En base a una veintena de testimonios ofrecidos por ella misma, Gabriela Michetti fue sobreseida por decisión del juez federal Ariel Lijo en la causa en la que investigaba el origen dudoso de los 245.000 pesos y 50.000 dólares robados de su casa el día del ballottage en 2015. Los testigos, afirma el fallo, avalaron el argumento que planteó la vicepresidenta: que los pesos eran producto de una colecta de donaciones en efectivo que hizo para la cena solidaria de fin de año de la fundación SUMA, que preside, y los dólares provenían de un préstamo de su pareja para pagar un posgrado de su hijo fuera del país. Las explicaciones de Michetti fueron volcadas en presentaciones espontáneas que hizo en la causa, ya que nunca fue llamada a indagatoria. La resolución de Lijo, además, archiva la pesquisa sobre el financiamiento de otras cuatro fundaciones vinculadas a dirigentes de Cambiemos (Fundar, Creer y Crecer, Formar y Pericles).  

Todo empezó el 22 de noviembre de 2015, día del desempate por las elecciones presidenciales. Cuando Michetti volvió a su casa, le faltaba mucho dinero que había dejado en efectivo. El episodio, sin embargo, se conoció casi ocho meses después, cuando lo reveló el diario cooperativo Tiempo Argentino. En el ínterin había sido responsabilizado por el robo un custodio de la vicepresidenta, David Cruzado, pero a partir de que el hecho fue público surgieron las dudas: ¿Cómo es que tenía tanto dinero en efectivo en su casa? ¿Estaba declarado? ¿O de dónde venía? En el juzgado de Lijo confluyeron denuncias del abogado Leonardo Martínez Herrero y del diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailadhe.  

La reacción pública de Michetti fue decir que no se había dado a conocer el hecho porque involucraba a su custodia y dijo que era plata de “donaciones” recibidas por la fundación SUMA. Ahí se armó un gran revuelo porque las fundaciones no pueden recibir donaciones en efectivo, por disposiciones de la AFIP. Todo debe estar bancarizado, además de declarado. La gran explicación que encajó con ese panorama fue que había salido a hacer una especie de vaquita entre amigos y conocidos porque había poca plata disponible en SUMA y tenían que hacer la cena solidaria de todos los años. De ahí, por ejemplo, que en respaldo de Michetti, el senador Federico Pinedo –que también es parte de la fundación– dijera que fue todo informal “porque Gaby es así”. 

La resolución de Lijo repasa que, siempre de acuerdo a los testimonios y a la propia Michetti, los “encargados de recaudar las contribuciones dinerarias efectuadas por terceros fueron Silvina Michetti (su hermana), Federico y Santiago Riobó (su colaborador)”. Ellos dijeron que juntaron aportes de 5000 a 15.000 pesos cada uno aproximadamente, muchos entre dirigentes de Cambiemos, funcionarios y amigos. Más de veinte aportantes ofrecieron relatos estandarizados de cómo había sido la colecta y a casi todos les parecía normal que no les dieran recibo, aunque algunos dijeron que lo esperaban para más adelante. 

Lijo sostuvo que es una desprolijidad que no les hayan dado recibo, pero que no hace a la cuestión investigada y no representa ningún delito. A todos les tomó la palabra sobre la existencia de las donaciones que refirieron y el origen lícito de los aportes (porque dice que se correspondían con los ingresos de todos ellos). Se quedó conforme  con que todo cerraba con la explicación que dio Michetti en presentaciones que hizo por iniciativa propia. El abogado denunciante Martínez Herrero señaló a PáginaI12: “Nunca se corroboró si los aportantes declararon las sumas de su donación, no hay un solo recibo, no se bancarizó, se la sobreseyó sin citarla a indagatoria en lugar de archivar la denuncia. Al ser un sobreseimiento es improbable que el fiscal (Guillermo Marijuán) apele, las posibilidades de que continúe la causa son ínfimas”. 

El otro plano de la investigación era el que apuntaba al papel de las fundaciones manejadas por dirigentes de Cambiemos. Además de SUMA, estaban incluidas en la causa: Fundar Justicia y Seguridad, dirigida por el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco; Formar, a cargo del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; Creer y Crecer, fundada por Mauricio Macri en 2001 y disuelta en 2015 cuando la comandaba el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; y Pericles, a cargo del abogado de confianza de Macri y de Clarín, Fabián Rodríguez Simón. El diputado Tailadhe había denunciado junto con esas fundaciones al grupo inmobiliario Farallón que se habría beneficiado con contratos. Lijo finalmente analizó la composición de las fundaciones y las operaciones declaradas junto con informes de la Unidad de Información Financiera y concluyó: “no se ha verificado elemento alguno que hiciese presumir la utilización de esas entidades para ingresar activos ilícitos en el mercado legal, tendientes a dotarlos de apariencia lícita”. Cerró de este modo una puerta a la posibilidad de investigar a fondo el financiamiento ilegal de la política.