Legisladores de la oposición porteña, sindicatos docentes, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales hicieron un acto en la puerta de la Legislatura porteña en el que anunciaron que pedirán el juicio político a los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño que firmaron un fallo que restringe el derecho a la educación pública a los niños y niñas de menos de tres años. La sentencia, que va en contra del texto de la Constitución porteña, va en línea con el discurso de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y será apelada ante la Corte Suprema. Si bien cosechó críticas desde que salió, la decisión del TSJ tuvo la primera respuesta de amplios sectores de la política y la educación.

A la cabeza del pedido de juicio político estuvieron los legisladores del Frente de Todos y del FIT, aunque el número que tiene Juntos por el Cambio en la Legislatura hace virtualmente imposible que avance cualquier pedido de remoción a los magistrados, tres de ellos nombrados durante los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. A la convocatoria en la puerta de la Legislatura se sumaron representantes de centros de estudiantes, cooperadoras, familias que luchan para tener una vacante en el sistema público, una problemática que se repite año a año con miles de excluidos.

Las distintas oradoras y oradores en la conferencia de prensa argumentaron el pedido de juicio político contra los jueces Marcela de Langhe, Inés Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Luis  Lozano. “No existe una obligación gubernamental de proveer vacantes en el nivel inicial no obligatorio del sistema educativo de gestión pública para todo aquél que lo solicite”, dice el fallo en uno de sus párrafos principales, pese a que la Constitución porteña dice claramente que tiene la obligación desde los 45 días.

La primera oradora fue la presidenta de la comisión de Educación de la Legislatura, Lorena Pokoik, quien planteó: "Este fallo es inédito y le da la espalda a todo lo que hemos avanzado en conquistas de derechos. Es un fallo discriminatorio que está basado en la mercantilización de la educación pública. No nos olvidemos que es el mismo Gobierno que le pide a estos jueces que le hagan un fallo a medida, que es el mismo Ejecutivo que intentó cerrar los 29 profesorados docentes, de cerrar las 14 escuelas nocturnas, el que intentó cerrar el jardín maternal del hospital del Ramos mejía y el que no cumplió con la construcción de las 54 escuelas". "Este gobierno tiene un fuerte desprecio por lo público, por la educación pública, que lo que hace es dejar sin escolarización a los estudiantes para hacer lo que el mercado le pide: pibas y pibes que salgan a laburar en un mercado precarizado", remarcó Pokoik.

Otro de los legisladores del FdT que integra la comisión de Educación, Santiago Roberto, advirtió: “Pedimos el Juicio político para cuatro de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. El fallo de este Tribunal es inconstitucional porque viola el artículo 24 de la Constitución porteña, que dice que el Estado debe asegurar y financiar el derecho de los niños y niñas de acceder a la educación pública a partir de los 45 días de vida. Es una sentencia vergonzosa que va en clara sintonía con las políticas excluyentes del Gobierno porteño y representa un antecedente peligroso porque avala que el Estado no garantice las vacantes que, desde hace años, reclaman las familias que eligen la escuela pública. Lamentablemente para Larreta y la ministra Acuña la Educación pública no es una prioridad y encima tienen el respaldo de la mayoría automática en el TSJ”.

La diputada del FIT Myriam Bregman señaló luego que "esta conferencia de prensa es una primera respuesta a este escandaloso fallo del TSJ y será seguramente el inicio de una serie de medidas que iremos tomando progresivamente porque este fallo no se puede aplicar y no hay que cumplirlo. Es un fallo inconstitucional que viola el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad y fundamentalmente viola todos los tratados de derechos humanos que hablan de la progresividad de derechos". En tanto, Gabriel Solano, del Partido Obrero, advirtió que "el fallo es una aberración que viola de modo evidente y alevoso la Constitución de la Ciudad. De modo increíble, el fallo convierte al sistema privado en el receptor natural de los menores de 3 años, colocando al sistema público como un actor residual destinado exclusivamente a quienes puedan presentar un certificado de pobreza".

Luego la secretaria de prensa de UTE-Ctera, Paula Caligna, recordó que las autoridades del sindicato estaban declarando en ese mimso momento por una causa que les abrió hace un año el Gobierno porteño. "Esta maniobra no es un hecho aislado, viene en conjunto con todo lo que hace el Gobierno porteño, que utiliza a la Justicia para ajustar en educación", advirtió. En tanto, el secretario adjunto del gremio docente Ademys, Jorge Adaro, afirmó que "este Tribunal está subordinado al poder político, expresa las intenciones del gobierno de Larreta que pone como centro la educación privada y corre del centro de la escena lo que debe ser el acceso universal a la educación pública".

Por su parte, la titular del sindicato de docentes privados Sadop, Alejandra López, señaló: "Expresamos el enérgico repudio al fallo de éste tribunal que responde a una misma matriz, que es el liberalismo económico, y desde la educación decimos que no: la educación es una sola y lo que tenemos que lograr es la inversión educativa ya que cada año hay menor presupuesto en educación".

De la conferencia participaron buena parte de los legisladores del FdT y del FIT, y además representantes de los grupos de familias La Vacante es un Derecho, cooperadoras, centros de estudiantes, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo y  Madres-Línea Fundadora, Familias de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, APDH y Buena Memoria, entre otras.