En el último día hábil de 2020, cuando las ventanillas y los despachos de los tribunales se preparaban para el inicio de la feria judicial de enero, el procurador general interino, Eduardo Casal, se colgó del aumento autoimpuesto por la Corte Suprema y dispuso un incremento del 10 por ciento para todo el personal del Ministerio Público de la Nación.
La decisión fue tomada a través de una resolución firmada el 30 de diciembre último y sin muchas explicaciones alude a la Acordada 40/20 del máximo tribunal, tomada a mediados de noviembre del año pasado.
Esta medida había dispuesto “un aumento del 10 por ciento” a partir del primer día de ese mes “para todas las categorías" en los abultados sueldos que perciben los funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
Pasado un mes de los ministros de la Corte decidieran esa suba, Casal no se quiso quedar atrás y determinó que el aumento en su sector también sea de carácter “remunerativo y bonificable”, de modo tal que la mejora salarial se hizo extensiva a toda la corporación judicial.
Es más, decidió que el aumento sea retroactivo al 1 de noviembre del año pasado en “todas las categorías del escalafón del Ministerio Público Fiscal" que está bajo su órbita de manera interina.
De esta manera, los retroactivos de noviembre y diciembre de 2020 serán “abonados conjuntamente con la liquidación y pago del mes de enero de 2021”, tal como lo señala la acordada de la Corte.
Los costos de esta suba decidida a sola firma y con la mera referencia a la ley 23.853 que refiere a la autarquía del Poder Judicial descarga los gastos en personal incluidos en el presupuesto del sector.
