El Gobierno oficializó este jueves un aumento del 7% en las cuotas de la medicina prepaga, que comenzará a aplicarse desde el 1 de febrero próximo.

Mediante la Resolución 2987/2020 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud habilitó a todas las entidades de medicina prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) a aplicar un aumento general, complementario y acumulativo de aquel que ha sido aprobado para este mes, que fue del 10%.

Recientemente, la Superintendencia de Servicios de Salud había anticipado que el primer ajuste de 2021 iba a ser también del 10%, pero finalmente quedó establecido en el 7%.

Según lo dispuesto, las empresas del sector deberán incrementar los valores retributivos de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios y usuarios por los prestadores, también en un 7%.

Además, las compañías tendrán que informar a los usuarios los incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los 30 días corridos, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir.

El Gobierno justificó el nuevo incremento al señalar que “en el delicado contexto actual de emergencia sanitaria sin precedentes, no cabe soslayar el rol y la función asistencial fundamental que desempeñan los prestadores de salud, a través de la atención directa de beneficiarios y usuarios, tanto de los Agentes del Seguro de Salud como de las Entidades de Medicina Prepaga”.

“En este sentido, las entidades representativas del sector han expresado su preocupación por el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores y enfatizado la necesidad de incrementar los valores retributivos que perciben por las prestaciones que brindan, a fin de paliar dicha situación y garantizar su continuidad”, agregó.

El sector de la medicina privada ya había recibido diferentes beneficios por parte del Gobierno para llevar adelante su actividad durante la pandemia de coronavirus. Uno de estos fue la inclusión de las empresas de salud en el Programa ATP, que permitió absorber el pago de una parte de los salarios de sus empleados.

Otra medida fue el decreto 300/2020, implementado en el inicio de la pandemia, que benefició a los “empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud”. Gracias a esta normativa, que estuvo vigente hasta fines de noviembre, las empresas estuvieron eximidas del pago de contribuciones patronales y pagaron una alícuota menor del impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como “impuesto al cheque”.