Primero vino el silencio. Julian Assange, preso en una cárcel de alta seguridad en Gran Bretaña, aparecía en audiencias judiciales encerrado en una jaula de vidrio a prueba de balas y a nadie parecía llamarle demasiado la atención. Había revelado los secretos más oscuros de Estados Unidos y sus aliados asociado a los medios de comunicación más poderosos y prestigiosos de mundo y ahora esos medios callaban mientras Estados Unidos y Gran Bretaña disponían de la vida, la libertad, la salud y la reputación del publicador serial de verdades incómodas, devenido en terrorista de última generación. Solo, aislado y a merced de sus enemigos, Assange enfrentaba una extradición a Estados Unidos que parecía ser un mero trámite, más o menos prolongado.

Pero pasaron cosas, empezando por la derrota electoral de Donald Trump. El principal perseguidor del fundador de WikiLeaks e ideólogo de la acusación por la que Assange recibiría hasta 175 años de cárcel será reemplazado el 20 de enero en la Casa Blanca por Joe Biden, el dos veces vicepresidente de Barack Obama. Y resulta que durante la presidencia de Obama el Fiscal General Eric Holder se negó a llevar adelante una acusación en contra de Assange porque, según su razonamiento, no podría acusarlo sin llevar a juicio también a sus socios editoriales en Estados Unidos empezando por el New York Times, y sin violar la primera enmienda constitucional estadounidense, que garantiza la libertad de expresión en ese país. Cabe aclarar que en Estados Unidos la Justicia no es un poder independiente del Ejecutivo, sino que el Fiscal General asume funciones de ministro de Justicia y forma parte del gabinete presidencial. Defensor a ultranza de la gestión de Obama, para Biden el eventual juzgamiento de Assange en Estados Unidos se convertía en un problema.

La decisión de la jueza Vanessa Baraitser de negar la extradición por motivos de salud mental se da en ese contexto. La magistrada británica fundamenta su negativa en el riesgo de suicidio que presenta Assange debido a una depresión agravada tras 10 años de encierro, siete en la embajada ecuatoriana en Londres y tres en cárceles británicas. Pero rechaza los demás argumentos de la defensa, sobre todo el de que se trata de una causa política y por lo tanto no extraditable. Assange está siendo juzgado por una supuesta “conspiración” con su fuente, Chelsea Manning, para obtener y publicar en WikiLeaks y junto a sus socios--decenas de medios de todo el mundo, incluyendo Página/ 12-- millones de documentos diplomáticos, de las guerras de Irak y Afganistán y de la cárcel de Guantánamo, extraídos de una red de seguridad estadounidense.

El fallo de Baraitser sorprende. Casi no existen antecedentes cercanos de la justicia británica negando una extradición a Estados Unidos no sólo por la cercanía política entre ambos países, sobre todo de sus cúpulas militares y de inteligencia, sino porque el tratado de extradición entre ambos países es de lo más flexible que se ha aprobado en cualquier lugar de mundo. Pero la decisión de la jueza no deja de tener su lógica.

Deja abierta la puerta para que el proceso continúe por medio de apelaciones pero también le da al gobierno de Biden una salida elegante para que pueda evitar un juicio incómodo en su país sin bajarse de su caracterización de Assange como un “terrorista de alta tecnología” y sin enfrentarse con la comunidad de inteligencia que desde hace años pide la cabeza del editor australiano. Lo que para Trump era una exigencia ineludible, para Biden se convertía en un problema que la jueza evitó.

Desde una mirada política es un fallo de compromiso pero en otro nivel no deja de ser un claro triunfo para la democracia y la libertad de expresión. Desde el punto de vista humanitario lo más importante es que la decisión judicial permite que Assange recupere su libertad después de una década de un encierro agravado por todo tipo de intrusiones, extorsiones, privaciones, malos tratos y torturas psicológicas. De mínima, estando en libertad el editor de WikiLeaks podrá hacer uso de sus recuperadas facultades mentales para colaborar con su propia defensa legal y relanzar su portal de filtraciones con nuevas revelaciones. Más aún, este fallo le permite reunirse con su familia y sus afectos y recuperar su felicidad y sus ganas de vivir. Y así podrá seguir inspirando a potenciales denunciantes o “whistleblowers” a seguir presentando evidencias de procederes opacos, inmorales y criminales de las grandes corporaciones privadas y estatales que gobiernan el mundo. Por eso no es un fallo más ni se limita a la salud del acusado. En un caso que pone en juego la libertad, no solo de expresión, de la sociedad global, nada menos, ninguna decisión es inocente.