Desde Santa Fe
El juez federal Marcelo Bailaque ordenó la indagatoria de 26 directivos de nueve empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo en una causa que los investiga por supuesta “contaminación ambiental peligrosa para la salud” que el Código Penal reprime con penas de tres a diez años de prisión. Las audiencias se realizarán después de la feria judicial, a fines de abril y principios de mayo, y entre los convocados sobresalen varios empresarios del círculo rojo: el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe Javier Martín; uno de los directivos del grupo Clarín, Héctor Mario Aranda, que preside Artes Gráficas del Litoral (AGL), la planta impresora de conglomerado. Y el presidente del Centra Puerto SA, Osvaldo Arturo Reca, que opera la Central Termoeléctrica Brigadier López -con una potencia instalada de 280 megavatios-, construida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que Mauricio Macri vendió a su amigo, Nicolás Caputo, radicado hoy en Estados Unidos.
Las 26 indagatorias fueron solicitadas por el fiscal federal Walter Rodríguez el 9 de diciembre último, pero Bailaque las ordenó según los tiempos y la agenda del Juzgado, así que recién se realizarán dentro de tres meses. Rodríguez investiga los focos de contaminación del Parque Industrial de Sauce Viejo desde 2016. El hecho es conocido en los barrios de los alrededores, sobre todo por los malos olores, pero es la primera vez -en años- que el Ministerio Público avanza en una investigación que considera a los vecinos –según la doctrina ambiental- personas vulnerables que no pueden ejercer su derecho a vivir en un ambiente sano.
La primera denuncia fue por el derrame de productos químicos que se volcaban al río Coronda, sin tratamiento previo. El fiscal comenzó a producir pruebas. Solicitó la intervención del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal que extrajo muestras de un desagüe a cielo abierto al norte del Parque que vuelca en el río Coronda. En abril de 2017, el resultado reveló la presencia de níquel, plomo y cromo en concentraciones muy superiores a las permitidas por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Otra sorpresa: los análisis demostraron también la presencia de bacterias eschericichia coli, que la ley también considera residuos peligrosos.
En setiembre de 2017, el fiscal Rodríguez realizó una inspección en el Parque Industrial y luego solicitó un allanamiento que se realizó hace un año. En el procedimiento, participó no sólo el equipo de Delitos Ambientales de la Policía Federal, sino también grupos de científicos del Conicet y de tres laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral, que trabajaron entre el 10 y el 12 de diciembre de 2019. Rodríguez invitó a los investigados a presenciar el acto y designar profesionales de su confianza para controlar la prueba.
El 9 de diciembre, ya con los resultados de los estudios en la causa, el fiscal solicitó la indagatoria de 26 directivos de nueve empresas del Parque Industrial, que deberán comparecer ante el juez Bailaque desde fines de abril hasta principios de mayo.
*Frigorífico Goggi: Gastón Delconte y Diego Goggi.
*Veneto SA: Sergio Carballo y Víctor Rozycki.
*Leiner Argentina SA: Javier Martín (presidente de la Unión Industrial de Santa Fe), Horacio Planiscig y Gabriel Racca.
*Espro SA: Leonardo Raimondi Martin.
*Sánchez y Sánchez SRL (procesadora de pollos): Cristóbal, Eduardo y Raúl Sánchez, Pablo Cameroni, Francisco Strubia y Ricardo Boneto.
*Vinagres Halconero: Julián, Gustavo y Gabriela Carrivale y Rubén y Sebastián Caporizzo.
*Artes Gráficas del Litoral (planta impresora del grupo Clarín y el diario El Litoral): Héctor Mario Aranda, Andrés Fiasconaro y su gerente industrial: Luis Enrique Carrara.
*Central Puerto SA (que opera la central Brigadier López): Osvaldo Arturo Reca, Lucía Franco y Pamela Ulloa Henríquez.
*Curtipiel SRL: Roberto Altuna.
Los hechos que se investigan se encuadran en el artículo 55 de la ley 24.051, esto es la contaminación, adulteración y/o envenenamiento de manera peligrosa para la salud pública del agua y del ambiente mediante la utilización de residuos peligrosos. La norma reprime con las mismas penas del artículo 200 del Código Penal (tres a diez años de prisión) a quienes utilizando los residuos a que se refiere la ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
