El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli responsabilizó al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y al camarista Martín Irurzun de utilizar los “organismos paralelos de inteligencia” creados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista para armar  causas y perseguir a dirigentes opositores. Además, Parrilli justificó su segundo pedido de juicio político al fiscal Carlos Stornelli, quien está procesado por integrar una banda que realizaba extorsiones y espionaje ilegal, y denunció la defensa macrista de jueces amigos --entre los que incluyó a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi-- "para que los protejan en los más de cien casos" en que están investigados por hechos de corrupción.

"Estaba la AFI que manejaban (Gustavo) Arribas y (Mauricio) Macri, y el que manejaba Lorenzetti e Irurzun, y allí elegían qué causas se investigaban", afirmó Parrilli en declaraciones periodísticas con las radios AM990 y El Destape.

"El caso de Amado Boudou es la expresión de lo que ha sido el lawfare. Y la Corte tiene una gran responsabilidad en esto", remarcó Parrilli al ser consultado sobre la situación judicial del ex vicepresidente en la causa Ciccone. De todas maneras, tomó distancia del ex juez de la Corte y actual miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, quien había propuesto que "la solución inmediata es el indulto" para Boudou. "Indultar es reconocer que Boudou fue bien condenado y esta es una condena absolutamente irregular", se diferenció Parrilli y se mostró partidario de entablar "apelaciones a nivel internacional" y "buscar la manera de que este fallo sea revisado".

El senador neuquino integra como secretario la Comisión Bicameral de Control sobre los Organismos y Actividades de Inteligencia que el último día del año le entregó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, “un informe que da cuenta del manejo que tenía la oficina de escuchas telefónicas, que Macri traspasó de la Procuración a la Corte". Allí se detalla cómo la oficina de escuchas en manos de la Corte (D.A.Ju.De.C.O) cometió "irregularidades muy severas que afectaron la intimidad de las personas, a través de escuchas ilegales y filtraciones a los medios, y sus derechos y garantías más básicos".

El informe de la Bicameral contiene el análisis de 20 de las 55 precausas creadas por la AFI conducida por Gustavo Arribas, y las filtraciones de escuchas de tres casos en particular: las conversaciones entre Parrilli y CFK, los diálogos privados de ex funcionarios presos en el penal de Ezeiza --conocida como “Operación Puf”-- y pinchaduras a los teléfonos de familiares de Santiago Maldonado.

El mismo día de la entrega del informe de la Bicameral, el presidente Alberto Fernández despidió el año en la Quinta de Olivos junto a los diputados del FdT y allí les pidió a los legisladores que avancen con la reforma de la Justicia Federal que ya tiene media sanción del Senado.

Diputados también tiene pendiente el tratamiento de la reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal, que reduce de dos tercios a la mayoría absoluta de los miembros del Senado para la designación del Procurador General y limita su mandato --hoy vitalicio-- a cinco años. La iniciativa, impulsada por Parrilli, está el sintonía con las sugerencias que recibió el Presidente del Consejo Consultivo conformado para analizar reformas a la Justicia.