El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires extendió este martes el plazo para el canje de bonos bajo legislación extranjera hasta el 29 de enero de 2021. Se trata de un total de 7148 millones de dólares, en la undécima extensión de plazos para redefinir el repago de casi el 70 por ciento de la deuda bruta provincial.
El Gobierno bonaerense precisó a través de un comunicado que "la provincia planea continuar el diálogo de buena fe con los acreedores privados externos con el objetivo de alcanzar un acuerdo que respete su capacidad de pago y el marco de sostenibilidad de la deuda pública provincial en el mediano y largo plazo".
El Gobierno bonaerense ofrece cambiar los 23 bonos en moneda extranjera por nuevos títulos con un período de gracia de tres años, un recorte del 55 por ciento de interés y del 7 por ciento en el capital, y una extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.
El objetivo de la gestión de Axel Kicillof es ahorrar 5000 millones en pagos de deuda hasta 2030, y evitar un cronograma de vencimientos que sin canje implicaría pagar en los próximos cuatro años 80 por ciento del total adeudado por la provincia a acreedores externos.
Por su parte la provincia de Entre Ríos respondió a través de un comunicado a los inversores que avanzaron en la justicia contra la provincia por la demora en la reestructuración de su deuda y aseguró haber sufrido amenazas y requerimientos inflexibles de parte de un grupo de inversores privados que iniciaron el litigio.
Los acreedores que litigaron en tribunales internacionales contra la provincia lo hicieron para intentar cobrar el cupón de intereses vencidos del bono ER 25 por 11,9 millones de dólares.
El Gobierno provincial recordó "su buena fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso, incluso mejorando su propuesta en tres oportunidades, sin un correlato similar de parte de sus acreedores".
Se indicó además que “se lamenta que los inversores hayan designado a una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor y no un asesor financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas, y no en litigios".
