La Cámara Federal de Casación confirmó la sentencia dictada en 2018 contra policías de la provincia de Santa Fe por las violaciones y el aborto forzado que sufrió Silvia Suppo, la sobreviviente de la dictadura que fue asesinada en 2010, meses después de denunciar ante un tribunal oral sus padecimientos.

A Silvia Suppo la secuestraron el 24 de mayo de 1977 mientras trabajaba en un consultorio médico de la ciudad de Rafaela. Pasó por la Jefatura, por la Comisaría IV, la “Casita” y la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). Fue torturada y violada por tres hombres. Mientras estaba en cautiverio, advirtió que podía estar embarazada. La sometieron a estudios y la exagente María Eva Aebi y dos hombres la llevaron para que le practicaran un aborto después de que el represor Juan Calixto Perizzotti, mandamás de la GIR, dijera que había que “reparar ese error”. La maquillaron, la vistieron con buenas ropas para que no se dieran cuenta de que llevaban a una mujer secuestrada. Aebi se presentó como su hermana y Oscar Farina como su marido. Suppo lo relató en 2009. A ella la mataron en marzo de 2010. Durante el juicio que terminó en 2018, sus hijos Marina y Andrés volvieron a relatar lo padecido por su madre así como otras compañeras de cautiverio.

Tras la sentencia, dos de los represores --Ricardo Silvio Ramón Ferreyra y Farina-- recurrieron a Casación, incluso poniendo en duda el carácter de delitos de lesa humanidad de los hechos de violencia sexual que sufrió Suppo. El fiscal ante Casación, Javier de Luca, postuló el rechazo de sus pretensiones. “Las conductas cometidas contra la integridad sexual de Silvia Susana Suppo fueron parte del ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, sostuvo.

Los integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación Federal, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana Figueroa, coincidieron con De Luca y dejaron firme el fallo del tribunal de Santa Fe, que incluía no sólo a Ferreyra y Farina, sino también a Aebi y a Perizzotti --que falleció el año pasado-- y tomaba, además del caso de Silvia Suppo, el secuestro de su hermano Hugo, de Jorge Destéfani, Ricardo Díaz y Graciela Rabbellino, así como la desaparición de Reinaldo Hattemer y el asesinato de Rubén Carignano.

La resolución de Casación se firmó el 17 de diciembre, pero se hizo pública este martes. "Tanto las violaciones como su posterior aborto forzado producto del delito previo que sufrió Silvia Suppo en cautiverio fueron crímenes de derecho penal internacional de lesa humanidad dentro del accionar generalizado y sistemático contra la población civil y por lo tanto imprescriptibles”, sostuvieron.

Figueroa, por su parte, sostuvo que el aborto forzado fue una “modalidad de tortura de género en el contexto de las privaciones ilegítimas de la libertad en el estado policial descontrolado y sin derecho en el cual se vivía” y destacó la violencia diferencial que padecieron las mujeres en los centros clandestinos, algo que se ha destacado en varias sentencias desde 2010.