La Corte Suprema se deshizo de cientos de causas sin siquiera mirarlas. Los ampara una vieja acordada de 1990 que faculta al tribunal a exigirles a quienes plantean un recurso de queja o “de hecho” (la última posibilidad de que sus planteos sean estudiados antes de la “cosa juzgada”) que depositen una suerte de tasa que hoy trepa a los 100 mil pesos. Si quien planteó el recurso no cumple con ese desembolso de dinero –que, por lo general,  pierde–, la Corte ni siquiera toca el expediente. Tiene por desistido el recurso y cierra definitivamente el expediente. Es decir que para tener una mínima chance de revisión por la Corte hay que pagar 100 mil pesos. Pero la Corte puede decidir que no revisa nada y se queda con el dinero sin dar ninguna explicación.

El número de causas que resuelve la Corte semanalmente oscila entre 180 y 250. Es un promedio; hay semanas de más, y semanas de menos. Pero en el último acuerdo de 2020, el 22 de diciembre, ese número saltó sorpresivamente a 532. ¿Un frenesí laboral de fin de año? Ciertamente, no. Según publicó el diario Tiempo Argentino, gran parte de ese más de medio millar de fallos se cerró con una fórmula calcada: “La parte recurrente no ha dado cumplimiento a la intimación que le formuló el Secretario del Tribunal en los términos del inc. C de la acordada 13/90, texto según modificación de la acordada 35/90. Por ello, corresponde tener por no presentado el recurso de hecho”.La acordada 13/90 fue firmada por Enrique Petracchi, Augusto Belluscio Carlos Fayt y Jorge Bacqué (ninguno de ellos es hoy juez de la Corte) en marzo de 1990 y establecía que mientras no se garantizara que alguien iba a efectuar el depósito para activar la queja, no se le daría trámite.