La jueza federal N° 2 de Salta, Mariela Giménez, dispuso ayer la prisión preventiva de los ex jefes de la Dirección de Personal y del Departamento de Informaciones de la Policía de Salta, los comisarios Roberto Rodolfo Arredes y Antonio Saravia. La decisión también alcanzó al ex militar Ernesto Alejandro Repossi, quien era segundo jefe, y como tal integraba la plana mayor, del Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en la ciudad de Tartagal, en el norte salteño. La magistrada también ordenó embargos por $200 mil para cada uno de los imputados.

La resolución se tomó a instancias del fiscal general Carlos Amad, a partir del fallo emitido el 29 de septiembre por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que revocó las faltas de mérito dictadas en primera instancia a favor de los comisarios y el militar. Por esa decisión Arredes, Saravia y Repossi quedaron procesados como “coautores mediatos del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, tratándose de funcionarios públicos en abuso de sus funciones; en concurso real con el delito de homicidio doblemente agravado” cometidos en perjuicio del médico Pedro Enrique Urueña.

Amad sostuvo que esos procesamientos debían ir acompañados de prisiones preventivas, dado que “el estado de avance del proceso incrementa el riesgo procesal" considerando la mayor probabilidad de que sean condenados. La jueza compartió el criterio del fiscal y aceptó su pedido, aunque resolvió que las prisiones se cumplan con la modalidad de domiciliarias. 

Urueña residía en Tartagal, estaba casado y tenía un hijo aún pequeño. Militaba en la Juventud Peronista y en el marco de su práctica política atendía a habitantes de barrios populares en salitas de primeros auxilios de esa ciudad y pueblos vecinos como General Mosconi y Aguaray. Fue secuestrado de su casa la madrugada del 16 de diciembre de 1975, por personas de civil que portaban armas largas y dijeron ser policías. Restos de su cuerpo dinamitado fueron encontrados al día siguiente a unos 70 metros de la ruta nacional 34 , en el paraje Balbuena. 

Como pretendían los terroristas estatales y paraestatales, la cruenta muerte del médico fue ampliamente difundida, cumpliendo con el objetivo de generar temor en la población. 

En el procesamiento la Cámara de Apelaciones consideró probado que hubo tareas de inteligencia previas sobre Urueña por parte de la Policía de Salta, que también fue hostigado por sus convicciones políticas y que finalmente la fuerza llevó adelante el secuestro y el asesinato. 

En la resolución de procesamiento la Cámara de Apelaciones reseñó aspectos que evidencian la responsabilidad en este hecho de los tres procesados. "No puede soslayarse que Arredes ocupaba el cargo de Jefe de la Dirección Personal, es decir, que formaba parte de la Plana Mayor de la Policía de la Provincia de Salta y que desde esa posición jerárquica en la cadena de mando, en las particulares circunstancias de auto, tuvo participación en el hecho aquí investigado", afirmó la Cámara sobre la participación de Arredes, que por muchos años fue uno de los hombres fuertes (y temidos) de la Policía de la provincia. 

Para este tribunal, el secuestro y homicidio de Urueña demandó la coordinación del personal de las distintas comisarías y dependencias policiales para contar con los vehículos necesarios, los hombres para llevar a cabo el hecho, las armas y los demás elementos utilizados por el grupo de tareas. En su pedido de prisión, el fiscal Amad recordó que los camaristas afirmaron que “se encuentra acreditada la participación de la Policía de la provincia en los hechos investigados", por lo que la "Dirección de Personal, cuya jefatura ostentaba Arredes, tuvo participación en los hechos investigados”.

En cuanto a Saravia, la Cámara Federal de Apelaciones consideró que “existen elementos probatorios que permiten considerar que la persecución sufrida por la víctima y las múltiples aprehensiones por averiguación de antecedentes padecidas con anterioridad a su desaparición, habrían sido producto de la realización de tareas de inteligencia previas por parte de la dependencia donde Saravia ejercía sus funciones”.

Los camaristas también afirmaron que en la causa hay pruebas testimoniales de que los perpetradores del secuestro y homicidio de Urueña "habrían contado no solo con los medios materiales y la logística apropiada para llevarlo a cabo con total impunidad, sino también con información precisa acerca de la identidad de la víctima, su domicilio, su militancia política, como así también su oposición al régimen imperante”.

Y concluyeron que una vez “analizada su responsabilidad en el contexto histórico existente al momento en que se produjo el hecho, a la luz de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es posible concluir que desde la actuación funcional que les incumbía a Saravia y Arredes tuvieron responsabilidad en el hecho investigado, ya que Saravia proporcionaba la información necesaria para luego poder llevar a cabo los procedimientos ilegales mediante la Dirección de Personal a cargo de Arredes”.

En cuanto a Repossi, teniendo en cuenta "el cargo que ejercía", para el tribunal de la Cámara de Apelaciones, “resulta inverosímil que el imputado desconociera los sucesos violentos ocurridos en la zona, y en particular el homicidio de Urueña" así como resulta increíble que no supiera de "los distintos grupos de tareas que imperaban en los operativos ilegales en aquél entonces, menos aun cuando las fuerzas de seguridad se encontraban subordinadas al Ejército”.

En 2013 quien fuera jefe del Regimiento 28, Héctor Ríos Ereñú, fue condenado a prisión perpetua por el asesinato del médico. El militar, que falleció en 2017, siempre adujo que no tenía conocimiento siquiera de la muerte del médico, pero para la Justicia es imposible que no estuviera al tanto del operativo criminal porque como jefe del Ejército en la zona tenía el mando de todas las fuerzas que operaban en ese lugar. 

Roberto Arredes es el mismo que está sospechado de haber participado del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, cometido el 11 de marzo de 1976 en la ciudad de Salta. Para entonces el comisario seguía con el estratégico cargo de jefe de Personal. Por esas cosas de una ciudad que aún tenía rasgos de pueblo, su hermano, el almacenero Catalino Arredes, intentó ayudar a Ragone y fue asesinado a tiros por los secuestradores. El comisario dispuso que el cuerpo del almacenero fuera sepultado sin ser sometido a una autopsia.

Además, Roberto Arredes y Antonio Saravia integraron la conocida como "Banda de los comisarios", de la que participaban una veintena de oficiales de la fuerza provincial, entre ellos el poderoso represor Joaquín Guil, que en los 60 y los 70 se caracterizó por perseguir y torturar a militantes politicos. En 1973 Ragone y su primer jefe de Policía, Rubén Fortuny, los removieron de sus cargos y promovieron que se los investigara, pero los poderes fácticos lograron revertir este proceso, los comisarios volvieron a sus puestos y se desató una venganza que repartió amenazas de muerte, explotó bombas y concretó detenciones ilegales y asesinatos.