Genera preocupación el destino de la administración de la tarjeta Única de Ciudadanía por pasar a una entidad privada. El cambio le costará al estado provincial 1.5 millones de pesos por mes. La diputada Mónica Peralta (GEN) instó al Ejecutivo a informar sobre la administración del plan de asistencia social y su plataforma de cobro “Plus Pago” que pasará en 2021 del Banco Municipal de Rosario al Banco Santa Fe.
“La Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias y urgentes para priorizar la continuidad de las contrataciones de bancos públicos de la provincia en cuanto a la concesión de la producción, entrega y administración para el pago de prestaciones de los distintos programas sociales”, señala el texto.
Peralta (en la foto), instó al gobierno de Santa Fe a través de un Proyecto de Comunicación a presentar documentación sobre el nuevo sistema de cobro de la tarjeta Única de Ciudadanía y su nueva plataforma “Plus Pago”. La iniciativa fue acompañada por los diputados Pablo Farias (Socialismo) y Gustavo Bermúdez (CREO) pertenecientes al Frente Progresista Cívico y Social.
En ese sentido, Peralta indicó: “Resulta de vital importancia conocer cómo se llevará adelante el nuevo mecanismo de cobro ya que la escasa y casi nula conectividad en los barrios más humildes sumado a la falta de acceso a dispositivos móviles y computadoras complican notablemente la operatividad del sistema". "Asimismo -agregó- es necesario aclarar los motivos por los cuales se concede la administración de dichos recursos públicos a una entidad privada sobre todo teniendo en cuenta que dicho cambio le costará al estado provincial 1.5 millones de pesos por mes”.
La Tarjeta Única de Ciudadanía es parte de una política social que el gobierno de la provincia de Santa Fe, desde el Ministerio de Desarrollo Social, comenzó a implementar en 2008 en reemplazo de los tickets y cajas con alimentos. Actualmente, la inversión mensual en este programa es de 49.500.000 pesos, con un alcance de 185.000 titulares en toda la provincia.Se trata de una ayuda social directa, basada en los principios de transparencia, equidad y universalidad, que está centrada en la posibilidad de compra de alimentos en una amplia red de comercios adheridos en todo el territorio provincial.
