Legisladoras y legisladores porteños del Frente de Todos expresaron su preocupación "frente al inexplicable rechazo" efectuado por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a la reunión convocada por el Ejecutivo nacional para comenzar a tratar el traspaso de la policía en el marco de la Ley 27.606.
"Nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2° de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma", había expresado el jefe de Gobierno porteño en un escrito dirigido a los ministros de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán.
Con su rechazo, el mandatario volvió a expresar su resistencia a perder los recursos que discrecionalmente el expresidente Mauricio Macri le cedió en 2016, cuando dispuso por decreto un aumento de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires que pasó de 1.4 % a 3.75 %.
Frente a la decisión del Ejecutivo porteño, los legisladores del Frente de Todos emitieron un comunicado en el que le pidieron a Rodríguez Larreta que "revise esta decisión incomprensible y vuelva al camino de la racionalidad y el diálogo democrático" ya que "el rechazo al diálogo nunca es una opción, menos aún cuando se trata, ni más ni menos, que de lograr un acuerdo sobre números que están sobre la mesa y que sólo hay que analizar".
"El Jefe de Gobierno insiste en transformar un tema estrictamente institucional -ordenar definitivamente el marco de la transferencia de la Policía Federal efectuada en 2016 de forma defectuosa por Mauricio Macri- en un conflicto político", sostuvieron en el documento.
De esta forma, continuaron, "nos impide a los porteños y porteñas alcanzar un acuerdo permanente y con fuerza de ley, que defina las partidas presupuestarias correspondientes a dicha transferencia, conforme lo previsto por el artículo 75 inciso 2 párrafo 5 de la Constitución Nacional".
Desde el Frente de Todos remarcaron la invalidez de utilizar como argumento para el rechazo al diálogo la judicialización llevada adelante por el Gobierno de la Ciudad "dado que -en modo alguno- ha existido condicionamiento para dicha convocatoria, ni implica renuncia alguna a la acción judicial".
"Como Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instamos a las autoridades a que cumplan con una Ley del Congreso que busca, ni más ni menos, que darle seguridad jurídica a futuro, a una cuestión que el Gobierno anterior resolvió mediante decreto y sin ningún tipo de análisis serio en materia de partidas presupuestaria", concluyeron.
