri les aumentó en exceso con respecto al costo real de la policía.