En la madrugada del 30 de diciembre del 2020, este año tan complicado amanecimos con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada. Ese que fue un reclamo del movimiento de mujeres desde hace decenios y que al recuperar la democracia en 1983 se convirtió en un grito de muchas. Hoy es una realidad. No es algo que nos regalaron, lo conseguimos con muchos años de lucha, de persistencia en la denuncia, de reclamo y llanto. El camino está pavimentado con las miles de mujeres y niñas que quedaron en estos años y que no pudimos evitar murieran por un aborto clandestino. Sabíamos la injusticia que esto implicaba, porque a ellas no les permitió la sociedad interrumpir un embarazo forzado, no planeado y que no podían continuar en forma segura y sin poner en riesgo su salud y su vida. Padecieron la tortura de pasar por ese proceso en la clandestinidad, solas y teniendo que ocultarse para que no las penalizaran. Sabíamos que otras, las que tenían los recursos económicos y sociales podían hacerlo sin arriesgar su vida y su salud. Eso era conocido por todos en nuestra sociedad, pero muches lo negaban o se hacían los que no veían. Otres decían, pero porque no lo tiene y después lo da en adopción, como si llevar un hijo en el vientre es algo que no nos afecta a las mujeres, nos consideran incubadoras y no seres humanos.
Ayer en el debate en el Senado escuchamos algunos relatos muy sentidos y autobiográficos, de mujeres que nos dieron la pauta este no es un tema para las mujeres frio e indiferente. También escuchamos senadores que entendieron que ellos no podían comprender cabalmente esto porque nunca lo vivieron ni lo iban a vivir. Pero al lado de estos hubo algunas mujeres y muchos hombres que se refugiaron en sus convicciones para justificar su voto negativo. Es licito esto, pero nos hubiera gustado que hubieran dejado de lado sus intereses personales para poder pensar en toda la sociedad. Las leyes son para quienes piensan como nosotros y para quienes difieren, por eso deben de permitir a toda la ciudadanía elegir, decidir, no obligar. Pero esto no todas las personas lo pueden entender y menos actuar. Es lamentable que sean legisladores, porque de esa forma solo pueden legislar para quienes piensan como ellos y no para todos. La democracia requiere garantizar derechos para todas las personas, no para un grupo o sector, por eso les legisladores deben poder superar sus propios intereses y pensar en el bien común, anteponiéndolo.
Con esta ley logramos consolidar la democracia ampliando un derecho. Tenemos que seguir luchando por la igualdad, pero dimos un gran paso!
Médica y presidenta de FEIM, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer