Lo ocurrido no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Todo un vetusto y enorme entramado institucional concebido por los padres fundadores para evitar los riesgos de la oclocracia –el temido gobierno del populacho- se derrumbó como un castillo de naipes cuando respondiendo a las incesantes arengas de Donald Trump una turba de trumpistas arrolló a las fuerzas de seguridad y tomó por asalto al Capitolio. El resultado: el Senado tuvo que entrar en receso mientras el vicepresidente Mike Pence era prestamente evacuado por el Servicio Secreto mientras una banda de fascinerosos con ropas de fajina y algunos de ellos armados sentaban sus reales en las salas del Senado y la Cámara de Representantes. El objetivo: impedir que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden en la elección presidencial del 3 de noviembre.
La responsabilidad de Trump en estos incidentes es indiscutible. Una parte de los republicanos aportaron lo suyo. Más de cien estaban dispuestos a proponer la anulación de la victoria de Biden, y deben también ser considerados como instigadores del tumulto. Pero sería un error creer que lo ocurrido es responsabilidad exclusiva de Trump y sus secuaces. Este episodio marca la gravedad de la crisis de legitimidad que hace mucho tiempo está carcomiendo al sistema político norteamericano. El ausentismo electoral es un lastre crónico para un sistema que se autoproclama como una democracia cuando no lo es. Abraham Lincoln la definió como el “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Hoy no sólo intelectuales de izquierda como Noam Chomsky sino hasta académicos del mainstream como Jeffrey Sachs y, antes que él, Sheldon Wolin sostienen en sus intervenciones orales y escritas que el sistema político de Estados Unidos es una plutocracia y no una democracia en la medida en que es el gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos. Esto es lo que explica la quejumbrosa reflexión que hiciera hace unos meses un editorial colectivo del The New York Times al constatar que el 1% más rico acumula más riqueza que el 80% más pobre del país. Es decir, una pseudo-democracia que aplicando las políticas neoliberales decretó las exequias del “sueño americano” y convirtió a ese país en el más desigual del mundo desarrollado.
En los gravísimos sucesos del miércoles, propios de las “anarquías populistas” que Washington ve –y vitupera- por doquier en los países de la periferia hay una indudable corresponsabilidad de los dos partidos.
Los exabruptos de Trump y sus criminales políticas, dentro y fuera de Estados Unidos, se nutrieron durante cuatro años de la falta de voluntad de los demócratas para poner fin a las políticas que beneficiaban al 10% más rico (y sobre todo al 1% de los super-millonarios) del país y para hacer siquiera mínimo esfuerzo para democratizar de verdad al sistema político. No es ocioso recordar ante los violentos incidentes de este miércoles que jamás estuvo en la mente de los padres fundadores crear un sistema democrático: la elección indirecta vía colegios electorales, el carácter optativo del voto, el sufragio en día laborable son las rémoras de un sistema que se constituyó como una república pero no como una democracia.
No es casual que la propia Constitución de Estados Unidos no mencione en un solo lugar la palabra mágica: “democracia”. Y ante una sociedad que ha cambiado tanto como Estados Unidos en los últimos cincuenta años, pasando de ser una sociedad bastante homogénea a una multicultural y desigual, y ante la estolidez de un sistema partidario que no refleja para nada estos cambios la aparición de un demagogo como Trump y su incendiaria retórica podía terminar abriendo las puertas del infierno y soltar a todos los demonios. Eso fue lo que ocurrió ahora. Y esto va para largo y no se solucionará sin reformas sociales, económicas y políticas de fondo, cosa que difícilmente Joe Biden estará dispuesto a impulsar.