Personal del Programa de Acompañamiento Social Integral (PASI), que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, denunció que el Gobierno porteño despidió el 23 de diciembre a 15 trabajadores que brindan asistencia en este plan dedicado a acompañar desde hace más de tres años a unas 1000 familias en situación de vulnerabilidad social, emergencia habitacional y sanitaria. Según denunciaron, con esta tanda de despidos que tiene por objetivo desmantelar el programa, con la figura de la no renovación de contrato despidieron a 24 de los 39 trabajadores del sector, ya que, durante el año, la cartera a cargo de María Migliore había dejado sin renovar otros nueve contratos. Los despedidos alertaron que con el vaciamiento del programa las personas acompañadas corren el "riesgo inminente de quedar nuevamente en situación de calle". El lunes pasado, un grupo de los cesanteados junto a representantes de ATE presentaron una nota a las autoridades exigiendo la reincorporación de los despedidos.

El PASI es un programa territorial que fue creado en 2017 para asistir a personas en situación de vulnerabilidad social en la Ciudad. La mayoría de los despedidos el día previo a la Navidad trabajaban desde el comienzo del programa bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, la forma precarizada del Estado para contratar personal que hace la misma tarea año tras año que el personal de planta pero sin estabilidad laboral y, en muchos casos, sin vacaciones, pagos adicionales por título, antigüedad, etc.

Mabel Rella, trabajadora social y una de las desvinculadas, dijo a Página/12 que "hasta el 10 de de diciembre todo iba bien. Ese día nos informaron que cambiaba la dirección, que el programa iba a pertenecer ahora al área de Marcela Rumi, la directora de Servicios Sociales Zonales. Y ella nos aseguró en el Elefante Blanco (la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en el barrio de Villa Lugano) que el programa iba a tener unos cambios de objetivo pero que iba a estar todo bien con las fuentes de trabajo y que los contratados iban a seguir".

Pero el 23 de diciembre "todo cambió. Nuestra coordinadora nos llama a los quince despedidos, uno por uno, para decirnos que el Gobierno no nos iba a renovar el contrato, que vencía el 31 de diciembre, y que eso era lo único que sabía. Pero hasta este lunes, ni a mí ni a mis compañeros nos llegó ninguna otra información". Y agregó que, a la incertidumbre por la situación de los despidos, se suma la incertidumbre por " esas 1000 familias en situación y en riesgo de calle a las que acompañamos desde hace más de tres años y a las que no les hemos podido comunicar nada todavía. Como profesionales tenemos la responsabilidad de trasmitirles la situación a las familias y dejarlas de alguna forma amparadas después de haber trabajado con ellas tanto tiempo".

Según explicó la trabajadora social, que hace tres años y tres meses desarrolla la tarea de acompañamiento en el marco del programa, al PASI "le derivan familias de otros programas: del programa de Atención a familias en situación de calle, de Ciudadanía porteña, de los CeSAC (centros de salud y acción comunitaria), entre otros, y nosotros trabajamos con ellos de manera integral para darles continuidad y seguimiento en cuestiones como educación, salud, vivienda, trabajo, documentación y revinculación de las familias. Construimos estrategias con las familias en pos de mejorar su bienestar social".

El trabajo territorial que venían desempeñando en duplas integradas por un trabajador/trabajadora social y una psicóloga/go, que acompañaban a unas 40 familias por dupla, también fue afectado durante el año pandémico porque, de acuerdo a lo que informaron los trabajadores del programa, las parejas quedaron mancas al no renovarse nueve contratos durante el año.

Consultado por este diario, voceros del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat informaron que "el Programa de Acompañamiento Social Integral sigue funcionando. Estamos promoviendo en esta nueva etapa del programa construir nuevos puentes con otros programas del Gobierno, siempre dentro de la normativa establecida para PASI. En este contexto hemos convocado a todo el personal y 15 personas no han respondido a esta convocatoria. Ratificamos que no hay pases a otros programas, ni reubicaciones ni cierre del programa".

Por su parte, los despedidos sostuvieron a través de un comunicado que son "trabajadorxs esenciales, aunque contratadxs precariamente, con sueldos miserables por debajo de la línea de pobreza y sin reconocimiento por las tareas desempeñadas en este contexto de pandemia", y advirtieron que las "más de 1.000 familias en situación de vulnerabilidad social, emergencia habitacional y sanitaria" que acompañan corren el riesgo "de quedar nuevamente en situación de calle, en su mayoría mujeres solas, desocupadas y con hijxs a cargo, excluídxs del sistema de salud y expulsadxs del sistema educativo. Trabajamos diariamente para revertir estas situaciones que tras haber atravesado la crisis sanitaria por covid-19 sin precedentes, han empeorado sus condiciones de vida".

En este sentido, Rella remarcó que la gente en situación de calle no tiene ningún tipo de red, y uno de los objetivos del PASI "es la construcción de redes y el fortalecimiento de esas familias, el empoderamiento para hacer valer sus derechos, conseguir un trabajo, reinsertarse, no se queda sólo en la renovación del subsidio habitacional".