Una pregunta elemental que peregrina por redes sociales, mensajes enviados a los medios, grupos de whatsapp y mesas findeañeras es ¿Por qué no se implementó en el último año ninguna reforma judicial? Por qué razón, si fue un tema de la agenda inaugural del gobierno de Alberto Fernández, una apuesta fuerte, que además se plasmó en proyectos presentados por el propio Poder Ejecutivo. La respuesta no es unívoca y se compone de dificultades prácticas para conseguir mayorías parlamentarias, en especial en la Cámara de Diputados; de cierta insatisfacción dentro del propio oficialismo con algunas de las propuestas en danza --como la que planteó la fusión del fuero Penal Económico con Comodoro Py--; también está marcada por la tensión de fuerzas propia de la coexistencia de causas penales contra referentes del kirchernismo y del macrismo que condicionan cambios; y por el poder resistente que opera la tríada no disuelta entre el Poder Judicial, ciertos medios afines a la oposición y los intereses del establishmet económico, y sectores de la política. Un terreno en el que sí se pueden anotar algunos avances es en la disolución de la injerencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuya participación en las causas penales quedó limitada.
El poder de las causas penales
Hay una lógica en la base de este gran problema, difícil de desmontar. En Tucumán, en septiembre último, el juez de la Corte local Daniel Leiva fue grabado cuando el pedía al juez penal Enrique Pedicone que lleve “un poco lento” y “maneje la intensidad” de un expediente por abuso sexual contra el legislador Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi. Leiva dice que tiene el tema hablado con “Juan” en alusión al gobernador Manzur y “Osvaldo”, por Jaldo, el vice. Lo impactante de ese mensaje –que desató un escándalo-- era que ponía en palabras lo que en muchos otros ámbitos judiciales en todos los rincones del país a veces ni se explicita, se da por hecho o los jueces/zas manejan con “olfato político”.
Un caso de tiempismo judicial implícito atañe –por caso— a la situación del fiscal Carlos Stornelli: tiene procesamiento confirmado por la Cámara de Mar del Plata por participar en dos hechos de espionaje de alta gravedad. En el largo año que se tomaron los camaristas para decidir, a Stornelli no lo ha incomodado ningún proceso disciplinario en la Procuración. Los marplateneses, además, desmembraron el expediente: una parte fue a Comodoro Py y otra al fuero penal económico, y con ellas la garantía de que opere lo que el supremo fallecido Carlos Fayt llamaba la “cronoterapia”. En el ínterin, la Casación avaló la "gran Stornelli-Bonadío" de incluir relatos de arrepentidos sin registro de video ni audio en la causa cuadernos, lo que podria habilitar un accionar extorsivo.
El procesalista Alberto Binder, considera que “hay una decena de causas políticamente sensibles que afectan al establishment y la política de todos los sectores, y que impiden pensar en serio la reforma judicial. La energía que configura el campo de la reforma está marcada por esas causas”. Se refiere a casos contra oficialistas y opositores: de un lado se puede citar Cuadernos, Obra Pública (vialidad), Dólar Futuro, Memorándum con Irán, muerte de Alberto Nisman, Oil Combustibles, Hotesur y del otro las causas de espionaje durante el macrismo, la de los peajes (concesiones a Autopistas del Sol), Parque Eólicos, el Correo, la mesa judicial. Más allá de que es obvio que las primeras avanzaron más virulencia y rapidez, Binder señala que “ante la posibilidad de reformas todo deriva en preguntas como: ¿a qué causas va a favorecer el sistema acusatorio? ¿Y la reforma? Eso condiciona”. A su entender, “la única que gana con las indeterminaciones e incertidumbre es la Corte Suprema, que sabe jugar de un modo vaticano, mezclando causas de impacto con otras de juego oculto”.
Cuando operaba lo que Alberto Fernández llamó “los sótanos de la democracia”, los expedientes se resolvían por canales informales e injerencias de los servicios de inteligencia. La AFI generó un cambio importante. Binder cree que una modificación del sistema procesal y de Ministerio Público con un procurador/a con aval de la clase política pueden destrabar el asunto, pero no una reforma compleja.
Las reformas
Las dificultades para lograr reformas judiciales no son actuales. Es evidente que llevarlas adelante requiere de una determinación política no siempre fácil de consolidar ante los factores y presiones en danza que requieren negociación y a veces diluyen las iniciativas más trasnformadoras. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se intentó una democratización del sistema, volteada por la por un fallo de la Corte Suprema.
Una reforma madre, la del sistema procesal penal para establecer el “acusatorio”, como la mayoría de los países, fue un legado del final del gobierno de CFK en 2015. No la aplicó el macrismo, y recién comienza a desarrollarse con dificultad y lentamente. Da protagonismo a las fiscalías y distingue su función de la de los jueces/as, todavía borrosas en un modelo vigente con juzgados que controlan lo que ellos mismos hacen y solo convocan a fiscales cuando quieren. Pero se supone que también promete acortar plazos, hacer orales los procesos y exponer la tarea de todos los agentes que participan de un expediente. Hace pocas semanas se anunció con emoción la designación del primer defensor de las víctimas –una figura que viene de la mano de este sistema— apenas en Salta. Un pasito, paso al fin. Pero el planteo político ¿Cómo avanzar en este modelo si, para colmo, no se logra nombrar un procurador/a general que lo implementara y diseñará una política criminal? No lo hizo el gobierno de Mauricio Macri, por ahora tampoco este. El ex presidente postuló a la jueza Inés Wienberg de Roca; Fernández propuso al juez Daniel Rafecas. Hoy sigue el interino Eduardo Casal.
En 2020 tuvo media sanción una reforma de la ley del Ministerio Público que modifica las mayorías para elegir al jefe/a de los fiscales: pasa a requerir mayoría absoluta en la Cámara alta en lugar de los dos tercios actuales; cambia la duración del mandato, que ya no será vitalicio, sino que durará cinco años, con reelección. No se lo puede elegir en año electoral. También se prevén cambios para el enjuiciamiento de fiscales.
La reforma judicial general propuesta por el un proyecto del Ejecutivo, que obtuvo media sanción en el Senado pero allí quedó, impulsaba la fusión de los juzgados de Comodoro Py con los del fuero Penal Económico, la ampliación de cámaras y creación de fiscalías; también contemplaba el traspaso de la “justicia nacional penal” a la los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, para la investigación de delitos ordinarios. Más un fortalecimiento de la justicia provincial en base a un proyecto de Juntos por el Cambio.
Ambos temas, Ministerio Público y reforma judicial general, están en Diputados. Aparecen entre los proyectos a tratar en sesiones extraordinarias. El primero tiene más posibilidades de cosechar apoyos porque permite negociaciones con las provincias, para que las modificaciones en el mapa del Ministerio Público se implementen a nivel federal sin quedar sujetas de manera absoluta al poder central de la Procuración General. Algunos de los proyectos tratados en el Senado, además, provenían de los opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell.
El proyecto de reforma judicial no tiene hoy defensores apasionados ni si quiera dentro del propio oficialismo, que tampoco tiene quórum propio en Diputados. En la oposición tiene detractores que no están dispuestos a ceder. Algunas de las críticas de “los propios” al Poder Ejecutivo señalan que juntar penal económico con Comodoro Py potencia todos males históricos. Pero, además, hay quienes preguntan por qué multiplicar juzgados cuando lo que está en el horizonte es un sistema acusatorio que demandará más fiscalías. Varios diputados/as murmuran que hubieran querido más presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en toda esta cuestión.
La Corte en la mira
Un razonamiento que ganó fuerza en estos días indica que antes de una reforma de las estructuras habría que propiciar modificaciones en la Corte Suprema. Desde un ángulo lo intentaron hacer notar la mayoría de la Comisión Bicameral que fiscaliza las actividades de inteligencia, con una gran crítica la funcionamiento de la oficina de escuchas del alto tribunal, devenida en un mega órgano de investigación (la DAJuDeCO) desde que Macri se las pasó por decreto a los supremos que habilitaron que condujera esa dependencia el camarista estrella de Py, Martín Iruruzun. La bicameral sostiene que la DAJuDeCO sirvió para digitar causas contra el kirchnerismo, señaló las filtraciones desde su existencia, y propicia su regreso a la Procuración. Con esa base, en algunos despachos parlamentarios ya se habla de algunas otras posibles modificaciones que toquen a la Corte Suprema. Algunas están mencionadas en el dictamen del consejo asesor que había designado Alberto Fernández, que propuso una ley para modificarla.
León Arslanian, uno de los jurista que integraron esa comisión dijo a Página/12 que “la reforma más necesaria y compleja es la de Ministerio Público, para implementar un nuevo sistema de enjuiciamiento penal más moderno, más garantista y con roles definidos de juez y fiscal” pero que debería ser prioridad una reforma de la Corte. “No está funcioando bien, está atascada entre otras cosas por la gran cantidad de causas. Es importante que se considere el incremento de miembros. Además tenemos que satisfacer convenciones internacionales y respetar en la integración la paridad de género, el federalismo, la diversidad religiosa e ideológica”. Arslanian advierte a la vez que la Corte sigue usando criterios de principios del siglo pasado que se traducen en el uso del ya famoso artículo 280, del Código procesal Civil y Comercial que le permite resolver sin fundamentar. Es un de los temas en los que legisladores empiezan a poner atención, igual que la regulación de recursos extraordinarios, los plazos para los pronunciamientos supremos, un posible recorte del dinero que administra, entre otros temas. “Empiezan a aparecer en agenda –dicen dos diputados que piden reserva—otra reforma judicial que no es la que se había planteado”.
