Por pedido de la Fiscalía federal de Salta y luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción anulara faltas de mérito y ordenara sus procesamientos, la jueza federal N°2, Mariela Giménez, dispuso la prisión preventiva de los ex jefes de la Dirección de Personal y del Departamento de Informaciones Policiales de la Policía de Salta, Roberto Rodolfo Arredes y Antonio Saravia respectivamente, y del ex militar Ernesto Alejandro Repossi, por su vinculación con el secuestro y homicidio del médico Pedro Urueña en las postrimerías de la última dictadura cívico militar.
La decisión de Giménez está estrictamente vinculada al fallo que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta emitió el 29 de septiembre pasado y que cambió la suerte de los tres represores, sobre todo de Arredes y Saravia, en relación con el caso Urueña. En octubre de 2018, ambos habían sido beneficiados con la falta de mérito en el mismo fallo en el que Giménez procesó a Miguel Gentil, Virtom Mendíaz, Joaquín Guil y Ernesto Repossi por el secuestro y el posterior asesinato del médico y militante peronista. Aquellos cuatro ocupaban, en 1975, altos cargos en la Policía salteña así como en el Regimiento de Infantería de Monte 28. Arredes y Saravia también --eran director de Personal de la Policía de la Provincia de Salta -D1 y director de Informaciones Policiales de la Policía de la Provincia de Salta –D2 respectivamente--, sin embargo habían quedado fuera de la causa. El fallo de primera instancia fue apelado por la Fiscalía y las querellas.
Dos años después, el 29 de septiembre pasado, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta atendió los puntos discutidos por las partes acusadoras, a quienes les dio la razón. Así, confirmó los procesamientos de Mendiaz, Guil y Repossi, revocó las faltas de mérito de Arredes y Saravia, y en consecuencia dispuso su procesamiento, como coautores mediatos de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, y de homicidio doblemente agravado. Un mes después, la Fiscalía en virtud del nuevo procesamiento, pidió prisión preventiva para Arredes y Saravia y que se haga efectiva la prisión preventiva respecto de Repossi, que a pesar de haber sido procesado en primera instancia seguía en libertad.
Arredes y Saravia, en su carácter de integrantes de la plana mayor de la Policía de la Provincia de Salta, se encuentran imputados en numerosas causas por delitos de lesa humanidad. Saravia, además, cuenta con una condena a dos años de prisión por el encubrimiento del secuestro y desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone. Sin embargo, el caso Urueña es el primero en el que se dispone su prisión preventiva.
“Analizada su responsabilidad en el contexto histórico existente al momento en que se produjo el hecho, a la luz de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es posible concluir que desde la actuación funcional que les incumbía a Saravia y Arredes tuvieron responsabilidad en el hecho investigado, ya que Saravia proporcionaba la información necesaria para luego poder llevar a cabo los procedimientos ilegales mediante la Dirección de Personal a cargo de Arredes”, indicaron los camaristas.
Para los jueces, el secuestro y posterior homicidio de Urueña no fue el resultado de un actuar aislado de los ejecutores, sino que “su comisión demandó la coordinación del personal de las distintas comisarías y dependencias policiales para contar con los vehículos necesarios, el personal para llevar a cabo el hecho en cuestión, las armas” y demás. Además de que “se encuentra acreditada la participación de la policía de la provincia en los hechos investigados”, hay en la causa “elementos que permiten concluir, con el grado de probabilidad exigido en la instancia, que la Dirección de Personal, cuya jefatura ostentaba Arredes, tuvo participación en los hechos investigados.”
En cuanto a Saravia, la Cámara Federal de Apelaciones consideró que “existen elementos probatorios que permiten considerar que la persecución sufrida por la víctima y las múltiples aprehensiones por averiguación de antecedentes padecidas con anterioridad a su desaparición, habrían sido producto de la realización de tareas de inteligencia previas por parte de la dependencia donde Saravia ejercía sus funciones”.
A Urueña se lo considera la primera víctima del terrorismo de Estado en la región del Noroeste. Era un médico tucumano, militante peronista, que tenía 36 años cuando una patota de hombres de civil que se identificaron como policías cuando irrumpieron a los golpes, armados, en la casa que compartía con su esposa y su hijo. Era la madrugada del 16 de diciembre de 1975 y, según el relato del hijo, que lleva su nombre y siguió sus pasos en la medicina, Urueña no se resistió. Se lo llevaron en un Ford Falcon.
Urueña hijo contó al medio local Qué Pasa Salta que la noche del secuestro su mamá intentó comunicarse telefónicamente con la Policía y la Gendarmería, pero los teléfonos estaban descolgados. Horas más tarde radicó la denuncia en la comisaría 36. Diez días más tarde supieron el desenlace a través de un anónimo que alguien dejó pegado en el poste de luz de una casa vecina. Encontraron los restos del médico, desmembrado, esparcidos, quemados y en proceso de descomposición avanzado, en el paraje “balbuena”, cerca de la ruta nacional 34. El cuerpo había sido dinamitado. Lo pudieron reconocer por el anillo de casamiento y su ropa aclaró el medio.
