En medio de la discusión sobre los fondos que le corresponden a CABA por la coparticipación, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta va a gastar 89 millones de pesos en una licitación para hacer encuestas telefónicas y focus groups, cuyo objeto no está especificado ni en la resolución que convoca a la licitación, ni en los pliegos de condiciones. El legislador del Frente de Todos Santiago Roberto cuestionó el uso de esos fondos mientras se aumentan las tarifas de subte, taxis, estacionamiento y se mantienen ajustes en otras áreas en el presupuesto 2021. "Larreta vuelve a dejar en claro que su única prioridad es el marketing político y no el bienestar de las y los vecinos de la Ciudad", indicó. El cuestionamiento por los gastos viene luego de una advertencia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad por el uso de fondos sin control durante la pandemia.

Según indica una resolución de la directora de Compras y Contrataciones, Marisa Andrea Tojo, el gobierno porteño lanzó una licitación que se hará el 20 de enero para "el Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública, en su modalidad cuantitativa y cualitativa, dirigidos a un determinado grupo de personas y en relación a temas específicos". En ningún lado de la resolución, ni en sus anexos, se explica cuales serían esos "temas específicos".

La lectura de los pliegos y otros detalles técnicos tampoco arrojan luz sobre esos temas. "Esta Licitación Pública tiene por objeto la contratación del Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública, en su modalidad cuantitativa y cualitativa, dirigidos a un determinado grupo de personas y en relación a temas específicos, para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", indican los pliegos para las empresas que quieran participar.

Y en el anexo técnico se deja en claro que "este estudio tiene como objetivo relevar la opinión, evaluación y necesidades de un grupo determinado de personas y en relación a temas específicos que la autoridad de aplicación determinará al momento de solicitar el estudio". Es decir, es una licitación para contratar encuestas con todo propósito. Sí se especifica que el convenio es por un año y la cantidad de encuestas y de personas que deben entrevistar telefónicamente con el sistema IVR, además de la realización de focus groups virtuales. "La información se obtiene realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos específicos", indica de forma vaga el documento.

En medio de la polémica con el gobierno nacional por los fondos del traspaso de la Policía, y con reclamos de aumentos salariales del personal de salud, la noticia no cayó  bien. Por caso, el legislador Santiago Roberto advirtió a este diario: "El Gobierno de la Ciudad sigue castigando a las y los porteños: no solo aprobó un presupuesto de 'contingencia', sumó un nuevo impuesto que golpeará de lleno a la clase media y aumentará las tarifas cuando tiene los recursos para sostenerlas, sino que despilfarra 89 millones de pesos en hacer encuestas telefónicas".

Ante la consulta de PáginaI12, desde el gobierno porteño aseguraron que "se trata de un convenio marco donde se pueden inscribir distintos proveedores y que tiene una estimación de gasto anual de hasta 89 millones de pesos, que dependerá de las necesidades que presente la administración en este rubro”. Resaltaron que lo habitual es que se gaste un monto menor al fijado.

El cuestionamiento a los gastos y las prioridades del gobierno de Larreta no es un rayo en un día claro. Llega luego de que la presidenta de la Auditoría porteña, Mariana Gagliardi, hiciera un extenso cuestionamiento al hecho de que no permitieron que ese órgano de control hiciera un seguimiento en tiempo real de los gastos realizados  durante la pandemia, pese a que hubo casos escandalosos, como la compra de barbijos a 3 mil pesos cada uno, que resultaron estar vencidos y por lo que debieron renunciar dos funcionarios. En la empresa contratada figuraba la hermana del jefe de gobierno.

También se gastaron 200 millones de pesos en viandas para las personas aisladas en los hoteles, se compraron equipos para tiro y hasta para jugar al bowling, en dólares, y en plena cuarentena. También se gastaron otros 1051 millones de pesos en "servicio de alquiler de elementos destinados al interés público, recreativo y cultural". “Hasta el momento no se ha hecho ningún control sobre las compras y contrataciones realizadas, a pesar de que han trascendido múltiples ejemplos de sobreprecios e insumos en mal estado", remacó la presidenta de la Auditoría porteña.