Las mujeres de América del Norte, Europa y Oceanía son, en general, las que gozan de las legislaciones más permisivas, aprobadas en algunos casos muy recientemente. En efecto, se permite abortar legalmente en Uruguay, Guyana, Puerto Rico, Cuba, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Cabo Verde, Mozambique, Guinea-Bisáu, Santo Tomé y Príncipe,Túnez, Australia, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Camboya, Vietnam, Singapur, China, Mongolia, Nepal, Bangladesh, Rusia, Corea del Norte, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán.

También se suman Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Turquía, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Albania, Serbia, Montenegro, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Austria, Italia, Suiza, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, España, Portugal y Groenlandia.

Sin embargo, en otros países el aborto está sometido a condiciones muy restrictivas. En algunas naciones, como Paraguay, Venezuela, Costa de Marfil, Libia, Uganda, Sudán del Sur, Irak, Líbano, Siria, Afganistán, Yemen, Bangladesh, Myanmar y Sri Lanka, entre otros, la IVE solo puede practicarse en caso de peligro para la vida de la madre.

En Brasil, por caso, el acceso al aborto también está muy limitado: se permite en caso de violación, riesgo para la madre o grave malformación del feto. Mientras que Chile, en 2017, puso fin a cerca de 30 años de prohibición total de la IVE, y se autorizó solo en caso de riesgo para la vida de la madre, violación e inviabilidad fetal.

Por otra parte, hay al menos 15 naciones que prohíben esta práctica de manera absoluta: Congo, Yibuti, Egipto, Madagascar, República Democrática del Congo y Senegal, en África; Honduras, Nicaragua, El Salvador, Surinam, Haití y República Dominicana, en América; Filipinas y Laos, en Asia; Malta, en Europa, y Palaos, en Oceanía.

Respecto de las penalizaciones existentes en estos países, sobresalen algunos casos como el de El Salvador, que en 1998 aprobó una legislación drástica que lo prohíbe en cualquier circunstancia, incluso cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre.

En el país centroamericano, el aborto se castiga con entre dos y ocho años de cárcel. Pero, después de 22 semanas de embarazo, puede ser considerado como un "homicidio agravado" y condenarse con penas de entre 30 y 50 años de prisión.