Este lunes los abogados de los dos jóvenes atropellados en la madrugada del primero de enero por el auto de Juan Ignacio Buzali y Carolina Píparo, diputada de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, pidieron la detención de Buzali al considerar que su libertad conlleva "peligros procesales" y "riesgo de fuga". Además, ratificaron el pedido de cambio de carátula a tentativa de homicidio y solicitaron el apartamiento de la jueza interviniente, Marcela Garmendia, madre de Juan Manuel Martínez Garmendia, que al igual que Píparo integra el Gabinete municipal de Julio Garro. Mientras fuentes judiciales aseguran que está "prácticamente descartado" que los dos motociclistas hayan participado del robo, este lunes allanaron el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Plata en busca de grabaciones del momento del choque.
"Atento al comportamiento desplegado por Buzali en el acontecer de los hechos, quedó demostrado su desprecio total por el derecho, poniéndose en fuga luego de atropellar a las víctimas, esto constituye un peligro cierto de fuga", indicó el abogado Martín De Vargas, representante de Luis Lavalle (23), uno de los jóvenes atropellados, en su presentación ante la UFI 17 de La Plata, que tiene a su cargo la causa que investiga el choque, hasta el momento caratulada como "lesiones culposas".
En el pedido de detención de Buzali, el abogado argumentó que existen "peligros procesales" por "la existencia de funcionarios públicos asistiéndolos" --refiere a la presencia del secretario de Seguridad de La Plata, Darío Ganduglia, que esperó a la pareja en Plaza Moreno, luego del choque--, lo que a su parecer evidencia "que existe entorpecimiento en la investigación, ya que han utilizado influencias para evitar ser detenidos y también evitar el control de alcoholemia". A Buzali no se le realizó el test de alcoholemia en el acto sino que se esperó hasta horas del mediodía, es decir, alrededor de diez horas después.
Hasta el momento nadie pudo explicar la presencia de Ganduglia en Plaza Moreno. El nombre del funcionario aparece también mencionado en el pedido de apartamiento de la jueza Garmendia --interviniente por el Juzgado de Garantías N°5-- que este lunes presentó De Vargas. La jueza es la madre de Juan Manuel Martínez Garmendia, quien al igual que Ganduglia es funcionario municipal, con la Subsecretaría de Gobierno y de Asuntos Estratégicos a su cargo.
En el municipio gobernado por Julio Garro, también Píparo ocupa el cargo de secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género. Según el pedido presentado por el abogado, la relación familiar entre el funcionario y la jueza hace que esta última "pierda el carácter objetivo e imparcial de juzgador", por lo que solicitó que "se abstenga de seguir interviniendo en las presentes actuaciones" remitiéndolas "al juez que resulte sorteado al efecto".
Por su parte, los abogados Rodolfo Baqué y Juan Fontana, que representan al otro joven atropellado, de 17 años, solicitaron la imputación del conductor del Fiat 500L por doble homicidio en grado de tentativa, al asegurar que "no se trató de un accidente de tránsito". En el escrito presentado en la Justicia, Baqué y Fontana plantearon: "Entendemos que el señor Buzali, al impactar de manera artera, traicionera e intencional en la parte trasera de las motos a una velocidad excesiva", tuvo como finalidad "acabar con la vida motivado por la sed de venganza y la ira al considerarlos autores del robo".
A pesar de que el sábado por la noche, entrevistada por Telefé Noticias, Píparo había asegurado que cinco motos la habían "emboscado" y que en el intento de escapar se produjo el choque, ahora la diputada realizó un descargo en el que ya no menciona dicha "emboscada" sino que enarbola la hipótesis del "accidente": "Vimos a las personas que para nosotros nos habían asaltado, pretendimos ayudar a que la policía los encuentre", inició y detalló que "es ahí cuando tuvimos un accidente en el que dos personas resultaron heridas".
Este domingo, en diálogo con este diario, De Vargas ya había anticipado que la estrategia judicial de Píparo podía llegar por el lado del "accidente" en plena persecución, al denunciar que las cámaras de seguridad difundidas a los medios por la Municipalidad de La Plata estaban editadas para hacer ver el supuesto seguimiento del auto de Buzali y Píparo a los motociclistas que, en teoría, creían que les habían robado: a simple vista se puede apreciar como, en cada cuadro, las motos desaparecen momentos antes de que aparezca el auto, dando la impresión de una cercanía entre los vehículos que no existió en la realidad.
En el video crudo de las cámaras, al que Página 12 accedió este lunes --y que está incorporado a la causa--, se observa una distancia que llega a alcanzar casi dos cuadras entre los vehículos. Quedará en manos de la Justicia determinar si tal persecución existió o no y, en el caso de haber ocurrido, quiénes son los motociclistas que allí aparecen. En este sentido, este lunes el COM de La Plata fue allanado con el objetivo de secuestrar todas las grabaciones completas de las cámaras de seguridad y los libros de guardia de la madrugada de año nuevo. También se buscan registros privados de los vecinos que ayuden a echar luz sobre lo sucedido.
Pero las imágenes de las cámaras de seguridad no son las únicas incorporadas a la causa. También hay videos grabados por los propios amigos de los jóvenes atropellados, quienes aseguran que una vez producido el choque persiguieron al auto para que no escapara. Allí se ven tres motos detrás del Fiat y se escucha a los propios motociclistas gritar entre ellos el número de patente de Buzali y Píparo para poder recordarlo.
En el video entregado por la Municipalidad, se ve que, al llegar al control policial de Plaza Moreno, el auto y las motos se detienen y en ningún momento los jóvenes son señalados como los responsables del robo, tal es así que ninguno de ellos quedó imputado en la causa por el asalto y, al día de hoy, fuentes de la Fiscalía aseguran que está "prácticamente descartado" que hayan tenido algo que ver con el hecho.
Informe: Santiago Brunetto
