Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) detectó irregularidades y debilidades de control en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. Entre otras cosas, el organismo de control alertó sobre "fallas severas en el control de obras sociales y empresas de medicina prepagas".
El informe de la Sigen constató la falta de auditorías económicas y financieras en 34 de estas empresas y obras sociales, en las cuales se encontraron irregularidades en la aprobación de los balances y "un alto grado de morosidad en la entrega de los estados contables que deben efectuar las entidades de medicina prepaga".
Uno de los aspectos que se destaca en la auditoria es que, a partir de las presentaciones puntuales de algunas empresas, se autorizaron aumentos generales a todas las entidades de medicina prepaga, sin considerar la normativa vigente, que establecía que las firmas que pretendían incrementar las cuotas abonadas por los usuarios debían presentar en forma individual una justificación ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
Por consiguiente, “se autorizaron incrementos de cuotas respecto de entidades que no lo solicitaron, incumpliendo la normativa vigente”, precisa el informe de la Sigen.
Con respecto a la prestación de servicios, no se verificaron acciones de control formal del cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO) por parte de las empresas de medicina prepaga, con su eventual impacto en el ejercicio de los derechos de los beneficiarios del sistema. El PMO representa el piso mínimo de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales, en cualquiera de sus planes.
Además, se encontraban pendientes de registración en la Superintendencia de Salud los Planes Básicos aprobados para las entidades de medicina prepaga.
En cuanto a subsidios y reintegros, la Superintendencia no contaba --al 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre del informe de Sigen-- con una base de datos confiable con información histórica detallada para conocer el estado en que se encuentran registrados los subsidios entregados por la Administración de Programas Especiales (APE).
Por otro lado, si bien se hallaron obras sociales con deudas prestacionales a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD) --en muchos casos de magnitudes muy importantes--, no se detectaron sanciones desde el organismo para estas obras sociales.
Asimismo, la auditoria detectó criterios confusos para el otorgamiento de subsidios, impidiendo conocer así la real necesidad de cada beneficiario y, en términos de reintegros, se encontraban pendientes de pago una "gran cantidad de expedientes".
