Desde Caracas 

La nueva Asamblea Nacional (AN) de Venezuela fue instalada este martes 5 de enero. Con 256 diputados y diputadas del chavismo reunidos en el “bloque de la patria” y 21 de la oposición, electos el pasado 6 de diciembre, comenzó un nuevo período que se extenderá hasta el 2026. Al frente del Poder Legislativo quedó Jorge Rodríguez, ex ministro de comunicación; como vicepresidenta, Iris Varela, ex titular de servicio penitenciario.

La jornada transcurrió en una Caracas bajo cuarentena estricta luego de un mes de flexibilización. El ingreso al Palacio Federal Legislativo por parte de los diputados y diputadas del “bloque de la patria” fue con los cuadros de Simón Bolívar y Hugo Chávez a la cabeza, en un acto de restitución de los símbolos que habían sido quitado el 5 de enero del 2016, cuando una mayoría opositora quedó al frente del legislativo.

El transcurso de la instalación con juramentación de las autoridades, todas del “bloque de la patria”, estuvo marcado por discursos alrededor del significado político de haber recuperado la AN luego de que, desde ese espacio institucional, la oposición intentará diferentes actos de desestabilización, como decretar el “abandono del cargo presidencial” en el 2017, hasta la creación de una “presidencia interina” en enero del 2019.

Como estaba previsto, el sector de la oposición que no se presentó a las elecciones del 6 de diciembre no reconoció la nueva AN, y, dentro de ese sector, un grupo llevó adelante el acto lo que denominaron la continuidad de la AN bajo la presidencia de Juan Guaidó. La preparación de esa “instalación” fue objeto de debates y divisiones dentro de la oposición abstencionista, debido a que un parte de diputados y diputados decidió desconocer la continuidad ya que legalmente el mandato de esa AN finalizaba este 5 de enero, y quiénes sí la reconocieron, se dividieron respecto a cómo llevar adelante la continuidad.

Esta última división sucedió por el hecho de que se realizaron varias modificaciones: el mandato de la AN bajo Guaidó fue postergado por un año dejando abierta las puertas a una nueva extensión, se creó una “comisión delegada” como forma de mantener la AN sin sesionar, y se formó el “consejo político” que remplazó el “centro de gobierno” que presidía Leopoldo López. Esos cambios, votados únicamente por 55 diputados y diputadas el 26 de diciembre, no fueron respaldados por el sector del partido Acción Democrática presidido por Henry Ramos Allup -otra parte del partido sí participó de las legislativas-, aunque mantiene el respaldo a Guaidó como “presidente interino”.

No hubo sorpresas por lo tanto durante la jornada del martes 5 de enero dentro del país, en un día que comenzó por la noticia de la presencia de policías en las inmediaciones de la casa de Guaidó, información que, como se preveía, se apagó rápidamente. Como se esperaba también, gran parte de los gobiernos que no habían reconocido la elección del 6 de diciembre, se pronunciaron en desconocimiento de la nueva AN, ratificando el respaldo a Guaidó, como, por ejemplo, Estados Unidos (EEUU), Brasil y Canadá.

La Unión Europea (UE), por su parte, aún no ha expresado cuál será su postura exacta ante este nuevo escenario. Si bien la decisión europea fue la de no reconocer la contienda legislativa, trascendió, vía El País, que estaba en debate una posible fórmula de no reconocimiento de Guaidó como presidente interino, pero de mantenimiento de una posición de privilegio en las relaciones, un primus inter pares. Esa posición debería hacerse pública en los próximos días.

La figura de Guaidó como “presidente interino” no solamente se encuentra cuestionada por encontrarse fuera del marco constitucional, sino que, además, ha sido nuevamente golpeada por escándalos de corrupción. El último caso apareció en días recientes vía el Washington Post, donde fueron expuestas tres tramas de corrupción internacional, una de ellas con el gobierno de Paraguay, involucrando a Guaidó y varios de los dirigentes que conforman el “gobierno interino”.

Transacciones con Guaidó

El año comienza entonces con Guaidó con un capital político en su mínima expresión, pero con el reconocimiento central otorgado por EEUU, en particular por el Departamento del Tesoro, que el día lunes volvió a emitir una licencia que permite que los ciudadanos estadounidenses hagan transacciones con Guaidó, con la AN que afirma presidir y con la “comisión delegada”, pero no con el gobierno de Maduro ni el poder legislativo electo y posesionado este 5 de enero. Si el horizonte del “gobierno interino” está bajo serias dudas, no lo está su utilidad como dispositivo que permite a EEUU legalizar el congelamiento y apropiación de activos venezolanos en el extranjero.

La nueva AN tendrá numerosas tareas por delante. Su presidente, Rodríguez, afirmó que desde allí será conformada una “comisión especial” que impulsará un “gran diálogo nacional”. La fracción del chavismo, encabezada por Diosdado Cabello, tendrá el desafío de lograr volver a crear expectativas alrededor del Poder Legislativo, en el marco de un escenario marcado por la baja participación electoral y un desgaste transversal debido tanto a la situación económica de crisis prolongada, como a las formas en que ha venido transcurriendo el conflicto político.

Aún está por determinarse cuál será la postura de la nueva administración de Joe Biden, que asumirá el próximo 20 de enero. Si bien se estima que mantendrá el reconocimiento formal a Guaidó como “presidente interino”, algo que ha sido bipartidista desde el inicio, también se especula acerca de un posible cambio de forma de abordaje basado en un balance negativo de la estrategia llevada adelante por Donald Trump y su equipo, la posibilidad de nuevos diálogos y, tal vez, de acuerdos.

El 2020 se anuncia en Venezuela con posibles cambios en el tablero de ajedrez político. El primero y principal ya ocurrió con el nuevo Poder Legislativo. En los próximos meses vendrán las elecciones a gobernadores y posibles novedades sobre diálogos. Mientras tanto, el tema central que recorre la cotidianeidad es la economía, los bajos salarios, precariedad de los servicios y aumento de precios, un país bajo bloqueo donde el gobierno tiene como apuesta principal el ingreso de capitales privados para intentar frenar la caída y reactivar la economía.