Desde Santa Fe

La Sociedad Rural de Santa Fe le reclamó al senador Armando Traferri que se someta al proceso judicial y comparezca ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que lo investigan por supuesta “asociación ilícita en grado de organizador” –que tiene una pena mínima de cinco años de cárcel- en una causa en la que ya están presos los ex fiscales de Rosario Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad. “Exigimos políticos decentes. En la vida no sólo hay que serlo, sino también parecerlo y a veces eso amerita demostrarlo ante un juez”, dijo la entidad. Y advirtió que si el Senado “no allana el camino para despejar las sospechas” que recaen sobre Traferri, convocó a las entidades intermedias de la provincia a “señalarlo”, decirle que en Santa Fe “no hay privilegiados” y que “todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”.

En una declaración que tituló con una frase famosa: “Entre bueyes no hay cornadas”, la Sociedad Rural condenó el cerrojo corporativo del Senado que rechazó el desafuero de Traferri por un acuerdo político entre los senadores del PJ que le responden y sus colegas del Frente Progresista que lidera el senador de la UCR, Felipe Michlig. El Senado “protegió corporativamente” a Traferri para impedir que sea “investigado por la justicia sin retaceos”. Lo blindaron “con una coraza, vedándole a jueces y fiscales la posibilidad de investigar al sospechoso”, denunció.

​“Todos los habitantes son iguales ante la ley”, dijo la Rural al recordar los imperativos de la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia. Pero parece que “ese principio no rige en Santa Fe, cuando el sospechado de un delito es un senador provincial” “La investigación del juego clandestino derivó en fiscales procesados (y presos: Serjal y Ponce Asahad) y en el senador Traferri sospechado. La investidura de las personas implicadas habla por sí sola de la gravedad de la situación”, agregó.

​Sin embargo, en el Senado “sólo cuatro senadores votaron por el cese de la inmunidad legislativa” de Traferri, mientras que “el resto de la Cámara protegió corporativamente al mismo, impidiendo que su colega sea investigado por la justicia, sin retaceos”.

La Sociedad Rural no menciona quién es quién en la Legislatura, pero el asunto es conocido. Los cuatro senadores que votaron el desafuero de Traferri son Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló y Ricardo Kaufmann, que responden al gobernador Omar Perotti. Los otros 15 fueron para atrás: tres se abstuvieron (Lisandro Enrico, Rodrigo Borla y el propio Traferri) y trece votaron en contra: cinco radicales (Michlig, Leonardo Diana, Germán Giacomino, Orfilio Marcón y Hugo Rasetto) y siete peronistas (Rubén Pirola, José Baucero, Guillermo Cornaglia, Joaquín Gramajo y Osvaldo Sosa, Eduardo Rosconi y Cristina Berra). A las 48 horas, Rosconi y Berra anunciaron su pase al bloque alineado con la Casa Gris.

“La inmunidad legislativa” –que invocaron Traferri y sus colegas- no es una “herramienta de impunidad”, alertó la Rural. “El Ministerio Público investiga delitos y promueve la acción penal contra autores o partícipes”. Sin embargo, 14 senadores del Frente Progresista y el PJ cubrieron con “una coraza” a Traferri para impedir “a jueces y fiscales la posibilidad de investigar al sospechoso”.

“El decoro y la honorabilidad no se resguardan bajo excusas de ‘internas partidarias’ o supuestos ‘carpetazos de un ministro’, argumentos que ahondan el deterioro de la imagen de nuestros representantes y salpican al propio gobernador Perotti, sino que se defienden poniéndose a disposición de la justicia como cualquier ciudadano común, bajo la presunción de inocencia” y las garantías del debido proceso”.

​“Santa Fe se caracteriza por su sólida y respetuosa institucionalidad. La Legislatura es cabal reflejo de eso, aunque en sus 205 años ha tenido algunos sucesos bochornosos similares al actual”.

“​Los santafesinos necesitamos que nuestros representantes no revistan sospechas de conductas delictuales. Exigimos políticos decentes. En la vida no sólo hay que serlo, sino también parecerlo, y a veces eso amerita demostrarlo ante un juez”.

Por lo tanto, “si la dirigencia política no allana el camino para despejar las sospechas que recaen sobre un Traferri, será tarea de las instituciones intermedias como la Sociedad Rural de Santa Fe, protagonistas y puntales de la institucionalidad, señalarlos, decirles que en esta provincia no hay privilegiados y que todos somos iguales ante la ley”, concluyó.